Acapulco, ‘La ira de Dios’

Cada vez son más frecuentes y más intensos los eventos asociados con La ira de Dios, a la cual se atribuían los desastres naturales en la América hispana durante los siglos XVIII y XIX. Todavía hoy, en algunas compañías aseguradoras, es el nombre que reciben las pólizas contra fenómenos como el huracán Otis, que en doce horas alcanzó la máxima categoría de fuerza y en media hora devastó Acapulco.

Hoy sabemos que el cambio climático es la causa de varios de los desastres naturales y de salud pública que mantienen en alerta al mundo, y por ello la protección civil se ha convertido en una de las prioridades de política pública más importantes de nuestros días.

Actualmente, gobernar implica también lo siguiente: 1) prevenir los riesgos de desastres; 2) proteger la vida de la población y sus bienes una vez que aquellos se presentan, y 3) reconstruir, poner de pie y volver a la normalidad lo más pronto posible la vida de las comunidades y de la población afectada. Esas tres fases conforman lo que se conoce como resiliencia o capacidad de recuperarse de eventos traumáticos como huracanes, tornados, inundaciones, deslaves, sequías, olas de calor, sismos y erupciones volcánicas, entre otros.

Acapulco es tal vez uno de los puertos mexicanos del Pacífico más golpeados por ciclones, huracanes y tormentas en las últimas ocho décadas. Desde que se tiene seguimiento puntual de ellos, en 1938, con el llamado ciclón número dos hasta Otis, diez huracanes y tormentas lo han azotado, pero ninguno de ellos fue tan destructivo como este último.

Si en 1997 Paulina hizo visible el crecimiento de los asentamientos urbanos irregulares en la bahía (con la lamentable cifra de más de 300 personas muertas), y Manuel, en 2013, evidenció la especulación y depredación urbana del Acapulco Diamante, con la terrible pérdida de 107 vidas humanas (71 de ellas en un solo punto, con el deslave de la comunidad La Pintada, construida en forma irregular en un cerro), Otis detonó la convergencia de todos esos vicios humanos que hacen de un desastre natural una catástrofe evitable: especulación del uso de suelo, depredación criminal de los manglares y vasos reguladores de las salidas de agua, y de manera especial, como causa primera de ese desorden, la corrupción política y económica, verdadero alimento de la “ira de Dios” y del malestar social.

En alguna ocasión, Luis Walton Aburto, presidente municipal de Acapulco por MC de 2012 a 2015, quiso poner orden en la oficina que era el centro neurálgico de la corrupción mancomunada de políticos y constructores: el Catastro municipal. Los dos directores que tuvo en su administración terminaron asesinados. De un año a otro, en esa oficina se formalizaban los cambios fraudulentos de uso de suelo y de “nuevos” propietarios de los terrenos y predios ubicados frente a la costa, hoy devastada, desde Acapulco Diamante hasta Barra Vieja.

A quienes acudían a los tribunales a denunciar el fraude inmobiliario, antes o después de las audiencias, los abordaban presuntos gestores y abogados para decirles: “te arreglas con nosotros o nos arreglamos con tus deudos”. Eran los años del boom inmobiliario de playa, donde todos los caminos conducían a los nombres de la Barbie y el Licenciado H, de apellido Beltrán Leyva.

Es sumamente importante rescatar, reconstruir y regenerar Acapulco con una visión resiliente integral. La prevención tiene que ver con revisar los planes de desarrollo urbano, actualizar las normas de construcción de los desarrollos de playa y desterrar la corrupción inmobiliaria, especialmente en los cambios de uso de suelo y en la depredación de los ecosistemas de la costa (manglares y vasos reguladores y captadores de agua). Esta corrupción es el verdadero ojo de los tres últimos huracanes que han golpeado al puerto.

La protección de la vida de las y los acapulqueños, así como del turismo, tiene que ver con estructurar una auténtica educación y cultura de protección civil en la población ―lo cual incluso podría prevenir saqueos―, así como el involucramiento y organización de la ciudadanía (disponer de un ejército de personas voluntarias y promotores cívicos previamente capacitados) y, por supuesto, la profesionalización de quienes tienen a su cargo la protección civil en los tres órdenes de gobierno, para lo cual deben prevalecer las consideraciones técnicas y científicas sobre los criterios de pago de favores políticos, cuotas partidistas o, peor aún, visiones clientelares electorales.

La reconstrucción, regeneración y garantía de reparación de daños tiene que ver con el manejo eficiente de dos elementos críticos: respuesta rápida ante la desgracia y disponibilidad suficiente de recursos y mecanismos económicos, financieros y fiscales para la reconstrucción. Aquí es legítimo hablar de una economía política de la reconstrucción o una política económica para la resiliencia. Tiene que ver con la disponibilidad de seguros familiares accesibles contra desastres; la creación ad hoc de un fondo público de reconstrucción y hasta de impuestos especiales temporales orientados a financiarla.

A pesar de que Asia tuvo el mayor número de personas damnificadas por desastres naturales el año pasado, los países que la conforman tienen prácticas ejemplares para realizar reconstrucciones postraumáticas en el menor tiempo posible, convirtiendo un desastre natural en una posibilidad de crecimiento y desarrollo.

La visión milenaria asiática de ver en La ira de Dios una oportunidad para reconciliarse y congraciarse con él, mediante el esfuerzo y la creatividad humanas, es aplicada con destreza especial en sus políticas económicas de reconstrucción frente a los desafíos de la naturaleza. Mucho podemos aprender de ella.

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