Veracruz reforma su código penal para castigar a los familiares que encubran a un feminicida

Veracruz se ha sumado este martes a la lista de Estados que excluyen los lazos familiares como motivo para absolver el encubrimiento de un feminicidio. Con 39 votos a favor, el Congreso estatal ha aprobado por unanimidad la llamada Ley Monse, apodada popularmente así por el brutal asesinato de la joven Montserrat Bendimes a manos de su pareja hace cuatro años, en abril de 2021, en este mismo Estado. Fueron los padres del presunto agresor, Marlon Botas, quienes lo ayudaron a huir, aunque las autoridades lograron detenerlo más de un año después. A pesar de que otras entidades de la República lo han aprobado con anterioridad, como Morelos, que fue la primera, Ciudad de México o Oaxaca, en Veracruz adquiere una dimensión simbólica mayor, pues fue en esta región costera donde la indignación prendió hasta convertirse en ley.

La Ley Monse es, en realidad, una modificación del código penal estatal que excluye como “excusa absolutoria” los lazos consanguíneos para este y otros delitos graves, como la violación o la pederastia. La necesidad de incluir esta disposición en la norma nació tras la conmoción por el feminicidio de Bendimes, una estudiante de Ingeniería Civil que contaba solo 20 años cuando recibió una paliza mortal por parte de su pareja de entonces, alumno de la misma carrera. Los padres de él evitaron llamar a la ambulancia y trasladaron a la joven en su propio coche hasta el hospital, donde la dejaron para después huir. La muchacha aguantó seis días conectada a las máquinas, pero con múltiples costillas rotas, una fractura de cráneo y derrames internos, su estado era irreversible, y finalmente murió.

El caso puso rostro a la brutalidad y la impunidad en un país donde diez mujeres son asesinadas al día y más de nueve de cada diez crímenes no quedan resueltos. Marlon Botas, el presunto agresor, fue finalmente detenido en Yucatán en junio de 2022, tras más de un año prófugo de la justicia gracias a la ayuda de sus padres, que fueron detenidos dos veces para más tarde ser puestos en libertad. La conmoción que generó el caso en Veracruz se extendió por todo el país al punto de que la Fiscalía pidió ayuda a la Interpol para emitir una ficha roja de búsqueda de Botas, y ofreció una recompensa de 250.000 pesos (unos 13.500 dólares) para quien informara sobre el paradero del criminal, que fue capturado tras un cateo en la casa de su abuela en Mérida.

El colectivo feminista que ha acompañado a la familia en todo el proceso, Las brujas del mar, ha celebrado la aprobación de la medida y ha llamado a que “no quede en letra muerta”. “Que las autoridades hagan lo propio”, ha dicho Arussi Unda, portavoz de la organización, en una entrevista con El mercurio de Veracruz. En el caso de Montserrat, añade la organización por correo a este periódico, “Marlon Botas Fuentes no ha recibido sentencia condenatoria, la familia Bendimes Roldán sigue atravesando amparos y cuanta estrategia se le ocurra a su defensa para hacer este proceso más tedioso”. “Es esta indolencia e indiferencia la que tiene a familiares de víctimas y activistas en un peregrinaje eterno en la búsqueda de justicia, que aún no llega”, completan.

Los padres de Botas, Jorge N y Diana N, fueron detenidos por primera vez en Ciudad de México en noviembre de 2021, tras haber huido de Veracruz. Más de un año después, el 14 de abril de 2023, un juez les absolvió por falta de evidencias que probaran su complicidad en el crimen, pero solo unas horas después fueron capturados de nuevo por las autoridades, esta vez bajo el delito de omisión de auxilio. En julio de ese mismo año fueron definitivamente puestos en libertad condicional, a pesar de las resistencias de los colectivos feministas.

La aprobación de la Ley Monse esta semana en Veracruz, tras cuatro años metida en un cajón, es una victoria para la familia y para las organizaciones que han empujado para que saliera adelante. “Nunca más los vacíos legales serán pretexto para no castigar a sus agresores ni a quienes les encumbran bajo el amparo de vínculos familiares o afectivos”, resaltó la diputada Elena Córdova, de Movimiento Ciudadano, durante la sesión en la que se aprobó. “Hoy damos un paso firme hacia la justicia con perspectiva de género y hacia la protección real de las víctimas”, agregó también Elizabeth Morales, del PT: “Ningún lazo personal puede estar por encima del derecho a la verdad y a la justicia. El afecto no puede justificar la impunidad”.

Indira de Jesús Rosales, del PAN, se sumó a sus colegisladoras. “Hoy es un día en el que estamos tratando de hacer justicia, porque Montse Bendimes no es un caso aislado. (...) Nos tomó cuatro años llegar a este momento”, puso sobre la mesa, tras apuntar que la reforma había avanzado más rápido en otros territorios. Algunos Estados, como Morelos, Oaxaca y Ciudad de México, cuentan ya con una legislación similar. En otras entidades, como Chihuahua y Jalisco, se han planteado iniciativas en el mismo sentido.