Las tiendas de raya de Morena

Esta semana se discutirá en la Cámara de Diputados un dictamen que busca aprobar la “cobranza delegada”, es decir, una figura que permitirá que el empleador descuente del salario de los trabajadores las deudas que éstos tengan con Sociedad Financieras de Objeto Múltiple (Sofom).

Las Sofom son un abuso. La falta de competencia y de regulación adecuada las ha convertido en instituciones opacas con ganancias extranormales. Llegan a cobrar interés del 92% por un crédito de nómina de 20.000 pesos y de 109% por uno personal. Esto es mucho más que los bancos donde las tasas máximas son de 45% y 76%, respectivamente.

De ser aprobado, cual tienda de raya porfirista, el patrón podrá disponer del dinero del trabajador para darle prioridad a las Sofom, sin que el trabajador pueda hacer nada. En caso de emergencias de salud o familiares, el trabajador no podrá usar su dinero sin antes, primero, haber pagado su mensualidad a las instituciones de crédito.

Hay varias excusas para aprobar el dictamen de cobranza delegada a las Sofom, todas insostenibles en los datos.

La primera es que solo mediante estas tiendas de raya modernas los trabajadores podrán acceder al crédito. Se argumenta que prestar es muy riesgoso en México y que, por lo tanto, solo mediante la cobranza delegada, las instituciones de crédito estarán en capacidad de prestar sin quebrar.

Esto es falso. La banca tiene un amplio margen para reducir sus ganancias y extender su tolerancia al riesgo sin quebrar. Controlando por activos y capital, los banqueros hacen mejor negocio en México que en el 82% de los países del mundo, e incluso controlando por riesgo, la banca mexicana tiene márgenes superiores a la de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia.

Si las instituciones de crédito no prestan, no es porque no puedan, sino porque no necesitan hacerlo. El mercado de crédito al consumo mexicano tiene muy poca competencia y por tanto, asegura ganancias extranormales sin que las instituciones financieras tengan que esforzarse por atraer nuevos clientes.

Existe una disparidad de poder en favor de las instituciones de crédito y en detrimento del acreedor. La aprobación del dictamen no cambiaría esto, solo ensancharía la disparidad aún más pues permitirá que las instituciones de crédito ganen certeza sobre sus ingresos, a costa de que el trabajador pierda el derecho a usar los que él se gana.

La segunda excusa para aprobar el dictamen es que algunas instituciones bancarias ya tienen sistemas de cobranza delegada operando, pero lo hacen sin regulación. Se argumenta que el dictamen solo las regularizaría.

Este argumento no se sostiene. Si las Sofom ya están descontando las deudas de los trabajadores de su salario, lo que necesitamos no es regularlas, sino llamarlas a cuentas porque eso es ilegal. Los descuentos a la nómina contradicen el artículo 123 de la Constitución mexicana y la Ley Federal del Trabajo. Más aún, de acuerdo artículo 17 del Código Civil Federal los acuerdos para la cobranza delgada podrían estar viciados de inicio al aprovecharse de un estado de desventaja por parte del trabajador.

La única explicación que yo encuentro a que un dictamen de esta naturaleza vaya a ser discutido y posiblemente aprobado es la captura del Congreso por parte de intereses privados. Uno de los senadores que presentó la iniciativa, Pedro Haces, es un famoso líder sindical. Cercanos de líderes sindicales auspician Sofom y lucran con los créditos. Además, según me han contado en confidencialidad fuentes expertas, al parecer algunos sindicatos han hecho negocios a partir de esquemas de cobranza delegada informales. El esquema es sencillo: el patrón cobra las deudas a los trabajadores y las deposita a los sindicatos quienes a su vez las deberían depositar a la Sofom. Los sindicatos tardan en hacerlo y con ello adquieren ganancias financieras.

Gobiernos estatales y cabilderos bancarios también podrían estar impulsando el dictamen por intereses propios. Activistas veracruzanos han acusado al Instituto de Pensiones de Veracruz de quedarse con el 5% de los pagos a Sofom hechos por los trabajadores. Por su parte, el diputado presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que está revisando el dictamen, Luis Armando Melgar Bravo, fue presidente de la banca de gobierno de Banco Azteca hasta el año pasado y todavía reporta ser asesor de planeación estratégica de Grupo Salinas. Su cercanía con la banca privada crea desconfianza sobre su neutralidad.

La captura del Congreso por parte de cabilderos de la banca es aún más factible debido a la ignorancia que tienen muchos diputados del tema. La mayoría de los diputados no tienen experiencia en instituciones de crédito.

Sea cual sea la razón por la que este dictamen ha avanzado tanto, no debe aprobarse. El dictamen llevaría a que maestros, trabajadores al servicio de la salud y muchos otros sufrieran abusos. De hecho, actualmente activistas ya reportan ciertas irregularidades en las Sofom que operan de la mano con empleadores como reestructuras no solicitadas, aumentos de las líneas de crédito, negativas a entregar las cartas finiquito e incluso la negativa a presentar información y aclaración que los acreditados soliciten.

Para que los trabajadores accedan al crédito se necesita una regulación que permita la competencia en el sector, amplíe la oferta de servicios y demande que los bancos compartan información con las Sofom de forma que éstas puedan mejorar su escaneo de clientes. Es decir, no se necesita una ley para que cobren mejor, sino un entramado legal para que cobren menos.

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