Un tribunal ratifica la suspensión del pago de una multa millonaria a Iberdrola

La gigante de las energías renovables Iberdrola ha ganado otra batalla en México después de que un tribunal ratificase la suspensión de pago al Gobierno de una multimillonaria penalización. La victoria, sin embargo, no garantiza que la española no deba pagar la multa en el futuro.

En mayo del año pasado, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) anunció que Iberdrola debía pagar 9.145 millones de pesos (507 millones de dólares al tipo de cambio actual) al Gobierno mexicano tras encontrar que supuestamente vendió energía a terceros cuando operaba con un permiso de autoabastecimiento. En ese momento, las tensiones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y las empresas privadas de energía eran altas, ya que el Ejecutivo ordenó a los reguladores, como la CRE, limitar su participación en el mercado para favorecer a las empresas del Estado.

En julio de 2022, un juez concedió un amparo a Iberdrola, el cual frenó el pago de la multa, considerada muy cuantiosa en el sector. López Obrador amenazó con investigar al juez y especuló que se falsificaron documentos para fallar a favor de la empresa española. Las cosas han cambiado entre la empresa y el presidente desde entonces. En junio de este año, Iberdrola acordó venderle al Gobierno mexicano 13 plantas generadoras de electricidad las cuales eventualmente pasarán a manos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), paraestatal eléctrica. Tanto el director general de Iberdrola como su presidente visitaron Palacio Nacional para anunciar la transacción junto a López Obrador, quien la llamó “una nueva nacionalización”.

El viernes, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicación ratificó la suspensión de la multa. Esto le compra tiempo a Iberdrola pero no es una victoria definitiva, explica la abogada Julia González, socia de energía de la firma González Calvillo en la Ciudad de México. “Es muy normal que cuando una autoridad impone una multa y la empresa presenta un juicio amparo de esa multa que se conceda la suspensión. Es lo que se acostumbra, esto se esperaba”, señala la especialista.

“El juicio de amparo sigue su camino y el próximo año la jueza a cargo dicte una sentencia en la que resuelva el fondo del asunto”, asegura González, “y el fondo del asunto es si la CRE estuvo bien en multar por esto”. Mientras tanto, la suspensión que ganó Iberdrola “está viva hasta que se resuelva el juicio”, agrega González. La audiencia, en la que se desahogarán todas las pruebas y a partir de la cual se pudiera dictar una sentencia, está programada para el 13 de noviembre, fecha que puede moverse. “Esperaría que esto se resuelva dentro de tres a seis meses”, estima González.

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