Dania Ravel, exconsejera electoral: “El INE es y tiene que ser incómodo para el poder”

La renovación de tres espacios en el Instituto Nacional Electoral (INE) llega con una advertencia. A horas de dejar el cargo de consejera, Dania Paola Ravel (Ciudad de México, 45 años) pone el acento no en los nombres que llegarán, sino en el método: si la falta de acuerdos deriva otra vez en sorteos, como ocurrió en la última renovación de consejerías, dice, el mensaje es de “retroceso”. Su diagnóstico va más allá del relevo. En entrevista con EL PAÍS, la maestra describe un instituto con menor fortaleza técnica en sus áreas, con designaciones pendientes y con una colegialidad debilitada. A eso se suma un entorno más rasposo, donde las decisiones han derivado en denuncias contra consejerías. Entre consultas inéditas, pandemia y una elección judicial que califica de “improvisada”, la consejera delinea un INE con menos fortaleza técnica en sus áreas clave, con decisiones que ya no pasan por el mismo nivel de consenso y una exposición creciente frente al poder. Aun así, sostiene, que el sistema electoral mexicano sigue siendo confiable.

Pregunta. ¿El balance que hace de nueve años en el INE?

Respuesta. Encuentro un INE muy distinto al de 2017, pero también veo un México muy distinto; ha habido muchos cambios en muchos ámbitos. Podría hacer un balance a partir de las tres integraciones en el Consejo General, eso ha cambiado en buena medida las dinámicas de trabajo. Llegué a un instituto muy consolidado, con personas con mucho conocimiento técnico. Había una gran solidez institucional, pero también un consejo muy cerrado, era difícil que aceptaran propuestas nuevas.

Un ejemplo fue el protocolo trans, que tardó un año en aprobarse. Fue complicado crear la Comisión de Igualdad de Género, o impulsar medidas de inclusión. Hubo avances, pero no fueron sencillos. La segunda etapa fue un cambio parcial del consejo, que permitió mayor apertura, cohesión y decisiones más colegiadas. Vinieron retos importantes: la primera consulta popular, la revocación de mandato, ambas con restricciones presupuestales.

En pandemia se suspendieron elecciones locales, algo inédito. Después se retomaron con aprendizajes que sirvieron para 2021. Finalmente, llegó otra etapa con el cambio en la presidencia y la salida de gran parte de la Junta General Ejecutiva, personas con mucha experiencia.

P. ¿Cómo deja al INE fortalecido o debilitado?

R. Con menos fortaleza técnica en las áreas. No hemos logrado tener titulares que convenzan a todo el Consejo General por la solidez de su perfil. Además, con la reforma judicial se aprovechó para reformar la ley para que la presidencia tenga la facultad exclusiva de hacer designaciones; eso no abona a la colegialidad. Antes se propiciaba el diálogo; ahora se favorecen decisiones unilaterales. También se dieron más atribuciones a la Junta General Ejecutiva, lo que debilita al Consejo General como máximo órgano de deliberación. Eso afecta la confianza.

P. ¿Cuál fue la decisión más impopular que tomó?

R. Hubo varias. Una es la sobrerrepresentación derivada de la elección de 2024. La consejera Claudia Zavala planteó una interpretación del artículo 54 constitucional que acompañé. Otra fue la elección judicial, donde dije que no se podía afirmar que todo había ocurrido adecuadamente por irregularidades como los acordeones. Y también el caso del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Consideré que, si no había una resolución que suspendiera sus derechos político-electorales, podía competir para senador. Es un derecho humano.

P. ¿En qué ha fallado el INE?

R. En la comunicación: en explicar mejor las decisiones y convencer que se actúa con imparcialidad. En la capacidad de reacción. En los actos anticipadísimos de precampaña hubo oportunidades para intervenir y no se hizo a tiempo. Después fue muy tarde: muchos gastos ya no eran rastreables.

P. ¿El INE ha resistido o solo ha sobrevivido a los embates políticos?

R. El INE es y tiene que ser incómodo para el poder. Es una relación que siempre puede ser tensa, pero se recrudeció en los últimos años. En el sexenio hubo una confrontación, algo que nunca había visto. Reiterados intentos de reforma que parecían buscar debilitar a la institución. Eso debe preocupar, porque la autonomía ha costado mucho construirla.

P. ¿La autonomía estuvo en riesgo?

R. La autonomía se ejerce a través de los consejeros. Y sí, un riesgo muy fuerte es que se nos pongan denuncias penales y procedimientos de responsabilidad administrativa cuando, por mayoría, decidimos posponer algunas actividades de la revocación de mandato por falta de recursos. Se nos amenazó y se nos cumplió. Ese tipo de acciones manda un mensaje grave: si tomas decisiones que no gustan, se te puede perseguir. Eso impacta en la autonomía.

P. ¿Eso implica que no recibirán su finiquito?

R. Sí, es una de las implicaciones. Pero lo más importante es el precedente que se deja para quienes vienen.

P. ¿La credibilidad del INE se ha erosionado?

R. Las encuestas arrojan que la confianza sigue siendo alta, pero puede ponerse en riesgo. Por ejemplo, en la elección judicial, el INE quedó en medio de una reforma compleja que francamente fue improvisada. No se escuchó a la autoridad, lo que generó críticas injustas hacia la institución.

P. ¿Cuál fue la elección más complicada?

R. La elección judicial de 2025, que se hizo después de una reforma fast track. Por su complejidad técnica, operativa y comunicacional, y por el desconocimiento ciudadano sobre el quehacer del Poder Judicial.

P. ¿La austeridad afectó al INE?

R. Sí. No es lo mismo aplicar austeridad interna que sufrir recortes arbitrarios. Eso afectó, por ejemplo, la revocación de mandato y en la elección judicial con la instalación de casillas, la participación y la implementación de mecanismos como el voto en el extranjero o en prisión preventiva.

P. ¿El sistema electoral sigue siendo confiable?

R. Sí, pero hay que cuidar la cadena de confianza que depende de la participación ciudadana en todas las etapas del proceso electoral.

P. ¿Cuál es el reto para 2027?

R. La concurrencia entre elecciones ordinarias y la judicial. Es técnicamente incompatible y elevaría costos, complejidad y presión institucional.

P. ¿Se ha tratado al INE como adversario político?

R. Sí, a veces, pero es un malentendido. El INE debe poner límites para garantizar equidad, aunque sea incómodo.

P. ¿Las diferencias internas fortalecieron o paralizaron decisiones clave?

R. El debate fortalece la discusión abierta si hay voluntad de construir acuerdos. Cuando esa voluntad desaparece, se paralizan decisiones, como ocurrió con las designaciones.

P. ¿Era necesaria la reforma electoral de la presidenta?

R. Es necesario perfeccionar el sistema electoral, pero lo que se ha presentado no lo veo en ese sentido.

P. ¿Qué reforma electoral se necesita?

R. Regular los actos anticipados de precampaña; tenemos una deuda histórica con el artículo 134 constitucional para evitar que se utilicen recursos públicos para incidir en la contienda, mejorar la fiscalización y garantizar que no se persiga a consejeros por el sentido de sus votos.

P. ¿Qué mensaje deja a quienes llegan al INE?

R. Que defiendan la autonomía, el profesionalismo y fortalezcan la colegialidad.

P. ¿Sería un mal mensaje definir consejerías por tómbola?

R. Sí, es un retroceso. Implica renunciar a la construcción de acuerdos y puede afectar la legitimidad de la autoridad electoral.