Este año las personas en prisión también eligen presidente

Las elecciones presidenciales van a contar este año con un nuevo electorado. El 2 de junio, más de 50.000 personas que están en prisión preventiva podrán acceder por primera vez al voto para elegir al próximo presidente o presidenta de México. Este derecho, que estuvo suspendido durante décadas en el país, ha sido restituido por una sentencia del Tribunal Electoral. Los gobernadores de Veracruz y de Yucatán se han negado a dar a los reclusos acceso a este derecho. Todos los que van a poder votar son personas que están en la cárcel sin una sentencia en su contra.

El camino hasta esta elección inédita ha sido largo. En México todos aquellos que estaban en prisión tenían suspendido su derecho a votar. Así fue hasta que Guadalupe Gómez y Marcos Ruiz cambiaron el tablero. Estos dos indígenas tzotziles fueron detenidos en 2002, torturados, no se les informó en su lengua por qué estaban siendo arrestados y fueron enviados a la cárcel de El Amate, en Chiapas, donde 16 años después seguían esperando una sentencia. En 2018 reclamaron al Tribunal Electoral su derecho al sufragio y en 2019, la Sala Superior les dio la razón. Su caso marcó un precedente. El tribunal ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) hacer una serie de pruebas piloto para que en las elecciones de 2024, las personas en prisión preventiva pudieran elegir al nuevo ocupante de Palacio Nacional.

Primero fueron cinco cárceles federales de Chiapas, Sonora, Guanajuato, Morelos y Michoacán en 2021. De las 920 personas que pudieron votar, lo hizo el 95%. También las elecciones en Hidalgo —el primer Estado en incorporar este derecho al voto en su legislación— que votaron poco más de un centenar de personas. En 2023 llegó el gran reto: los comicios a gobernadora del Estado de México. En esta entidad está el mayor número de población privada de libertad: 35.000 personas. Más de 4.000 pudieron votar el 5 de junio. La organización CEA-Justicia, que estuvo de observadora electoral, reportó cero incidentes dentro de las prisiones.

La ruta ha servido de preparación para el 2024. Por el camino, además de Hidalgo, Ciudad de México y Chiapas han incluido este derecho en sus legislaciones. También se añadía en el plan sobre el INE, presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, se cayó cuando fue tumbada la reforma. Por esa razón, el instituto no puede obligar a los Estados a que les permitan entrar en las cárceles. Aun así, excepto Veracruz y Yucatán, todas las entidades han alcanzado un convenio con el INE.

En Veracruz, por ejemplo, hay más de 4.500 personas en prisión preventiva, repartidas en 17 penales. El gobernador Cuitláhuac García rechazó cumplir con la sentencia por “razones de seguridad”: “Nosotros nos fuimos con los jefes de plaza y los tenemos en la cárcel, la pregunta que yo le haría al del INE es ¿quieren que ellos voten?, ¿quiere vulnerar la seguridad el afán de que los feminicidas voten?”. Yucatán todavía no ha dado ninguna razón a su negativa. CEA-Justicia ha metido una solicitud de información para conocer los motivos. “Los derechos no pueden depender de la visión de quien esté a cargo del ejecutivo”, señala a EL PAÍS Valentina Lloret, fundadora de la organización, que recuerda que los reclusos todavía pueden presentar juicios por derechos para reclamar su sufragio.

De momento, según la estimación de la organización, se va a poder votar en 204 de las 285 prisiones. En total, algo más de 50.000 personas ya están confirmadas por el INE. Casi la mitad de la población en prisión preventiva no va a poder acceder a este derecho porque no tienen vigente su credencial de elector (que caduca a los 10 años) y no cuentan dentro de la cárcel con los documentos para empadronarse. Las elecciones se han planteado de forma similar al voto de los mexicanos en el extranjero. Van a ser de forma anticipada, del 6 al 20 de mayo, y mediante sobres que permanecerán cerrados hasta el 2 de junio.

“Esto son pequeños contrapesos frente al populismo penal de la región”, explica la directora de CEA-Justicia, Ángela Guerrero. La candidata del Frente, Xóchitl Gálvez, propuso en su inicio de campaña construir una megacárcel para luchar contra la violencia, inspirada en el Centro de Confinamiento contra el Terrorismo de El Salvador. Esta prisión de máxima seguridad, creada por Nayib Bukele, se ha convertido en un ejemplo a imitar en países como Honduras o Ecuador. En El Salvador, solo en dos años más de 220 personas han muerto dentro de la cárcel por torturas, falta de asistencia médica e inanición.

“Estar privado de la libertad es una sanción pero no implica estar limitado en todos los demás derechos”, explica Guerrero, que pone en valor el paso que va a dar México: “Importa porque al restablecerles este derecho, se vuelven visibles para aquellos a quienes tienen que votar”. La abogada pone de ejemplo las elecciones a la alcaldía de Xochimilco, en Ciudad de México, donde se eligió en 2021 al alcalde por 1.000 votos. “En Xochimilco están el Santa Martha femenil y varonil, que en una elección cerrada pueden ser claves, y eso implica que se voltee a ver los centros penitenciarios y a lo que pasa dentro de ellos”.

En México hay más de 232.000 personas encarceladas, de esas, 88.072 no han recibido una condena. Es decir, el 38% de los reclusos es todavía inocente, al menos hasta que no concluya su proceso jurídico. Muchos fueron a prisión de manera oficiosa, una polémica figura que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido a México que elimine. Esta medida cautelar implica que los acusados de una serie de delitos —que van desde homicidio hasta robo en una vivienda o algunos crímenes fiscales— son enviados al penal de forma automática, sin que lo decida un juez. Es un encarcelamiento por adelantado. Y aunque la Constitución marca que el máximo para estar de forma preventiva en prisión son dos años, en la práctica no hay límite. Daniel García y Reyes Alpízar, quienes ganaron al Estado mexicano en la Corte Interamericana, pasaron 17 años sin sentencia por un crimen que nunca cometieron.

Ahora el siguiente reto, explica Valentina Lloret, quien coordina el observatorio de derechos políticos y el voto en prisión Libres para elegir, es que la población privada de libertad pueda informarse antes de votar: desde ver debates electorales hasta recibir las propuestas de los partidos políticos, que suelen olvidarse de los reclusos. “Hay un desinterés y desconocimiento por parte de los partidos políticos, porque el voto debe ser libre y secreto, pero también informado”.

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