Las sombras que persisten sobre la elección judicial: un excandidato a juez presiona a la policía que logró sacarlo de la boleta

La policía Rosalinda Ávalos consiguió sacar de la lista de aspirantes judiciales al exagente Sabas Santiago Ipiña, a quien acusa de estar relacionado con el asesinato de dos de sus tres hijos y quien fue seleccionado por el Poder Legislativo de San Luis Potosí para contender por un cargo de juez penal en este Estado del centro de México. El Ejecutivo lo había rechazado por no cumplir un requisito relacionado con la experiencia profesional, pero el antiguo policía, ya jubilado, logró pasar los filtros del comité formado por el Congreso. Eso, hasta que Ávalos irrumpió en la sesión donde se confeccionaban las listas definitivas, en febrero, y espetó a los presentes: “Mencionaron a una persona que estuvo involucrada con el cartel y ahora resulta que va directa a la boleta. ¿Cómo lo evaluaron?”. Sus palabras sirvieron para que el comité revisara su candidatura, que fue finalmente anulada, pero eso estuvo lejos de marcar el final. Rosalinda Ávalos se enfrenta ahora a dos demandas del antiguo aspirante, una por la vía civil y otra por la penal, por haber denunciado sus presuntos vínculos con el crimen organizado. “Lo que quiere es intimidarme, callarme”, dice ella al otro lado del teléfono, agotada e impotente.

Es una batalla que dura ya cinco años, desde el pandémico 2020. Rosalinda Ávalos investigaba entonces al conocido como Cartel de la Ministerial, una red de policías que colaboraba, presuntamente, con el crimen organizado. En una de las rondas de rutina, en la conflictiva delegación de La Pila, se encontró con una camioneta que contaba con un reporte de robo y salió tras ella. Cuando logró detenerla vio que quienes la manejaban eran sus propios compañeros, que comenzaron a amenazarla cuando ella lo escaló a sus superiores. El 11 de noviembre de ese año, tres meses después del incidente, tres hombres irrumpieron en su casa y dispararon contra sus hijos, Carlos, Daniela, y Yajaira. Los dos primeros murieron y la tercera quedó herida. Ávalos tiene un proceso abierto por el asesinato desde 2021, por el que hay nueve detenidos, pero no ha logrado todavía que se celebre el juicio ni que investiguen a Santiago Ipiña, a quien denunció por sus vínculos con los demás. “No se han prestado a resolver mi asunto desde hace más de cuatro años, pero el de él en mi contra se lo están resolviendo bien rápido”, se queja.

De la demanda civil por daño moral se enteró en abril, al ver en sus cámaras de seguridad cómo llegaba a su domicilio el propio Santiago Ipiña acompañado de un actuario. Ella no se encontraba en casa en ese momento, por lo que no le entregaron la notificación, pero él, que fue policía, “se encargó” de que le llegara el mensaje a través de sus compañeros, relata ella: “[Les dijo] que me va a perjudicar, en sus palabras: que me va a chingar, que me va a dejar en la calle y a hacer pagar porque lo saqué de la contienda”. Ávalos denunció que quería hacerse con el cargo para intervenir a favor de los implicados en su caso y, según la información que le han hecho llegar sus colegas de profesión, el exagente le reclama ahora el pago equivalente a lo que habría ganado como impartidor de justicia durante su mandato. “Y yo digo, ¿él cómo sabía que ya iba a quedar de juez? ¿Por qué estaba tan seguro? No me puede demandar por hechos futuros o inciertos”, lanza ella.

Más enredada es la demanda por la vía penal, que interpuso en marzo, semanas después de que tuviera lugar la sesión en la que Ávalos alzó la voz. Santiago Ipiña la denunció ante la mesa de investigación de delitos cometidos por servidores públicos por abuso de autoridad, coalición y ejercicio indebido de la función pública. “Él señala como que yo me presenté en el recinto legislativo como policía, pero yo jamás fui como servidora pública. Fui como madre, como civil, a ejercer mi libre derecho a la expresión”, corrige. Esto queda acreditado y, el 12 de junio, la mesa se declara incompetente para procesar el caso, que pasa a las mesas de trámite común.

Cómo puede responder un civil ante una denuncia por abuso de autoridad es una incógnita. Sin embargo, el 28 de agosto se entera, también por sus compañeros, de que hay un oficio de investigación en su contra y acude a la Fiscalía para solicitar las copias de todo lo que han hecho hasta ese momento para integrar su defensa. “Ayer [este miércoles] me llaman para decirme que ya están las copias y, cuando las reviso, me doy cuenta de que sus testigos son los mismos integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, relata estupefacta: “Ahí es cuando me entra el miedo y la incertidumbre”. Los testigos a los que identifica son José Artemio ‘N’, alias El Memo, detenido este mismo septiembre por narcomenudeo y relacionado con el CJNG, y la esposa de Miguel Ángel ‘N’, conocido como El Micky, uno de los policías detenidos por el asesinato de sus hijos.

Su miedo es fundado. La Fiscalía no le aclara cuál es el delito que se le imputa “como civil, como madre”, y que da lugar a esta investigación, sobre la que sospecha que se extienden los tentáculos del crimen organizado. La presencia de testigos relacionados con el cartel funciona como una amenaza implícita y ahora teme que le fabriquen un delito o acaben con su vida o la de su hija, que ya sobrevivió a un atentado anterior. “Pone de testigos a los mismos del cartel y le cree la Fiscalía? ¿Más que a mí?“, se indigna.

Este mismo miércoles acudió a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, que ha acogido su caso. Mientras conversa con este periódico, llegan a su casa los agentes de la comisión para establecer un canal de comunicación directo al que dirigirse en caso de que ”requiera auxilio policial" por sentirse en riesgo, una medida que tiene una vigencia de 60 días y que no le posibilita tener escoltas de forma permanente, como ella querría. “No esperen a ver un mensaje [de amenaza], el mensaje ya existió hace cuatro años y no se hizo nada”, les dice en diferido. Ahora, además de pelear por que se haga justicia por sus hijos en un juicio que no termina de llegar, debe defender su propia inocencia en dos procesos que consumen su energía y que la vuelven a situar en la diana de quienes se quiso defender: “Todo ha sido devastador, estoy agotada”.

Denuncias como forma de presión contra la vigilancia civil

El caso de Rosalinda Ávalos es único en su urgencia y gravedad, pero no en su naturaleza. Las denuncias de distinto tipo se han convertido en una forma de presionar y desalentar a la ciudadanía para que deje de vigilar al poder, una responsabilidad que asumió muy especialmente durante los comicios judiciales de este año. Los comités de evaluación de los tres poderes establecieron criterios de selección muy laxos para los candidatos, a los que ni siquiera investigó debidamente por falta de tiempo y de rigor. Algunos llegaron a la boleta judicial, el mayor temor de expertos y defensores de los derechos humanos, y fue la propia sociedad civil la que se encargó de señalarlos por sus pasados. Algunos han atacado de vuelta.

El excoordinador de las prisiones de Sonora Nicollino Cangiamilla denunció ante el INE al colectivo feminista que cuestionó su candidatura por contar con varias negligencias en su historial, como la muerte de una joven durante una visita conyugal para la que no tenía autorización, o la muerte de dos reos y la intoxicación de otros cuatro en otra cárcel estatal. El organismo electoral admitió la queja y le hizo un requerimiento de información a una de las integrantes de la organización, aunque el proceso no prosperó.

Algo similar le ocurrió a la actriz y conductora Laisha Wilkins, denunciada ante el Tribunal Electoral por referirse en una publicación de X a la candidata judicial Dora Martínez Valero como “Dora la censuradora”, en referencia al mote que se había autoasignado la aspirante: “Dora la transformadora”. También el periodista Héctor de Mauleón fue denunciado por calumnias y violencia política de género por Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, y contendiente por el cargo de magistrada. Mauleón reflejaba en una columna en El Universal una filtración de Guacamaya Leaks en la que se vinculaba a la familia de Contreras con una red de corrupción y tráfico de huachicol en el Estado. Las denuncias contra Rosalinda Ávalos suben varios peldaños estas denuncias y la obligan a defenderse penalmente del candidato al que acusó.