El fiscal de Quintana Roo cierra filas con el Ejército en el caso del militar acusado de abusar de una niña de 9 años

La Fiscalía de Quintana Roo informó este domingo que el militar de la Sedena, Jairo N, quien presuntamente abusó sexualmente de una niña de 9 años en la isla de Cozumel, el pasado 30 de agosto, ya ha sido vinculado a proceso y enfrenta prisión preventiva por los delitos de lesiones, privación ilegal de la libertad y abuso sexual. El fiscal general del Estado, Raciel López Salazar, sin embargo, defendió el actuar del Ejército tras la denuncia y aseguró que son los más interesados en que se haga justicia: “Esta agresión [es] muy lamentable que haya sucedido con una niña de 9 años, pero hay que reconocer acá la gran colaboración del Ejército mexicano, que no permitiría que una conducta reprobable quede impune”, dijo en conferencia a medios este lunes. Al menos 40 colectivos del país han exigido a las autoridades locales y federales que se le dé la pena máxima a Jairo N y que se deje de revictimizar a la familia de la menor.

Este caso ha dejado muchas interrogantes que tanto la familia de la niña, como varias decenas de colectivos en México, exigen que se aclaren. Por ejemplo, saber quiénes eran las otras menores que la niña ha relatado que conoció dentro de la casa del militar, y que el hombre presentó como sus hijas. De acuerdo con el testimonio de la víctima, relatado a través de sus padres, una niña como de su edad y otras dos adolescentes estaban en la casa, y fue en presencia de ellas cuando comenzaron los primeros tocamientos por parte del agresor.

Una de las integrantes de la colectiva Siempre Unidas, que ha pedido no ser citada por su nombre, por cuestiones de seguridad, asegura con preocupación que el proceso que se ha dado desde que se supo que la menor había sido atacada por el militar, ha sido victimizante para ella y su familia. Algunas personas, vecinas de la zona, y en redes sociales, han culpado directamente a los padres, ambos vendedores locales de bajos recursos, haciendo eco de una de las primeras declaraciones del alcalde de Cozumel, José Luis Chacón, cuando responsabilizó de lo sucedido al “descuido” de su familia.

Esta activista asegura: “Nos parece que los delitos por los que fue vinculado [Jairo N] no son suficientes. El proceso revictimizante para la familia es feroz, sobre todo por parte del presidente municipal. También nos preocupan mucho las otras niñas. La Fiscalía debe de investigar, por el simple hecho de que en una nota de prensa se mencionó que ellos pueden pedir una orden para verificar que las otras niñas estén bien, para empezar, si es que realmente eran sus hijas”.

Tras varias horas de haber lanzado sus primeras impresiones el pasado 30 de agosto, Chacón aseguró que sus declaraciones habían sido sacadas de contexto y aclaró que desde el primer momento había estado en contacto con la familia, brindándoles todo el apoyo. “No hay margen ni cabida para no condenar cualquier abuso y más aún cuando se trata de un menor, no importa la hora, el lugar, o el momento, no puede justificarse, tolerarse, ni permitirse la vulneración a un menor, estamos del lado de la población y velamos por su cuidado”, dijo la Alcaldía de Cozumel a este medio, el pasado 3 de septiembre.

Sin embargo, la familia ha denunciado irregularidades en su caso y una cadena de decisiones que les han revictimizado. Aseguran que les hicieron firmar declaraciones falsas y que las autoridades locales trataron de convencerlos para que aceptaran que conocían de antes al militar, como cliente que les compraba frecuentemente. “Quisiera hacer público que si algo me llega a pasar a mí o a mi familia, hago responsable a la milicia, a la Fiscalía y al presidente municipal. Porque nos han hostigado”, dijeron los padres.

En un comunicado conjunto, unas 40 organizaciones y colectivas celebraron la vinculación a proceso de Jairo N, pero aclararon que todavía faltaba mucho por hacer: “Este avance es importante, pero no suficiente. Este agresor cometió más delitos de los que hoy enfrenta en tribunales, incluyendo pederastia, corrupción de menores, agravantes por ser militar activo, intento de violación y tentativa de feminicidio infantil”, dicen. “Además, el DIF Cozumel no ha dado ninguna explicación sobre las otras niñas mencionadas en la declaración: ¿dónde están? ¿Reciben atención? ¿Están protegidas? Si eran hijas del agresor, su seguridad y cuidado deben ser prioridad”.

La noche del pasado sábado 30 de agosto, la niña de 9 años vendía frituras cerca del cuartel militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en Cozumel, cuando fue interceptada en la vía pública por Jairo N, que viajaba en su motocicleta. Fue en ese vehículo en el que subió a la menor y la llevó hasta la guarnición militar. Con testigos militares y con el permiso de quien resguardaba la entrada al complejo, pudo entrar con la niña sin que nadie le impidiera el paso o le cuestionara el porqué estaba ingresando a una menor con él.

De acuerdo con el testimonio de sus padres, la pequeña fue llevada a la casa, luego a una zona de monte, donde presuntamente fue atacada sexualmente, y después al intentar escapar fue tirada desde la motocicleta hacia la calle. La noticia se conoció rápidamente en redes sociales, y centenares de ciudadanos furiosos llegaron a la guarnición para confrontar a los militares.