Kään. El estado plurinacional y unos granos de sal

En la columna anterior planteé algunas diferencias sobre el modelo de la nación pluricultural y el estado plurinacional. Este último se ha convertido en un horizonte al que aspiran llegar una gran parte de los movimientos indígenas de este continente como ya ha sucedido en Bolivia. Sin embargo, más allá del apabullante entusiasmo que hay por este modelo de estado, hay voces, sobre todo de mujeres de pueblos indígenas que ven con precaución y con muchas dudas el camino del reconocimiento estatal y legal desde el Estado.

Pareciera que la participación de los pueblos indígenas dentro de la dinámica del Estado podría ser un camino justo para hacer justicia a los siglos de opresión que han sufrido. Si históricamente estos pueblos han sido excluidos de la construcción del poder estatal, participar de él se pinta ahora como el camino de la reivindicación. El aparato estatal cumple muchas funciones y me pregunto qué funciones estaría dispuesto a co-administrar con los pueblos indígenas y los peligros que esa hipotética co-administración entraña. Pareciera una necedad expresar dudas sobre el modelo del estado plurinacional. Sin embargo, la historia del reconocimiento estatal nos ha mostrado fenómenos interesantes, por decir lo menos.

En el estado de Oaxaca, al sur de México, una gran parte de las comunidades indígenas fueron reconocidas legalmente como municipios a fines del siglo XIX. Con la nueva Constitución post-revolucionaria, este reconocimiento se hizo más evidente lo cual generó un gran número de municipios, 570 en la actualidad, además de generar dinámicas particularmente extrañas. Dado que la mayor parte de estos municipios oaxaqueños eran reconocidos desde el Estado como uno de los tres niveles de gobierno del poder ejecutivo, era de suponerse que se ajustaran a las leyes que regulaban las unidades municipales. Sin embargo, en los hechos, esto no sucedía así. Estos municipios de pueblos indígenas, en una gran parte seguían funcionando con un sistema sociopolítico asambleario que ponía en jaque cualquier “Ley orgánica municipal”. Antes que municipios, estas unidades se comportaban como lo que habían sido históricamente: estructuras comunales.

Según el marco legal, las elecciones municipales debían llevarse a cabo por medio como en el resto de los municipios del país, mediante urnas y con previas campañas de los candidatos que postularan los partidos políticos. Pero la mayoría de los municipios pertenecientes a pueblos indígenas no hacían esto. Tenían un sistema de cargos asignados cada cierto periodo en una asamblea sin campañas de partidos políticos, en los que cada función dentro del gobierno local se ejercía sin salario alguno. La participación en estos sistemas de gobierno se veía como un servicio gratuito que la población debía cumplir y que se trataba de evitar porque implicaba un gran desgaste de diversos tipos. A estos sistemas de elección y gobierno comúnmente y con desdén se les llamaba “usos y costumbres”. Este comportamiento alegal de estos municipios era tolerado por el Estado pero para hacerlo había que, en muchos casos, fingir que funcionaban como el resto de los municipios; por esta razón una buena cantidad reportaba “oficialmente” que las elecciones se habían llevado a cabo como en el resto de los municipios del país y que había ganado el candidato del PRI para los registros oficiales.

En la realidad, las elecciones de los gobiernos municipales se habían hecho del modo en el que siempre se habían hecho por medio de la asamblea y sin partidos políticos. Si la ley pedía que para establecer el cabildo municipal había que realizar una serie de formalidades que después se debían reportar en un acta para el reconocimiento estatal, las comunidades seguían haciendo ceremonias de cambio de autoridades del modo que se había hecho históricamente mediante la entrega de bastones de mando aunque en la documentación se reportara otra cosa. Esta estrategia de desacato mientras se finge acatar, ha sido una estrategia histórica de los pueblos indígenas para mantener sus estructuras comunales.

Sin embargo, en los años 90 del siglo XX, diversos movimientos y voluntades políticas comenzaron a apuntar la necesidad de que estos municipios que en realidad funcionaban bastante distinto a lo que la ley establecía deberían ser reconocidos legalmente. Este anhelo de reconocimiento estatal, este deseo de que los ojos del Estado dirijan una mirada de aprobación a nuestras estructuras políticas llevó a la creación de leyes estatales en Oaxaca que reconocieron por fin que la mayor parte de los municipios de la entidad federativa tenían sus propios modos de elección, gobierno y vida sociopolítica. A estos modos los llamaron no “usos y costumbres” sino Sistemas Normativos Internos. En la actualidad 417 de los 570 municipios tienen sus propios sistemas normativos.

El reconocimiento que pareciera un acto de justicia con el paso del tiempo se convirtió en un elemento más para controlar la vida interna de los pueblos. En el Instituto Estatal Electoral y de Participación Política del Estado de Oaxaca (IEEPCO) se creó una oficina especializada para atender a los Sistemas Normativos Internos y ahora es necesario que este órgano apruebe que las asambleas de elección se han llevado a cabo de una manera adecuada, este requerimiento de aprobación ha creado dinámicas complejas que en muchos casos han debilitado la autonomía de las comunidades que antes se mantenían parapetados tras la alegalidad sin necesidad de reconocimiento. Se realizó también un catálogo para describir el sistema normativo de cada municipio sin tomar en cuenta que una de las características más importantes de nuestros sistemas es que cambian constantemente.

Este reconocimiento ha tenido como consecuencias un mayor control del Estado sobre la vida interna de las comunidades, el reconocimiento se ha convertido en un peligroso Caballo de Troya. Mediante este proceso, no es que el Estado se haya comunalizado, más bien las comunidades se estatizan si es que podemos llamar así al proceso mediante el cual sus sistemas sociopolíticos se encuentran cada vez más sujetos al control del Estado.

Dada esta experiencia, me parece que el modelo del estado plurinacional puede convertirse en una estrategia que, mediante el deseo de reconocimiento, mine las autonomías y éstas se sujeten al modelo estatal. Las dinámicas sociopolíticas de los pueblos indígenas comenzará a traducirse y a ceñirse al marco del derecho positivo y como sabemos, lo que el estado legisla, lo controla.

Me pregunto si nuestro anhelo como movimiento desde los pueblos indígenas solo debe ser el reconocimiento estatal, la necesidad de que el ojo del Estado nos voltee a ver y nos deje participar de las estructuras estatales que tanto daño nos han hecho antes. Todo esto sin considerar que para construir un estado plurinacional en México habría que romper una serie de estructuras racistas que son muy duras de penetrar, como la traición a los Acuerdos de San Andrés por parte de izquierda y derecha han demostrado.

¿Cuáles son los peligros que entraña la construcción de un estado plurinacional?

Hablemos más de ello mientras pensamos y retomamos otros horizontes de lucha que han existido incluso antes de la formación de los estados-nación modernos.

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