Un año de dudas en el asesinato del padre Marcelo Pérez en Chiapas

Los meses pasan y la justicia sigue pendiente en el caso del padre Marcelo Pérez, asesinado hace ahora un año en un barrio popular de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, en el sur de México. La justicia condenó en agosto a 20 años de cárcel al autor material del atentado, Edgar M, proceso rápido, ya que el acusado aceptó su culpabilidad. Poco se sabe del resto de la conspiración, quién ayudó al condenado a preparar y perpetrar el ataque, o quién lo contrató. En Chiapas, la diócesis de San Cristóbal y organizaciones de la sociedad civil celebran estos días la memoria del sacerdote y elevan la exigencia de que la justicia sea completa.

El carácter abreviado del proceso contra Edgar M ha evitado que la sociedad conozca el fondo del ataque contra Pérez, uno de los sacerdotes más populares del sur del país, que siempre levantó la voz por las comunidades indígenas, contra los caciques y la violencia de los poderosos. La Fiscalía no desahogó pruebas en el juzgado contra el condenado: no hizo falta. El acuerdo de culpabilidad se ventiló a puerta cerrada y la sociedad se quedó con las ganas de conocer los detalles del complot. La sospecha de que el ataque venía de una familia de caciques, enraizada en el municipio de Pantelhó, en la región de Los Altos, ha quedado en el aire durante meses.

Fuentes cercanas a la investigación que ha consultado EL PAÍS estos días confirman, sin embargo, la participación en el atentado de la familia en cuestión, conocida en la zona como el clan de los Herrera. La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC) mantienen un cerco sobre tres personas, cuya responsabilidad varía entre la financiación y la autoría intelectual del atentado, y su preparación y ejecución. “Tienen una red de apoyo y sería muy posible que lograran escapar”, dice una de las fuentes, señalando las consecuencias de un paso en falso.

El asesinato de Marcelo Pérez cimbró a un país consumido por la inseguridad y certificó la deriva violenta de un Estado, Chiapas, víctima novedosa del poder creciente de mafias caciquiles, en varias de sus regiones. No es que antes no existieran los clanes y sindicatos delictivos, o que no hubiera problemas entre comunidades y caciques, como en Pantelhó. Pero el crecimiento de grandes bolsas de criminalidad en ciudades como San Cristóbal o Tuxtla, la capital, facilitaban el trabajo de delincuentes, así como llevar a cabo conspiraciones criminales.

En el caso del sacerdote, su asesinato ocurrió en medio de un proceso complicado en Pantelhó. Demandado como mediador, Pérez había pasado los últimos 23 años tratando de conciliar posturas en conflictos en el Estado, ninguno tan laberíntico como el de este municipio, dividido en más de 80 comunidades, colgado de la cordillera sureña mexicana. El clan de los Herrera había detentado el poder durante las últimas dos décadas, pese a los reclamos y las denuncias de asesinatos y desapariciones por parte de buena parte de la población, situación que desembocó en una escalada de violencia hace cuatro años, punto de quiebre de la historia local.

En julio de 2021, un grupo de vecinos organizados, que se hacían llamar El Machete, una suerte de grupo de autodefensas, tan populares en ese y otros Estados del país, golpearon de vuelta los excesos de los Herrera. Y lo hicieron con otro exceso. Armados, enfadados, iniciaron una caza contra todo lo que oliera al clan. 21 personas desaparecieron, algunos vinculados a los Herrera, otros inocentes. 19 no han vuelto a aparecer. El padre Marcelo Pérez quedó en medio. Defensor de la causa de las comunidades y de El Machete, la parte contraria le acusaba de azuzar a las autodefensas contra ellos.

Por aquel caso, la Fiscalía local comenzó una investigación que acabó con algunos de los líderes de las comunidades en prisión. Los investigadores pusieron en la mira también al padre Marcelo Pérez. Llegaron incluso a pedir su detención, cosa que nunca se concretó. En medio de todo aquello, la diócesis de San Cristóbal movió al religioso de parroquia y le puso de encargado de uno de los templos de la ciudad, más protegido. Pero el párroco siguió pendiente de Pantelhó. Primero trató de mediar para que aparecieran los desaparecidos. Luego, siguió implicado en las negociaciones para formar Gobierno local.

Las elecciones de julio de 2024 no pasaron por Pantelhó. El conflicto entre Los Herrera y El Machete impidió que el Instituto Nacional Electoral instalara las casillas de votación. Hubo llamadas, reuniones, intentos de desbloquear la situación, mientras las partes peleaban en tribunales. A finales de septiembre, el Congreso nombró finalmente a los integrantes del Consejo municipal, órgano de Gobierno del municipio. Pero El Machete desconoció a sus integrantes, porque consideraba que eran parte del grupo de influencia de Los Herrera.

Semanas más tarde, el padre Marcelo era asesinado a balazos en San Cristóbal de las Casas. Las sospechas de todos aquellos implicados en el caso de Pantelhó no tuvieron duda alguna de dónde llegaba el ataque. Pero hasta ahora, la sospecha quedaba en eso, mera intuición. La ironía es que, con el paso de los meses, la situación en Pantelhó ha mejorado. La justicia electoral federal ordenó que se celebraran elecciones en 2025. Finalmente, los comicios tuvieron lugar en agosto, con victoria de la lista cercana a El Machete.

“Pareciera que con estos avances que hubo, se ha destensado la situación”, dice la directora del centro Frayba de derechos humanos, Dora Roberto. “Eso no quiere decir que esté solucionado, porque no se ha atendido de fondo la problemática de lo que sucede”, añade, en referencia a la pobreza de la región y el rezago de sus comunidades. En cuanto al padre Marcelo, dice que “el Estado tiene una deuda… No es solo sentenciar a esta persona, Edgar M, porque en realidad, ¿a quién le convenía, por qué lo mataron? Son preguntas sin respuesta. Es una justicia mutilada, y nos quedan a deber una investigación más profunda”, zanja.