Cooperación internacional frente al tráfico de armas de fuego

A la aguda crisis económica y humana que ha provocado la pandemia de covid-19 en fechas recientes lamentablemente se suman un conjunto de problemas igualmente preocupantes, como es el de la dinámica ascendente del mercado ilícito de armas de fuego.

De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas, en los últimos cinco años se han asegurado en América Central cerca de 16.000 armas de fuego, mientras que, en el resto de América Latina, el 42% de los homicidios son perpetrados con un arma de fuego, que provocan más de 150.000 fallecidos cada año. Estas alarmantes cifras exponen con claridad la manera en que el tráfico ilícito de armas ha contribuido a la generación de violencia, al incremento del poder de las organizaciones criminales, y, como consecuencia final, a la afectación de la cohesión social y de las oportunidades de desarrollo de las sociedades del continente americano.

En el caso particular de México, hay información aún más reveladora sobre lo devastador de este fenómeno. De acuerdo con la última encuesta del INEGI-ENVIPE, el 72% de los homicidios en México se cometen con un arma de fuego y 6,1 millones de delitos ocurren con armas de fuego. Sumado a estos datos, un efecto profundo y doloroso de la violencia armada es que a partir de 2005 se ha reducido la esperanza de vida en el país entre 0,5 y dos años, dependiendo de la ubicación geográfica en el país.

En este contexto, y reconociendo que se trata de un problema transnacional que requiere de la cooperación y de la responsabilidad compartida entre los Estados, en estricto respeto a su soberanía, México ha hecho del combate a la fabricación y al tráfico Ilícitos de armas de fuego una prioridad de su política exterior con el objetivo primordial de poner fin a la pérdida de vidas humanas y la degradación de las condiciones de paz y bienestar en el hemisferio.

Precisamente, es fundamental recordar que fue en el seno de la Organización de los Estados Americanos en donde se gestó y promovió la adopción de la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA) como el primer instrumento internacional enfocado en atender el tema del tráfico ilícito.

México ha presidido tres de las cuatro Conferencias de los Estados Parte de la CIFTA además de ejercer actualmente la Secretaría pro témpore del Comité Consultivo de la Convención. Justamente, y por iniciativa de nuestro país, la Cuarta Conferencia de Estados Parte que se celebró en 2018 resolvió conmemorar cada 5 de abril el Día Interamericano para Contrarrestar la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego.

A pesar de las difíciles circunstancias por las que atraviesan todos nuestros países y el mundo en general debido a la pandemia de covid-19, la conmemoración que realizamos el día de hoy es un momento oportuno para que todos los Estados de la región refrendemos nuestro compromiso con la implementación de la CIFTA mediante la cooperación internacional, la asistencia legal mutua y el principio de responsabilidad compartida. Solamente trabajando juntos podremos hacer frente como región a los desafíos que plantea el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y componentes y poner fin a la pérdida de vidas humanas y la degradación de las condiciones de paz y bienestar de nuestra región.

Diego Flores Jiménez es internacionalista y maestro en Gobierno y Políticas Públicas. Director para asuntos de seguridad nacional en la Jefatura de Oficina del C. Canciller.

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