De eliminar impuestos a más gravámenes ‘verdes’: las propuestas fiscales de los candidatos presidenciales

Hablar de una “reforma fiscal” en México se ha convertido en un tema tabú, a los políticos le apetece mucho hablar sobre subir impuestos y menos en tiempos electorales, sin embargo, los candidatos a la presidencia del país ya han soltado algunas ideas de sus planes fiscales que implementarán si ganan las elecciones del próximo 2 de junio. La candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, ha prometido la condonación fiscal para quienes ganen menos de 15.000 pesos mensuales. Claudia Sheinbaum, de Morena, ha apostado por continuar con la estrategia del actual Gobierno, elevando el combate a la evasión fiscal, mientras que el aspirante de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, es el único que ha planteado, frontalmente, la necesidad de una reforma fiscal gradual y la creación de más impuestos ‘verdes’.

En la última milla de la contienda, Gálvez ha redoblado su artillería en materia fiscal y ha prometido que, de ganar, aquellos que perciban 15.000 pesos o menos mensuales no pagarán el impuesto sobre la renta (ISR). Una promesa que, según sus cuentas, ayudará a 20 millones de personas. Su coordinador de Finanzas Públicas, Fernando Galindo, declaró en entrevistas posteriores que la implementación de esta medida tendría un costo de 25.000 millones de pesos y se financiará al suprimir las capitalizaciones directas a Pemex, con el combate al contrabando de gasolinas y sin sobrecostes de obras.

En sintonía con la política de López Obrador, la aspirante de Morena, Sheinbaum, ha asegurado que no es necesaria una reforma fiscal porque aún existe un margen de captación de recursos. En todo caso, ha planteado una mayor fiscalización para que los grandes contribuyentes cumplan con sus obligaciones. “Con la austeridad republicana y con aumentar la recaudación, sin aumentar los impuestos, que eso tiene que quedar claro, vamos a lograr todos los objetivos que estamos planteando”, ha declaro en sus mítines.

Esta Administración federal se ha negado a implementar una reforma fiscal progresiva para financiar lo programas sociales, guiado por la convicción de que basta con que las grandes empresas paguen los impuestos justos y, sobre todo, los adeudos fiscales que arrastran de hace años. De acuerdo con los datos del fisco mexicano, en 2023 se registró la recaudación más alta del sexenio: 4,5 billones de pesos.

El candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, propuso transformar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a las gasolinas en un impuesto verde que se dedique a electromovilidad, a transporte público y movilidad no motorizada. Previamente, el aspirante de MC sí ha planteado la necesidad de una reforma fiscal gradual y sobre ciertos productos o derechos, por ejemplo, los alimentos ultraprocesados y las herencias.

Pese al incremento en recaudación de los últimos años, México sigue teniendo una de las tasas más bajas de acopio de impuestos respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). De acuerdo con las cifras del organismo, mientras que la media se ubica en 34% del PIB, la tasa de México apenas llega al 16% respecto a su PIB. Con un déficit fiscal del 5,9% para este año —el más alto desde 1989— y un alud de programas sociales y reformas por fondear, los especialistas advierten la necesidad de replantear el esquema tributario en México para esquivar un alza en la deuda pública. La Secretaría de Hacienda ha calculado que el endeudamiento del país cerrará este año en 50,2% del PIB, equivalente a 17 billones de pesos.

Héctor Villarreal, investigador de la Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey, asegura que gane quien gane, el próximo presidente del país tendrá que hablar de finanzas públicas y de cómo se elaborará el próximo paquete económico. “Para que el sexenio funcione, fiscalmente hablando, si necesitas en el primer año y medio hacer una consolidación fiscal. Las cosas que se están diciendo ahorita por los candidatos son interesantes porque ayudan a bosquejar el espíritu de cada proyecto de gobierno, pero creo que vamos a ver la realidad a partir del 3 de junio” advierte.

Mario Barrera, abogado fiscalista del despacho Holland & Knight, señala que México requiere una reforma fiscal, que aborde las contribuciones, y también un cambio en la forma en que se pagan los impuestos porque el sistema actual es muy complejo y de difícil cumplimiento. “Es necesario hacer que sea más fácil pagar impuestos y ampliar la base de contribuyentes. No ha habido en muchos años, y ciertamente no en este sexenio, ningún esfuerzo mayúsculo por traer a la economía informal a la formalidad, entonces nos seguimos recargando en los contribuyentes de siempre: las grandes empresas y los empleados”, añade. El experto prevé que si se descarta una reforma fiscal y el próximo presidente, lejos de reducir el gasto público, lo eleva, entonces, quedará el endeudamiento como única alternativa.

Rodolfo de la Torre, director de Movilidad Social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, advierte de que la candidata de Morena, Sheinbaum, ha hablado de proporcionar mayor cantidad de becas sobre todo educativas y de continuar con muchos de los proyectos de esta Administración que más que proporcionar ingresos, pues van a absorber una gran cantidad de subsidios. El especialista lamenta que ni Sheinbaum ni Gálvez, encaren en profundidad el tema tributario y la reducción del déficit fiscal. “No se puede pretender que haya un buen sistema de salud, una educación de calidad, o se reduzcan las desigualdades, sin una reforma fiscal, lo cual quiere decir que lo que se promete es algo hueco si no está respaldado por recursos”, zanja.

El equilibrio de las finanzas públicas será una prueba máxima para el próximo presidente de México. Los especialistas coinciden en que sin una reforma hacendaria sobre la mesa, el candidato que resulte ganador el próximo 2 de junio se topará con un escenario muy complejo y cuesta arriba: el déficit más alto de los últimos 35 años y la presión sobre las finanzas públicas derivado de la recién aprobada reforma de pensiones y los programas sociales y becas a fondear.

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