Coahuila, escenario desconocido

El periodista saltillense Roberto Orozco Melo contaba una anécdota de las épocas en que ser candidato del PRI a un cargo de elección popular prácticamente garantizaba que se iba a ocupar el puesto. Era el año 1963 y Braulio Fernández Aguirre era el candidato del PRI a gobernador de Coahuila. En una gira por Sabinas, en el norte del estado, se le acercó un vendedor de billetes de lotería y le ofreció una serie de boletos. “No, amigo, muchas gracias, pero yo tengo muy mala suerte”, le respondió Fernández Aguirre. El vendedor no dejó al candidato soltarse tan fácil y le espetó: “¿Mala suerte, señor, con ese chambón que se acaba de agarrar?”.

Sesenta años después, ya no hay candidatura que garantice el triunfo, pero la gubernatura de Coahuila todavía se persigue como si fuera el Premio Mayor.

Coahuila es uno de sólo dos estados en el país que en los últimos 90 años nunca han sido gobernador por un partido que no sea el PRI o sus antecesores. El Estado de México es el otro y ambos renovarán a sus gobernadores el 4 de junio. En Coahuila será una elección inédita. Por primera vez los dos partidos que durante décadas disputaron la gubernatura, el PRI y el PAN, irán aliados en una candidatura, porque por primera vez un partido de izquierda está en posición de ganar el estado.

La carrera para suceder al gobernador Miguel Ángel Riquelme ya tiene a sus candidatos perfilados: Manolo Jiménez Salinas por el bloque PRI-PAN-PRD; Armando Guadiana, por Morena; Ricardo Mejía Berdeja, por el PT, y Lenin Pérez Rivera por una alianza del partido local Unión Democrática Coahuilense (UDC) y el Partido Verde.

Riquelme ganó en 2017 la elección más cerrada que ha tenido el PRI para la gubernatura de Coahuila, cuando ganó por 30 mil votos al PAN. Llegó a la gubernatura en diciembre de ese año con el reto de mantener la tarea de pacificación y reducción de violencia y un margen de maniobra financiero reducido por la “megadeuda” heredada desde el gobierno de Humberto Moreira, a cuyo pago el estado debe destinar miles de millones de pesos al año.

Como gobernador priista, solo tuvo un año de administración paralela a la de su correligionario Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Entrando a su segundo año de gobierno, llegó el gobierno de López Obrador.

La relación no ha estado libre de tensiones, al contrario, está marcada por ellas. Por ejemplo, en 2019 la decisión de mantener en México a migrantes que pedían asilo en Estados Unidos significó un flujo de miles de personas a las ciudades fronterizas de Piedras Negras y Acuña, demandando servicios sociales que el estado apenas podía proveer sin apoyo del gobierno federal.

Otro frente abierto fue el de la minería de carbón, cuando la Comisión Federal de Electricidad cambió el esquema de compras del mineral para su planta termoeléctrica en el norte del estado, y privilegiar a pequeños proveedores que anteriormente usaban al gobierno estatal como intermediario. CFE empezó a comprar más carbón a minas más chicas, los llamados “pocitos” que tienen nulas medidas de seguridad y donde las inspecciones de la Secretaría del Trabajo son, en el mejor de los casos, esporádicas.

La consecuencia es que en lo que va del actual gobierno han muerto en accidentes el doble de mineros (23) que en todo el sexenio de Peña Nieto (12). El más sonado ocurrió en agosto de 2022 en la mina El Pinabete de Sabinas, donde 10 hombres murieron atrapados en una inundación.

En 2020, al inicio de la pandemia de Covid-19, Riquelme fue uno de los impulsores de la llamada “Alianza Federalista”, un grupo de gobernadores del PRI, PAN y PRD que exigieron al gobierno federal más recursos para enfrentar la crisis sanitaria y la renovación del pacto fiscal para redistribuir el presupuesto federal, de acuerdo con las aportaciones de cada estado a la economía del país. Llegó a tener 10 miembros, pero se debilitó luego de elecciones en varios estados donde los gobernadores ya son morenistas o no se quieren pelear con la Federación.

Bajo este escenario, Riquelme comenzó a preparar su sucesión desde al menos 2020, perfilando al entonces alcalde de Saltillo, Jiménez Salinas, como candidato del PRI. Al terminar su gestión en la capital del estado, Jiménez fue designado secretario de Desarrollo Social, con el control de programas gubernamentales en un amplio espectro de políticas públicas, como combate a la pobreza, salud y empleo, y la posibilidad de darse a conocer por todo el estado.

Al mismo tiempo, fue perfilando una alianza del PRI con el PAN y el PRD, en el entendido de que en pasadas elecciones la división del voto entre estos partidos había facilitado el avance de Morena, que arrasó senadurías y diputaciones en la elección federal de 2018.

El perfil de Jiménez Salinas se ajustaba a esta estrategia. De 38 años y una carrera como político y empresario, tiene vasos comunicantes con los partidos que sostienen su alianza. Su abuelo Luis Horacio Salinas fue alcalde priista de Saltillo y su tío Miguel Arizpe Jiménez lo fue por el PAN.

Jiménez Salinas fue uno de los primeros en Saltillo que hace seis años apoyó la candidatura de Riquelme, quien como alcalde de Torreón desde 2014 no formaba parte de grupos políticos surgidos de la capital. Fue electo alcalde en 2017, al mismo tiempo que Riquelme ganó la gubernatura, y ahora es visto como el garante de continuidad en las políticas del actual gobierno, en temas como seguridad y desarrollo económico.

Pero se enfila a un escenario desconocido, en el que por primera vez el rival del PRI no es el PAN sino Morena, que controla el gobierno federal y poco a poco se ha hecho de la mayoría de las gubernaturas del país.

Al revisar el cuarteto de candidatos, lo primero que se nota es que Morena ha perdido a sus aliados tradicionales, el PT y el Verde, y en el caso local a la UDC, que ha hecho alianza con Morena desde 2021.

El rompimiento más sonado fue el de Mejía Berdeja, quien fue subsecretario de Seguridad del gobierno federal desde 2018, y el único de los aspirantes a la candidatura que tenía contacto frecuente con el presidente Andrés Manuel López Obrador y que había recibido elogios de éste.

Morena decidió designar a su candidato mediante una serie de encuestas que arrojaron a Guadiana como el más conocido y el de mejor intención de voto.

Guadiana, un empresario de la minería, saltó a la escena pública en 2009 cuando denunció al gobierno de Humberto Moreira por defraudar a productores de carbón. Fue candidato de Morena la gubernatura en 2017 y tras perder esa elección fue postulado al Senado en 2018, escaño que ganó. El hecho de tener en su haber dos campañas estatales recientes fue el factor que ayudó en su alto nivel de conocimiento. En segundo lugar se colocó Luis Fernando Salazar, quien en una trayectoria dentro del PAN había sido delegado de la Secretaría de Desarrollo Social, senador y diputado federal, pero que en 2018 se pasó a Morena.

Mejía, quien se ubicó en tercer lugar, denunció las encuestas y acusó que se había vendido la candidatura. Renunció a su cargo y consiguió que el PRT se separara de Morena en Coahuila para postularlo. Salazar, por su parte, reconoció a Guadiana y fue nombrado su coordinador de la precampaña, pero tres días antes de que terminara el proceso interno, renunció. Entre sus razones, aludió a diferencias con el candidato pero también con expriistas que habían sido cercanos a Riquelme, como el diputado federal Shamir Fernández y el exalcalde de Torreón, Jorge Luis Morán, que se sumaron a la campaña de Guadiana, quien a su vez acusó a su excoordinador de que “nunca coordinó nada”.

El rompimiento de Mejía y las tensiones internas dentro del equipo de Guadiana hicieron mella en la fortaleza de Morena rumbo a las elecciones, pero hubo un rompimiento adicional, el de la UDC y el Verde. La UDC es un partido local fundado por su hoy candidato Pérez Rivera, cuya fuerza ha estado concentrada principalmente en el norte del estado, donde han ganado varias alcaldías. Hasta 2018 habían hecho alianza con el PAN, pero en 2021 se coaligaron con Morena.

Sin embargo, la unión no duró mucho y para este año Pérez Rivera acusaba que Morena no había cumplido compromisos pactados, de modo que intentó primero una alianza con Movimiento Ciudadano, que no prosperó y luego se alió con el Partido Verde, que en Coahuila siempre había jugado más como satélite del PRI. MC, por su parte, no postulará candidato.

Las fracturas no parecen calar en el ánimo del presidente, ni siquiera la salida de un colaborador tan cercano como lo fue Mejía Berdeja. De hecho, apuntan algunos operadores de Morena, esa renuncia le sirve al presidente para mandar un mensaje rumbo a la elección de 2024. Según estos morenistas, el presidente puede decir a las “corcholatas” perdedoras en la encuesta de selección que, no importa lo mucho que los estime el presidente, la encuesta manda y si a alguien no le gusta ahí está la puerta.

Coahuila ha sido un estado golpeado desde hace años. La guerra contra el narco dejó miles de muertos hace una década y con vastas zonas del estado bajo el control del crimen organizado. Ahora es de los estados más seguros del país y los grupos criminales han sido debilitados, en una voltereta notable que se puede explicar a partir de un solo dato de Torreón, la ciudad más golpeada por la delincuencia: en 2012, la zona metropolitana tenía una tasa de 88 homicidios por cada 100 mil habitantes; en 2022 fue de 4.

Pero la violencia acecha desde los vecinos estados de Tamaulipas y Zacatecas y contenerla será el reto del próximo gobernador. El estado sigue pagando la deuda de casi 40 mil millones de pesos asumida por el gobierno de Humberto Moreira entre 2006 y 2011. Más de la mitad de ese dinero nunca se comprobó y se sospecha que se usó para financiar campañas políticas del PRI en 2009 y 2010. El próximo gobernador deberá asumir el pago de esa deuda, al que se destinan más de 5 mil millones de pesos cada año, el 10% del presupuesto estatal.

Y el escándalo en torno a algunos protagonistas de ese endeudamiento, como el exgobernador Humberto Moreira y quien fuera su tesorero, Javier Villarreal, protagonizó recientemente un capítulo del juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, cuando Villarreal declaró que dinero del erario coahuilense fue para apoyar al expolicía hoy convicto.

Son apenas algunos de los retos que le esperan al siguiente gobierno, que será electo el próximo 4 de junio y entrará en funciones en diciembre.

En cuanto a los aspirantes, sólo uno correrá con la buena suerte de Braulio Fernández Aguirre y los demás con la mala suerte de la serie de los billetes de lotería que tuvo que comprar en Sabinas en medio de las carcajadas que le provocó el reclamo del vendedor. Porque según relató Orozco Melo, “no cierra ni para reintegro”.