La polémica en torno al último (y millonario) proceso de licitaciones del IFT antes de su desaparición

Una de las últimas tareas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) antes de desaparecer, junto a otros seis órganos autónomos, ha encendido las alarmas en Palacio Nacional. Este jueves, José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ha dicho que las concesiones de la licitación IFT-12 serán canceladas. “En primer lugar, la posición del Gobierno, de la presidenta y que evidentemente compartimos nosotros, es que esta licitación se frene”, mencionó en la conferencia de prensa matutina. Previamente, la propia presidenta expresó un día antes que el IFT “quiso dar un albazo” al otorgar esas concesiones y que se “echarán para atrás”.

El 19 de diciembre, el organismo hizo públicas la convocatoria y las bases de la Licitación (IFT-12) para concesionar el uso, aprovechamiento y explotación comercial de 2.223 bloques de espectro radioeléctrico. Este espectro es la materia prima para que los operadores de telecomunicaciones como Telcel o AT&T puedan ofrecer servicios de voz y datos, siendo particularmente útiles para ofrecer servicios de quinta generación o 5G. Un día después, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto que oficializa la desaparición de los siete órganos autónomos.

No obstante, el IFT sigue en funcionamiento y cuenta aún con atribuciones para realizar este procedimiento. “Me suena extraño que le llamen ‘albazo’, pues es un proyecto que pasó por consulta pública y que está en el proyecto en el plan de trabajo 2024 del instituto”, refiere en entrevista Irene Levy, presidenta de Observatel y especialista en telecomunicaciones. “Es una licitación que ni siquiera ha empezado, y ayer lo que dijo la presidenta causó muchísimo ruido innecesario, porque no se trata de concesiones”, indica Levy.

El calendario de actividades para esta licitación plantea que en la primera parte de 2025 haya una presentación de manifiestos de interés por parte de las empresas, y que la manifestación de ofertas monetarias se lleve a cabo en agosto de 2025 para dar un fallo definitivo entre veinte y cuarenta días después. “Fue un acto legal del IFT un día antes de la reforma, que no se sabía cuando la publicarían”, menciona Fernando Borjón, excomisionado del IFT y consultor de la firma Access Partnership. “En todo caso, al día de hoy, el IFT sigue teniendo todas sus facultades y ciertamente, entran en conflicto con las de la presidenta”, destaca.

Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), las declaraciones de la presidenta son un regreso a la incertidumbre jurídica en el sector de las telecomunicaciones. “El propio decreto de extinción dice que los actos del IFT tienen validez jurídica, esto incluye el proceso de consulta pública de la licitación IFT-12, pero es evidente que no tienen legitimidad política ante el nuevo Gobierno”, comenta en entrevista.

Una licitación de alcances millonarios

Se trata de una licitación de amplio alcance, no solo por el volumen de espectro que será dedicado a proveer servicios de 5G, sino por la cantidad de recursos que puede obtener el Estado mexicano por esta oferta, cuyos costos son los más altos de Latinoamérica. El valor de este codiciado espectro se compone 80% por el valor de los derechos que determina la Secretaría de Hacienda y el otro 20% por lo que se determine en la subasta.

Los alcances son millonarios. Tan solo en la última licitación (IFT-11) para la prestación del servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas, realizada en 2023 por el Instituto, el valor económico de 92 bloques de espectro fue de 91,4 millones de pesos (unos 4,5 millones de dólares), de los cuales 5,8 millones de pesos correspondieron a las ofertas recibidas, más un estimado de 85,6 millones de pesos por concepto de derechos por uso del espectro, que las empresas pagarán en un plazo de 20 años.

Para la licitación IFT-12, en actual disputa, se oferta un bloque mucho mayor de materia prima para las telecomunicaciones. “Es una licitación de mucho espectro y que no toma en cuenta lo que está pasando hoy por hoy, con Telefónica y AT&T regresando espectro, ya se ha dicho que México es uno de los países más caros, y licitarlo así me parece que no es una muy buena idea”, refiere la presidenta de Observatel. Entre 2021 y 2022, Telefónica regresó todo el espectro que tenía concesionado al Estado mexicano, alegando sus altos precios, y actualmente opera con el espectro que le ofrecen Telcel y AT&T bajo el nombre comercial de Movistar.

Por otro lado, este proceso de licitación contempla que se subaste la banda de 600 MegaHertz (MHz), una porción del espectro radioeléctrico que destaca por su capacidad para mejorar la cobertura de las redes móviles, especialmente en áreas rurales y suburbanas. Pero para Levy, es muy probable que el Gobierno busque dar esta banda a Altán redes, que actualmente opera con CFE Telecomunicaciones. “Quizá están esperando la nueva legislación y le querrán dar todo ese espectro a Altán, que de por sí ya tiene toda la banda de 700″, refiere la experta.

Aunque los plazos para que esta materia prima pueda subastarse aún no han empezado, permea la incertidumbre entre el sector de las telecomunicaciones ante la extinción del IFT. “Es claro que las nuevas autoridades diseñarán su propia licitación con similares o nuevas reglas, fechas y condiciones. El IFT ya no tiene vela en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión”, finaliza el presidente de la Amedi.

Con la desaparición del IFT, se plantea que las facultades regulatorias de telecomunicaciones y radiodifusión pasarán a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), mientras que las de competencia económica serán competencia del órgano descentralizado que se creará en próximos meses.