Sin celulares y centrado en la reinserción social: el primer debate electoral celebrado en una cárcel en México

México ha celebrado por primera vez un debate electoral en una prisión. El Instituto Electoral de Ciudad de México y las autoridades penitenciarias han dado a conocer que el ejercicio, apenas el segundo en su tipo en Latinoamérica, fue “un éxito” y se celebró sin contratiempos después de siete meses de planeación en el centro varonil de Santa Martha Acatitla, una de las cárceles más conocidas del país. El encuentro puso frente a frente a representantes de las tres candidaturas que compiten por la Jefatura de Gobierno de la capital mexicana, con el objetivo de que más de 1.500 personas en prisión preventiva puedan emitir un voto informado y dar un paso más para erradicar el estigma que afecta a la población penitenciaria.

“Nunca había estado en Santa Martha Acatitla y creo que también fue la primera vez para muchas personas de los partidos políticos”, cuenta Luisa Cantú, la moderadora del debate. La periodista reconoce que las horas previas estuvieron marcadas por los nervios y la emoción de hacer algo que no se había hecho antes en México. El único antecedente en la región fue en Costa Rica en 2017. “Inevitablemente, estar entre paredes grises, con torres y gente armada te genera cierta tensión, pero creo que eso es algo que también es importante sentir”, afirma en entrevista.

Cantú pone en valor que las fuerzas políticas hayan tenido que tratar temas que “normalmente están invisibilizados” y que “no siempre están en las primeras planas”, como la población penitenciaria y las personas en prisión preventiva, en muchos casos recluidas durante años, pese a no tener una sentencia condenatoria firme. “Parte de lo valioso es voltear a ver las necesidades específicas de las personas privadas de la libertad, pero también hay algo simbólico de llevarles el debate, de que las personas políticas y los consejeros electorales se pararan ahí”, afirma.

El encuentro duró 67 minutos y el tema principal fue la agenda de cuidados en el entorno familiar de las personas en prisión preventiva. Casi nueve de cada 10 reclusos en la capital vienen de entornos de vulnerabilidad en cuanto a cuidados familiares, ocho de cada 10 tienen dependientes económicos y tres de cada 10 no recibieron visitas durante un año o más, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hubo espacio para dos preguntas de las personas que van a votar desde la cárcel, después de que 18 fueran recibidas por un comité integrado por Cantú y dos especialistas. Al final, 12 pasaron el corte para ser sorteadas durante el debate. “¿Creen que el voto, la oportunidad de votar, es importante para el proceso de reinserción social?”. Esa fue la primera. La segunda cuestionaba sobre las propuestas específicas de los partidos políticos para las familias de quienes están privados de la libertad.

“Me sorprendió para bien que todas las fuerzas políticas estudiaron bastante, no era fácil, no es como hablar de propuestas económicas o lo general que traen todos los días”, comenta la moderadora. Las candidaturas también tuvieron tiempo de ofrecer un mensaje de apertura y otro de cierre, y recibieron una “bolsa de tiempo” de seis minutos cada uno para intercambiar ideas.

No hubo participación directa de los candidatos. La coalición de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde estuvo representada por Sebastián Ramírez, el dirigente de Morena en Ciudad de México. Por Movimiento Ciudadano se presentó Alejandro Piña, el coordinador del partido en la capital. Olivia Garza, exdiputada local y especialista en el sistema penitenciario, expuso las propuestas del frente opositor, integrado por el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática.

“Veíamos que no bastaba con llevar boletas a los centros penitenciarios, también había que garantizar un voto informado”, cuenta Valentina Lloret, cofundadora de CEA Justicia Social y una de las impulsoras del debate. Lloret asegura que su organización comenzó a discutir la idea de llevar un debate a un centro de reinserción social desde 2021 y supuso tocar puertas de partidos, legisladores locales y las instituciones electorales. “Picamos piedra durante años, pero lo que pasó hoy fue muy emocionante y un ejercicio prácticamente inédito”, dice emocionada.

“No solo se trata de ir a debatir temas que interesan a la población que está en prisión o sus familias, se manda también el mensaje de que son vistos, de que forman parte de la sociedad y de que siguen manteniendo vínculos con una comunidad en el exterior”, señala en entrevista el consejero electoral Bernardo Valle, otra de las figuras clave en la organización. Más que las negociaciones con las fuerzas políticas, la parte más complicada fue la logística, cuenta Valle.

Las autoridades penitenciarias establecen restricciones de seguridad, que van desde el color de la ropa de las personas externas que ingresan hasta la prohibición de aparatos tecnológicos. Los asistentes externos, por ejemplo, no pudieron acceder con sus teléfonos y se vieron “obligados” a volcar su atención a lo que pasaba y se decía dentro de la cárcel.

Durante los preparativos, se negoció para tener el formato más ágil en la medida de lo posible y se analizaron también varias opciones para albergar el encuentro, pero al final se eligió la sección masculina de Santa Martha Acatitla por la disposición de los espacios. El centro penitenciario del oriente de la capital se trasformó en cuestión de días en un auditorio, donde de pronto aparecieron los cronómetros, las cámaras y los atriles. Durante poco más de una hora, el patio de la cárcel se convirtió en un foro de debates. “Todo era novedoso, había mucha curiosidad y creo que fue muy importante para quitar el estigma”, relata Cantú. El encuentro se grabó a las diez de la mañana del viernes y está previsto que sea trasmitido el domingo en todos los centros de reclusión de la ciudad. Tenía que celebrarse forzosamente de día, fue otra de las condiciones que pusieron las autoridades penitenciarias.

La confirmación de que el debate iba a llevarse a cabo llegó apenas la semana pasada y contrarreloj, porque las personas en reclusión tienen que emitir su voto entre el 6 y el 20 de mayo, dos semanas antes de las elecciones del 2 de junio. Será también la primera vez que se garantice el derecho al voto para la población penitenciaria en el país. En el caso de Ciudad de México, las personas ingresadas tacharán cuatro papeletas y votarán por la presidencia de la República, la Jefatura de Gobierno, una diputación local y sus alcaldías.

Emocionados tras haber derribado la primera barrera, los organizadores y participantes admiten que hay muchas áreas de mejora. “Uno de los objetivos es que este sea solo el primer paso”, afirma Cantú, que también se encargará de la moderación de los próximos debates en la capital (12 de mayo) y en la elección presidencial (19 de mayo). Lloret espera que este ejercicio pueda replicarse en otros Estados y que en el futuro se traten más temas, se dé acceso a audiencias mayores y se presenten los propios candidatos. “¿Y por qué no? A lo mejor pensar en un debate presidencial, ya veremos”, afirma antes de concluir la entrevista.

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