Pocos aspirantes, tensión con el INE y un calendario ajustado: el fatigoso camino hacia la elección judicial

La elección judicial va a toda costa. En junio de 2025. Y que no cueste tanto dinero público. Son los imperativos que rigen la implementación de la reforma al Poder Judicial. Validada ya por la Suprema Corte de Justicia, la Constitución dicta que el 1 de junio del próximo año los mexicanos votarán a unos 900 cargos judiciales federales, incluyendo jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados electorales y ministros del Supremo. A ello hay que sumar los cientos de jueces que corresponden a cada poder judicial estatal, que también deberán ser votados en las urnas. La logística para llevar a cabo estos comicios inéditos ha puesto en aprietos al Instituto Nacional Electoral (INE). La autoridad ha pedido un presupuesto milmillonario, que Morena rechaza, por elevado. El INE también busca tener algo de más tiempo para organizar la compleja elección. La respuesta del oficialismo, que se ha mostrado inflexible en todo lo relacionado con la reforma, está por verse.

A estos problemas de organización hay que sumar que los comicios han suscitado poco interés entre la ciudadanía. Se espera que 16.230 abogados se inscriban al proceso como aspirantes a jueces. Cada poder, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, recibirá y gestionará un tercio de las postulaciones. La convocatoria establece que la fecha límite de postulación cierra en cinco días. Hasta el miércoles, el Ejecutivo había registrado 1.000 inscripciones, y el Poder Judicial, 378. Dos días antes, el lunes, el Congreso reportaba la recepción de 2.950 solicitudes; de ese total, solo un tercio correspondía a mujeres aspirantes, según reportó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena. La baja participación de mujeres anticipa ser otro problema, pues la postulación a los cargos judiciales debe ser paritaria.

Pese a la incertidumbre, el Ejecutivo ha enviado al Congreso más reformas complementarias de la enmienda judicial. Las nuevas leyes reglamentan el funcionamiento del Tribunal de Disciplina, que vigilará y sancionará las malas conductas de jueces. Los críticos de la reforma judicial advertían de que el nuevo aparato podría fungir como medio de castigo a jueces por el contenido de sus sentencias. Ernestina Godoy, consejera jurídica presidencial, ha explicado que se establecerá claramente en qué supuestos y con qué procedimientos actuará el tribunal, sin arbitrariedades. “Tiene que haber certeza de qué faltas son y qué sanciones son las que se tienen que aplicar; por primera vez va a haber esta supervisión, este espacio que es el tribunal, en el que van a poder decir ‘actuó mal un juez’. No se le están dando facultades al tribunal de quitar las resoluciones, sino de imponer en todo caso las faltas y, de ser necesario, llevar ante Ministerio Público si es que hubiera posibilidad de algún delito”, ha explicado la funcionaria.

Las leyes también reglamentarán el funcionamiento de la nueva Suprema Corte, que estará conformada por nueve ministros electos y que sesionará en pleno (se eliminaron las dos salas que operan actualmente). También se detallarán las funciones del Órgano de Administración Judicial, dedicado solo a la gestión de los recursos humanos y materiales, y de la Escuela Nacional de Formación Judicial, que no solamente capacitará a jueces, sino incluso a integrantes de las fiscalías y las policías, según ha explicado Godoy.

El INE discutía la noche del miércoles un proyecto con el que pedía al Congreso retrasar la fecha de la elección judicial. El árbitro electoral ha solicitado un plazo extra de 90 días, de modo que la votación no sea en junio, sino en septiembre de 2025. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, integrante del bloque gobernante, ha concedido que analizan la posibilidad de dar la prórroga. “Lo estamos evaluando; de hecho, buscaré a la consejera presidenta [del INE, Guadalupe Taddei] para ver si a marchas forzadas puede salir en el plazo previsto, que es lo ideal”, ha indicado.

El árbitro electoral avanza entre presiones. Ya había solicitado un presupuesto de 13.200 millones de pesos para organizar los comicios judiciales, pero al oficialismo le pareció un gasto excesivo, considerando que, según sus cálculos, en la pasada elección —cuando ganó Claudia Sheinbaum la presidencia—, el requerimiento fue menor. El martes, Taddei se reunió en privado con el diputado Monreal para hablar de los recortes posibles para que la elección judicial cueste menos a los mexicanos. No se ha hablado públicamente de la nueva proyección presupuestal, pero el límite parece ya estar colocado.