De víctima de violación sin justicia a candidata por Cozumel para acabar con la corrupción de los jueces

Vivien Withington no salió a marchar en el pasado 8-M. Estaba demasiado indignada, furiosa y desesperanzada. “Me tuve que contener, porque iba a terminar en la cárcel por quemar toda la isla”, recuerda. Habían pasado ya seis meses desde que su caso por violación en Quintana Roo se había hecho público y seguía sin justicia. Su agresor, un turista que según Withington es hijo de influyentes políticos israelís, continuaba prófugo en su país de origen. El juez, quien dejó en libertad al sospechoso pese a la aplastante evidencia del delito, había sido destituido, pero no enjuiciado. Y ella intentaba superar el trauma, encerrada en casa, con miedo por haberse convertido en “la violada de Cozumel”. Fue entonces cuando Movimiento Ciudadano le ofreció a esta joven de 30 años ser candidata para la diputación en la isla. “Los hombres de poder no usan su influencia para ayudar a las víctimas. Lo tengo que hacer yo. Me tengo que meter yo en política”, se dijo a sí misma.

Más de un año después de su agresión, su caso —como el de muchas mujeres víctimas de violencia sexual en México, donde el 95% de los delitos no se resuelven— sigue estancado. La única pequeña victoria que obtuvo Withington entonces fue la destitución del juez de control, Diego Emmanuel Peniche Caro. El magistrado priorizó la opinión técnica de un médico privado de la defensa que concluía que al no haber lesiones físicas externas —como moretones o rasguños— no existió la violación, y, por lo tanto, dejó en libertad al sospechoso, Daniel Levitan, quien no tardó en abandonar el país. Ella insiste en que su agresor compró al juez y presentó una queja ante el órgano disciplinario judicial, el Consejo de Judicatura. “El mismo poder judicial tiene un magistrado del Estado, ese magistrado es el presidente del Consejo de Judicatura. Es como si yo misma estuviera evaluando mi propio examen”, explica la ahora candidata. Se reunió varias veces con el gobernador del Estado, Carlos Manuel Joaquín González, y también con el fiscal para poder abrir una carpeta de investigación contra el magistrado. “Fue muy revictimizante. Tuve que llorar y rogar, pero no me quedó de otra. No podía vivir sabiendo que ese juez seguía llevando audiencias de delitos graves y sexuales”, recuerda Withington, quien ya da por perdida la posibilidad de ver a su agresor entre rejas.

Quintana Roo es una de las entidades federativas en México con baja adhesión al Estado de Derecho, un índice que mide el grado en el que cualquier entidad pública, privada o social se sujeta a la ley. El informe de World Justice Project (WJP) sitúa el Estado donde Withington fue agredida como el tercero peor del país, solo por detrás de Morelos y Guerrero. En términos de corrupción, este territorio tiene una tasa de prevalencia de 20 denuncias por cada 100.000 habitantes, la más alta de todo el país, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi de 2021. Pese a ser uno de los destinos favoritos para vacaciones y turismo, la ola de violencia e inseguridad en Quintana Roo ha empañado al paraíso y se ha convertido en uno de los temas omnipresentes, pero silenciosos, en estas elecciones. “Las autoridades competentes no me defendieron, y si no lo hicieron conmigo es porque no lo van a hacer con nadie”, resalta Withington.

Finalmente, el Consejo de Judicatura destituyó a Peniche Caro y se le abrió una carpeta de investigación, pero para la candidata no es suficiente. “El juez sigue libre, tiene cédula de abogado y hace tratos en otros juicios y el imputado está en Israel. Y yo no estoy libre, sigo luchando”, subraya. Por ello, cuando el día siguiente a la marcha la contactó José Luis Pech Varguez (candidato a gobernador en Quintana Roo por Movimiento Ciudadano) le propuso aparecer en la boleta por el Distrito 11, en Cozumel, Withington vio su oportunidad para cambiar el sistema. Antes ella tenía su propia empresa, la cual ha decidido dejar a un lado mientras hace campaña. “Yo sabía que quería controlar, controlar a estos jueces legislando”, asegura, aunque reconoce que jamás se imaginó a sí misma en política.

De esta forma, Withington pasó de hacer campaña en redes sociales para obtener justicia, amenazada por la comunidad israelita de Cozumel y con miedo de salir al exterior, a llamar a todas las puertas posibles de la isla para obtener votos. “Yo no puedo continuar con mi vida, por eso estoy en la boleta. Prefiero hacerlo yo a que lo siga haciendo gente corrupta”, sentencia. El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa de Movimiento Ciudadano se encargó de formarla y enseñarle a contrarreloj los entresijos de la política de Quintana Roo. Por su lado, Withington se volcó en aprender leyes en tiempo récord y en adaptarse lo antes posible al cambio radical de profesión y vida.

El proyecto de la ‘Ley Vivien’

La principal arma de campaña de Withington es un proyecto de ley que, de aprobarse, llevaría ante la Justicia a los jueces corruptos. La visión de la candidata y de su partido es elaborar un documento para que los magistrados puedan ser enjuiciados a través de la Fiscalía Anticorrupción, independientemente de los procesos que lleve a cabo de forma interna el Consejo de Judicatura. El objetivo de la candidata es obtener para otras víctimas la Justicia que ella no consiguió y evitar que haya más irregularidades en las investigaciones de delitos sexuales en el poder judicial. “La única manera de pararlo es ponerle luz a los jueces en vez de a las víctimas y al violador. A las mujeres nos van a seguir violando, pero no va a cambiar nada si no tenemos Justicia, si no tenemos a jueces que sean imparciales y no abusen de su poder”, insiste.

Con el asesoramiento de Gaudiano Rovirosa y la ayuda de abogados internacionales, se presentaron el pasado miércoles los puntos de acuerdo ante el Congreso, el documento previo a que sea un proyecto de ley. “Actualmente, a los jueces solo se les instruyen en caso de corrupción y si se trata de procesos por delitos sexuales, ni siquiera es considerado un delito grave”, añade el diputado. “Queremos cambiar la ley para que haya realmente una consecuencia contra el juez, que sea un delito grave si deja en libertad a alguien a cambio de dinero o porque el acusado sea influyente”, explica Gaudiano, quien destaca que en México los jueces no suelen ir a la cárcel.

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