La OEA reprocha la práctica de los candidatos de darse por ganadores antes del recuento electoral

El informe preliminar de los observadores internacionales de la OEA para el proceso electoral mexicano ha mostrado su “seria preocupación” por esa casi tradición de los candidatos y líderes políticos de “declararse ganadores apenas minutos después del cierre de las urnas”. “Estas acciones minan la certeza del proceso electoral y provocan incertidumbre y confusión en la ciudadanía”, critica el documento, de 45 páginas. El pasado domingo, varios de ellos no solo comparecieron ante los medios de comunicación para declararse vencedores de los comicios mucho antes de que el conteo rápido hubiera ofrecido los datos, sino que acusaron a otros partidos de estar mintiendo.

A pesar de ello, los 98 observadores de la misión de la OEA, comandados por el excanciller chileno Heraldo Muñoz, que se desempeñaron en 808 casillas de todo el país y el extranjero, han destacado “la madurez y el compromiso con los principios democráticos” de los candidatos que, finalmente, aceptaron los resultados una vez comunicados por el Instituto Nacional Electoral (INE). La misión se congratula, además, del “profesionalismo y la solidez técnica del INE” y del “robusto sistema de justicia” del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJE), “que posibilitaron un desarrollo exitoso de las elecciones”. Pero dan cuenta de las quejas que han interpuesto los mexicanos y diversas organizaciones, que tienen que ver con los recortes presupuestarios del INE, por lo que recomiendan “fortalecer la autonomía” de este organismo otorgándole un “presupuesto suficiente”.

El documento asegura que “el sistema electoral mexicano no requiere de reformas profundas para continuar garantizando el ejercicio pleno del sufragio y elecciones íntegras”. De llevarse a cabo, dicen, el objetivo deber ser “el fortalecimiento de los órganos electorales, tanto en su autonomía como en su especialización y nunca coartar su independencia”. Esta sugerencia viene precedida de unos párrafos en donde los observadores mencionan “los intentos de reformar diversas leyes vinculadas con el tema electoral, lo que se ha denominado Plan B”. Y constatan que la Suprema Corte tumbó estas reformas que pretendía el presidente López Obrador por “violaciones graves al debido proceso legislativo”, dado el modo en que fueron tramitadas en las Cámaras legislativas.

Asimismo, se detienen en las vacantes que aún existen para completar la Sala Superior del Tribunal Electoral, que debe estar compuesta por siete miembros y en la actualidad solo tiene cinco. La ley explicita que para declarar la validez de la elección presidencial se requieren al menos los votos de seis miembros, algo imposible de cumplir por ahora, aunque hay medidas excepcionales a las que recurrir para solventarlo. “Es importante que los tribunales electorales operen con la totalidad de los integrantes”, ello con “el fin de evitar especulaciones que sean usadas para cuestionar la validez de sus decisiones”. La misión recomienda que se nombren todos los miembros antes de las elecciones, algo que no ha ocurrido y que ha ocasionado críticas políticas desde hace tiempo.

La violencia es el asunto más grave que tiene México, y más en tiempos electorales, como constata el informe, algo que “ha afectado a todos los partidos políticos”. En este proceso, antes y durante la campaña, han muerto asesinadas 37 personas ligadas a las elecciones, candidatos o aspirantes, y se ha producido otra serie de delitos de los que no hay información precisa por parte de la Secretaría de Seguridad, lamenta el informe. Los crímenes son “el mayor castigo a la democracia”, se afirma en el documento, si bien se precisa que “no es un fenómeno nuevo ni ajeno a la historia democrática” de México.

La misión destaca algunas buenas prácticas emprendidas para este proceso, como los programas para que voten los encarcelados o el voto anticipado para personas con discapacidad, así como el sufragio electrónico para los residentes en el extranjero o la mayor inclusión de mujeres entre el personal que participa en la jornada electoral. Sin embargo, consideran que hay que garantizar una mayor capacitación para estos funcionarios de casillas y su incorporación más temprana para no demorar tanto la apertura de las urnas, que han experimentado un retraso considerable en algunos lugares. El informe recomienda una mayor distinción con colores de las boletas y urnas, para no incurrir en errores y agilizar el recuento de votos, que requeriría una mejora en los recursos tecnológicos, sugieren.

Los observadores han tenido información sobre las 52 denuncias al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por sus declaraciones públicas en un contexto electoral, un asunto repetido. Para esas y otras quejas, recomiendan “establecer un catálogo de sanciones para servidores públicos que cometan infracciones” y que puedan ser multados por la autoridad electoral. Algunos de los reclamos recibidos, constata la misión electoral, tienen que ver con el inicio de esta larguísima campaña mexicana, que comenzó, con subterfugios legales y conceptuales, mucho antes de lo previsto por la ley. Advierten también de la excesiva politización que sufren estos procesos y recomiendan que se delimiten las materias que sean objeto de pronunciamiento por parte de la justicia electoral para evitar tanto litigio y su uso político.

El informe se detiene asimismo en las denuncias por el uso de los recursos públicos en tiempos de campaña electoral y sugiere que se “potencie la fiscalización” que ejerce el INE para detectar y emitir alertas tempranas respecto de fondos ilícitos.

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