La inseguridad se perfila como la gran batalla electoral entre el oficialismo y la oposición en México

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición opositora formada por el PAN, PRI y PRD, inició el pasado viernes su campaña con un mitin en Fresnillo, Zacatecas. El acto estuvo cargado de simbolismo, pues Fresnillo es la ciudad más insegura de México, según un estudio del INEGI, y el Estado de Zacatecas es gobernado por Morena, el partido oficialista. Allí, Gálvez dijo que uno de sus propósitos de gobierno es construir “una prisión de muy alta seguridad y con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí”. Los medios comenzaron a hablar de una “megacárcel”, y los analistas la compararon con la prisión contra el terrorismo construida por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, el temible Cecot. La abanderada del oficialismo, Claudia Sheinbaum, respondió con una visita a Guanajuato, Estado gobernado históricamente por el PAN y uno con los mayores registros de asesinatos. Allí Sheinbaum criticó la propuesta de la prisión de Gálvez: “Plantean megacárceles para los jóvenes; nosotros planteamos universidades y educación pública, atención a las causas”, dijo.

La inseguridad se ha vuelto el primer gran tema de la campaña presidencial, uno de cuyas causas nadie parece hacerse cargo. Es culpa del gobierno que está por concluir, el de Andrés Manuel López Obrador, dicen desde la oposición. Es culpa de los gobiernos de más atrás, los del PRI y el PAN, alegan desde el oficialismo. El presidente de México entró este miércoles de lleno a la campaña, pese a las restricciones impuestas por las autoridades electorales, y criticó que la inseguridad se haya convertido en bandera electoral. “Es evidente que están utilizando lo de la violencia, magnificando, haciendo más grande lo que sucede, con propósitos políticos o politiqueros, por esta temporada, por la campaña”, dijo en su conferencia diaria.

Mientras López Obrador acusaba la “politiquería” de la inseguridad desde Palacio Nacional, afuera de la residencia oficial un grupo de normalistas de Ayotzinapa preparaba una espectacular manifestación contra su Gobierno, en protesta por las trabas en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes hace ya casi 10 años. Las familias de los desaparecidos han criticado la negativa del Ejército a abrir cientos de expedientes de Inteligencia, cruciales para conocer la verdad sobre el caso. Los reclamos son un cuestionamiento directo al discurso de apertura del presidente, y una representación práctica de la herida abierta que supone el alto número de asesinatos y desapariciones en México. El promedio diario al cierre del año pasado fue de más de 80 homicidios al día, una leve bajada. A pesar de todo, este sexenio concluirá como el más violento de la historia reciente del país.

Sheinbaum, enfilada a suceder a López Obrador, declaró horas después: “Lo que ocurrió hoy no me parece que sea correcto [...] Palacio Nacional ha abierto las puertas, en particular para los padres y madres de Ayotzinapa; el presidente de la República los ha recibido en diversas ocasiones”. La candidata presidencial sugirió que se trató de una provocación que hubiese podido culminar en una confrontación.

Los familiares de las víctimas han instalado un plantón en el Zócalo capitalino, a unos pasos de Palacio Nacional, exigiendo un diálogo personal con López Obrador, sin intermediarios. Ni siquiera esa demanda fue atendida por el Gobierno. El plantón se mantuvo en la principal plaza de México incluso en el acto de inicio de campaña de Sheinbaum, confrontando el ánimo celebratorio del oficialismo. Los normalistas llegaron a un límite, y este miércoles, en la protesta afuera de Palacio, tomaron un vehículo oficial y lo usaron para derribar una puerta del recinto oficial. Intentaron cruzar, pero fueron frenados con gas lacrimógeno y escudos. La politiquería devino política.

El mayor temor de los mexicanos

Que la inseguridad se haya vuelto el primer asunto de la gresca electoral tiene mucho de condensación de la realidad. La última encuesta de Enkoll para EL PAÍS mostró que el 53% de los votantes mexicanos considera que la inseguridad es el principal problema del país, esto es, el más grande pendiente, el tema que con más urgencia deben atender las aspirantes presidenciales. Para los votantes, luego está el problema de la corrupción (lo mencionó el 32%) y después la economía (15%). Todos ellos asuntos acuciantes, alguno más abstracto que otro, pero los ciudadanos han dejado claro que vivir en paz; que tener la certeza de poder caminar sus calles, de que van a llegar sanos y salvos adonde vayan, de que sus seres queridos estarán bien; de que lo que tanto les costó lo van a seguir teniendo, es lo más importante en la democracia mexicana.

El problema es tal, y las candidatas así lo entienden, que han iniciado la batalla por la presidencia con la oferta de los remedios. Al calor del debate, ante la urgencia y el tamaño del monstruo, algunas propuestas han rayado en la espectacularidad. Gálvez ha sido duramente cuestionada por la idea de la gran prisión, y ya ha tenido que aclarar que ella no piensa en las redadas masivas contra presuntos delincuentes, a diferencia de lo que ha hecho Bukele en El Salvador contra las maras, en una política de mano dura que ha llenado en pocos meses las cárceles con miles de personas, muchas de ellos inocentes. “Vamos a construir una cárcel especial para los peores criminales. Ya basta de que las cárceles sean el lugar donde se extorsiona, donde se tienen privilegios, donde los delincuentes no tienen miedo de llegar, porque viven casi igual como si estuvieran en la calle”, ha dicho. Y ha precisado: “No estamos hablando de mandar jóvenes que encontremos pintando bardas”, sino a “aquellos criminales como el que violó y asesinó a una niña”.

Gálvez ha insistido en que pondrá fin a la política de López Obrador consistente en que la Guardia Nacional y el Ejército se limiten en lo posible al patrullaje de las calles y eviten los enfrentamientos con la delincuencia —resumida en el eslogan “abrazos, no balazos”—, lo que, sin embargo, no ha evitado las masacres. “Ni siquiera hay que mandar al Ejército a enfrentarse a balazos con los delincuentes, hay que aplicar la ley y eso no significa agarrarlos a balazos, no significa matarlos. No sé por qué piensan que aplicar la ley significa un exterminio”, ha afirmado la candidata opositora. Gálvez, no obstante, se ha visto obligada a desmarcarse del expresidente Felipe Calderón, del PAN, y su estrategia de confrontación directa a los cárteles de la droga, raíz de la llamada guerra contra el narco, a la que se deben las cifras desbordadas de muertes violentas y desapariciones (estas últimas se situaban en las 113.000 hasta diciembre pasado).

“Fíjense ustedes la diferencia entre la estrategia. En un caso se plantea la guerra contra el narco; nosotros planteamos, no la guerra, sino la construcción de la paz”, ha contrastado Sheinbaum, que ha seguido la línea de López Obrador de atribuir el problema de la violencia a las causas sociales, al modelo neoliberal, al quebranto del tejido social. La candidata ha propuesto reforzar los programas sociales para jóvenes, la apertura de más universidades y la creación de más fuentes de empleo. También ha planteado dar a la Guardia Nacional facultades de investigación propias, y que se coordine con las fiscalías y las Policías de los Estados. Los cuerpos locales, a su vez, aumentarían su número de efectivos, su armamento y sus capacidades de reacción, según su plan. La estrategia pasa por la reforma al Poder Judicial, a fin de que haya más controles sobre la actuación de los jueces. Sheinbaum había sido reservada en cuanto al plan de López Obrador de que la Guardia Nacional —una institución civil— esté en manos del Ejército. Hasta este lunes, en que, en una conferencia de prensa, la candidata dijo que buscará la consolidación de ese cuerpo de seguridad bajo el control de la Secretaría de la Defensa.

La abanderada opositora ha ofrecido enviar a sus cuarteles a los militares, de forma paulatina, con miras a convertir a la Guardia Nacional en una corporación completamente civil, y quitar a las Fuerzas Armadas las facultades de administración de empresas y proyectos que les dio el Gobierno de López Obrador. Ha propuesto también abrir una Universidad Nacional para la Seguridad, a fin de formar elementos certificados, y crear en cada Estado un equipo de reacción inmediata para actuar en contra de los cárteles. La danza de propuestas y promesas de campaña ha comenzado, como cada año electoral. Las dos candidatas punteras intentan hacer la diferencia en el tema más preocupante para los mexicanos. Las recetas probadas hasta ahora no han logrado sacar al país de la cruenta etapa de la guerra, a casi dos décadas de su inicio.

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