Cuando la reinserción es una odisea

A Iven no le gusta contar su historia, por lo que ahorra en detalles. Nervioso, sentado en la cafetería del campus, explica a media voz qué lo ha llevado a estudiar una carrera a sus 34 años. “Cuando era joven cometí un error que se convirtió en delito y un delito que me costó 13 años de mi vida”. De su etapa en prisión, destaca el hacinamiento y las infecciones. “La gente dormía en las letrinas, en los baños, en un cubo de agua… estábamos en el espacio de una cancha de baloncesto unas mil personas”. Apenas había cumplido los 18 cuando robó un furgón blindado en posesión de un arma. “Crecí en un hogar desintegrado, con mi mamá nada más. Ella trabajaba mañana y tarde, tuve malas amistades y una cosa me llevó a la otra…” esgrime para hacer entender su origen, similar al de otros presos. Le dieron 31 años de condena y consiguió la libertad condicional después de pasar más de una década en la cárcel. Ese tiempo sólo le sirvió para acabar la preparatoria (el bachillerato) y proyectar una vida mejor fuera, sin imaginar, ni de lejos, las dificultades que le esperaban al volver al mundo real. Su experiencia es recogida ahora en un documental para tratar de concienciar a México sobre los problemas que enfrentan los reclusos en su reinserción.

“Cuando se obtiene el beneficio de libertad anticipada, este derecho no es totalmente pleno”, explica Roberto Ruiz Cortés, abogado del área jurídica de la organización civil Documenta. “La persona debe presentarse a firmar a una instancia de Gobierno cada 8 días y en ocasiones no tiene IFE (la identificación oficial). Por ello, el recién liberado se encuentra con muchas limitaciones cuando busca un empleo”.

“Traté de trabajar como repartidor de pizza, chófer, haciendo encuestas, en todos me batearon, necesitaban mi IFE. El sistema te obliga a que salgas de lavacoches o de barrendero, empleos irregulares y muy mal pagados”, relata Iven. “Pasas 13 años de tu vida queriendo hacer algo más y cuando sales te encuentras con que tienes derecho a un sueldo de 1.000 u 800 pesos la semana (55 o 44 dólares). Es muy complicado ese proceso. Muchos en México se autoemplean y otros tantos regresan [a prisión] porque necesitan mantener una familia y no les alcanza, así que reinciden”.

Según la organización Documenta, el 64% de los reclusos en México vuelve a delinquir, un indicador clave para medir la efectividad del sistema de reinserción. La asociación ha emprendido una campaña -Libertad sin trabas- para promover la inclusión de las personas que salen de la cárcel en la sociedad, bajo la premisa de que el sistema actual no solo no se enfoca a ello, sino que dificulta la readaptación del individuo. “¿En qué clase de trabajo te dan permiso para faltar una vez por semana?, ¿quién puede contratarte si no tienes identificación oficial?”, se pregunta Iven. Desde prisiones, los programas que ofrecen un puesto de trabajo al salir son muy escasos y no abarcan a la mayor parte de la población reclusa.

Según las últimas estadísticas del Sistema Penitenciario, las cárceles se encuentran al 126% de ocupación, aunque los porcentajes varían por Estado. En la Ciudad de México, donde se encuentra el mayor número de presos (18% del total), se llega a una sobrepoblación del 172% (38.668 reclusos para una capacidad de 22.411). En total, el sistema penitenciario tiene capacidad para alojar a 203.228 reclusos, 54.063 menos de los que en realidad acoge. Existen en el país 387 centros y más de 200 están saturados: 285 son estatales, 11 de la capital, 17 del Gobierno Federal y 74 municipales.

“La sobrepoblación conlleva falta de oportunidades de trabajo, educación, servicios de salud obsoletos y mucha corrupción. Todo eso genera estrés, lo que deriva en violencia”, asegura el abogado Roberto Ruiz Cortés. El tráfico de drogas dentro de los penales agrava la situación.

“La droga corre como moneda de cambio [dentro de la prisión], se manejan grandes cantidades de dinero y en la mayoría de los casos sí están coludidas las autoridades”, relata Iven.

Según Documenta, el incremento de la población penitenciaria en los últimos años se debe en gran medida a la ampliación del catálogo de delitos graves y a la falta de criterios para imponer medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. “Actualmente México es el tercer país en Latinoamérica con mayor número de ciudadanos privados de su libertad y el 41% de los reclusos se encuentran en espera de una sentencia”. El 60% de las sanciones se asocian con delitos menores y sólo el 12% se vincula con delitos graves como homicidio, violación y robo con violencia.

Después de varios intentos, Iven consiguió una plaza en una Universidad pública de la capital. Era el único centro en el que carecer de IFE no fue un impedimento para hacer la matrícula. A la vez que estudia, trabaja para costear sus gastos y la manutención de su hija. “En este caso un amigo me dio la oportunidad, pero si él quiebra, tendría que dejar la carrera”, sentencia. Las segundas oportunidades se pagan caras en México.