Zugzwang o la paz de los sepulcros

En materia de seguridad pública en México estamos llegando a la peor pesadilla, algo que los ajedrecistas conocen como Zugzwang: aquella situación en la que todo posible movimiento solo empeora la condición en la que nos encontramos. Las comunidades de la sierra y la selva tienen todo el derecho de defenderse como puedan de los cárteles del crimen organizado que les quitan sus tierras, se llevan a sus hijos para ser reclutados como sicarios o a sus hijas para ser violadas. Primero la vida, antes que el respeto a un orden legal o una justicia incapaz de protegerlos. Frente a la disyuntiva de abandonar sus pueblos, cosa que varios miles están haciendo, otros han decidido defenderse con las armas en la mano.

Pero también tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando afirma que el recurso de organizarse en grupos de autodefensa ha fracasado una y otra vez. Sea porque terminan infiltrados o prostituidos por los propios cárteles o derivan en conflictos violentos entre las propias comunidades y sus litigios ancestrales. Por no hablar de los muchos atropellos que supone un grupo armado erigido en juez improvisado al interior de una comunidad. Las experiencias de hace una década de los grupos formados en Michoacán, tanto en municipios de la sierra como en las barrancas de Tierra Caliente, terminaron todas ellas en lucha fratricidas entre sus líderes, en cacicazgos violentos o convertidos en brazos armados de un cártel, rival del que los atosigaba originalmente.

Hace unos días se dio a conocer una nueva organización autodenominada El Machete, un grupo de alrededor de cien personas del municipio de Pantelhó, Chiapas, comunidad predominantemente indígena. Aunque armados precariamente, el portavoz aseguró que intentarán detener las incursiones de los cárteles del narcotráfico que se disputan el control de la zona montañosa de Chiapas. Afirmaron que cerca de 200 habitantes han caído víctimas del fuego de las dos organizaciones que buscan el dominio de la región, y que más de 2 mil personas han huido para escapar de la violencia. Se quejan de que ni las fuerzas federales y mucho menos las estatales han respondido para ofrecerles alguna esperanza de seguridad.

Lo dicho, Zugzwang: escapar significa perder su patrimonio y aventurarse en los infortunios del migrante; quedarse supone enmendarse al azar de la violencia arbitraria de las bandas que los asolan; y autodefenderse no solo arrostra el riesgo de enfrentarse a un enemigo más poderoso, sino también encomendar su suerte y entregarse en brazos de sus propios líderes armados.

Este miércoles, como todas las semanas en la conferencia matutina del presidente, las autoridades militares y de seguridad pública hicieron un reporte de la violencia y la actividad criminal en el país. Según sus cifras la mayor parte de los indicadores están disminuyendo, pero incluso en tal estadística oficial la merma es tan pequeña que se vuelve irrelevante para tantas comunidades en situación desesperada.

Cada vez es más evidente que el gobierno de la 4T ha apostado a una estrategia en dos frentes, pero ambos apuntan a un largo plazo que no responde a las necesidades de regiones que ya están bajo el fuego de los cárteles. Por un lado, las autoridades intentan atender lo que llaman “las causas” con un vasto programa social para mejorar los ingresos de los sectores populares, particularmente en el campo, y ofrecer alternativas de empleo a los jóvenes. Hasta ahora no se advierten resultados sustanciales, quizá porque la pandemia y la crisis económica consecuente se tragó el impacto de tales beneficios y arrojó a la pobreza a varios millones más de mexicanos. Y por lo demás, la alternativa de ganar tres mil o cinco mil pesos o asegurar un precio justo a la cosecha de maíz, no compite contra la remuneración de 30 o 40 mil pesos que un joven puede obtener como sicario o el precio de una cosecha de enervantes, diez veces superior a un cultivo tradicional.

La otra pinza de la estrategia tampoco es que esté ayudando mucho. El gobierno adoptó una ambiciosa estrategia de reocupación del territorio mediante la organización de una Guardia Nacional con cerca de 100 mil efectivos y su dispersión en 248 cuarteles para tener una presencia constante a lo largo de la geografía (hasta ahora se han construido 182 de estos cuarteles). Pero por alguna razón se ha optado por una dispersión pasiva. La Guardia Nacional y el ejército no están interviniendo directamente en la recuperación de los territorios. Lo cual podría significar que están apenas en una primera etapa, como si esperaran tener la suficiente fuerza para dar la confrontación decisiva, o incurrieron en un cálculo equivocado, pensando que la mera presencia de la fuerza federal en un municipio provocaría el repliegue de las bandas criminales. Algo que obviamente no ha sucedido.

Lo cierto es que para efectos prácticos muchas comunidades no pueden esperar. Una de las justificaciones de la existencia del Estado es el de constituirse en garante de la seguridad de los ciudadanos al interior del territorio. Desde el momento en que un Estado nacional renuncia, implícitamente, a hacerse responsable de detener la violencia en una región, no está en condiciones de exigir que sus habitantes no se defiendan.

Pero, por otro lado, tampoco podemos conformarnos con un escenario distópico en el que la única solución consista en agruparnos para defendernos por nuestra cuenta y, eventualmente, ejercer la justicia por propia mano.

No es menor el esfuerzo que el Estado mexicano está haciendo para mejorar las condiciones de la población en la que el narco recluta su ejército de sicarios; y tampoco puede minimizarse, por más que resulte polémico, la inversión en recursos y atención para aumentar su capacidad de fuego y su organización frente a los criminales. Pero evidentemente eso no alcanza para comunidades que se encuentran en llamas. Algo tendría que hacerse antes de que la estrategia de autodefensa sea la única alternativa viable y el territorio se pueble de organizaciones paramilitares, por más que remiten a causas legítimas y entendibles. Se requiere un esquema inmediato y de corto plazo en las zonas violentas. No basta con señalar que se está trabajando en las causas y los resultados y que a la larga se conseguirá la paz, porque esa será la paz de los sepulcros. Otra vez, los comuneros bien podrían decir con Keynes: “al largo plazo todos estaremos muertos”.

@jorgezepedap