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Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

¿Un respiro migrante con Biden?

La legalización de 11 millones de indocumentados es una deuda pendiente desde la Administración Obama

Eunice Rendón
Una familia de origen hondureño descansa durante su viaje hacia EE UU, en un albergue de Veracruz.
Una familia de origen hondureño descansa durante su viaje hacia EE UU, en un albergue de Veracruz.FABIO CUTTICA

Por fin se fue Trump, el xenófobo y racista. Personaje que puso en jaque los principios y las instituciones de su país y que dañó particularmente a nuestra comunidad migrante, a todos. Indocumentados, con visas, niños, mujeres y miles de solicitantes de asilo fueron afectados estos años. La llegada de Biden, aunque aún no sabemos si cumplirá o no con sus promesas, es una buena nueva.

Desde el primer día de su Gobierno, el presidente número 46 de los Estados Unidos envió al Congreso la iniciativa Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021, que establece un procedimiento para legalizar a los indocumentados, promueve la reunificación de niños migrantes con sus familias, prohíbe la discriminación por motivos religiosos en el otorgamiento de visas, prevé medidas de protección para los niños migrantes no acompañados e impulsa el uso de tecnología en los controles migratorios y aduaneros. Además, destina 4.000 millones de dólares para implementar un programa que atiende las causas de la migración en Centroamérica, reconociendo que la corrupción, la violencia y la pobreza son factores que expulsan a las personas de sus países de origen. Esta iniciativa requiere al menos 60 de 100 votos para ser aprobada en el Congreso. Será un tema complejo con los republicanos, pero se puede lograr.

La prioridad es aprobar dicha ley en la primera etapa de su Gobierno, para dar paso a la legalización de cerca de 11 millones de migrantes indocumentados, muchos de ellos mexicanos y con los que existe una deuda pendiente desde el periodo de Obama, quien prometió la reforma y no lo logró por dejarlo al final de su mandato, cuando ya no gozaba del mismo apoyo y mayoría en las cámaras. Es una deuda pendiente también con una población que lleva en promedio 15 años en ese país y que en el caso de los latinos, y según datos del Pew Research Center aporta cerca del 12% del PIB. También lo es con muchos de los que han sido trabajadores esenciales durante la pandemia, y sus derechos y acceso al sistema de salud no han sido igual de esenciales derivado de su estatus migratorio.

Avanzar en el camino a la ciudadanía de los soñadores también es prioridad y conviene al vecino país del norte. Son cerca de 900.000 jóvenes, que llegaron durante la infancia a Estados Unidos y que habían alcanzado un estatus migratorio especial (DACA) en la época de Obama. El 70% de ellos cuenta con estudios superiores, 95% es bilingües, 90% tiene un empleo formal y paga 1.700 millones de dólares al año en impuestos. Además, 29.000 son trabajadores de la salud y un tercio realizaron labores esenciales durante la pandemia. Trump amagó con deportarlos estos años, pero gracias al contrapeso de las cortes federales y del Tribunal Supremo no lo logró.

Los migrantes más afectados por Trump fueron los miles de centroamericanos que quedaron varados en la frontera norte mexicana, esperando sus procesos de asilo en EE UU y la covid agravó la situación. Solo cerca del 5% de las solicitudes fueron resueltas favorablemente. Los asesores de Biden mencionan que tardarán cerca de seis meses para terminar con la política de “Permanece en México”, cruel y violatoria a los derechos fundamentales y principios internacionales y estadounidenses sobre el refugio.

No debemos perder de vista que las deportaciones realizadas durante los primeros tres años de Trump fueron menos de la mitad de las que llevó a cabo el Gobierno de Obama en el mismo lapso de tiempo, período en el que Biden fungió como vicepresidente, lo que marca un precedente. También debemos tener en el radar que las decisiones vía acción ejecutiva impulsadas para revertir las medidas más injustas de Trump pueden ser revocadas o suspendidas por el poder judicial. Ocurrió recientemente con un juez federal que, derivado de la impugnación promovida por el fiscal de Texas, bloqueó temporalmente la amnistía de 100 días a las deportaciones que decretó Biden. Las restricciones seguirán dándose en la frontera con los nuevos migrantes. Regular y atender a los que ya están en Estados Unidos es la prioridad. No debemos olvidar que el viaje más esencial que se puede hacer es para salvar la vida, como muchos de los que buscan el asilo hacen, el 15% niños. La política migratoria también debe considerarlos como prioritarios.

Eunice Rendón es doctora por Sciences-Po París y experta en migración y seguridad.

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