Una ola de violencia arrasa a las comunidades triquis en Oaxaca: asesinado el entrenador Rigoberto Martínez y dos mujeres artesanas

Rigoberto Martínez Sandoval conoció de cerca la fama en 2013, cuando fue uno de los entrenadores del equipo infantil de basquetbol de niños indígenas triquis que ganaron todos los torneos de su categoría en aquellos años en México y también en el extranjero, jugando descalzos y con una agilidad que dejaba a todos boquiabiertos. El entrenador, quien también era profesor y militante del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) en Oaxaca, ha sido asesinado a tiros la tarde de este lunes cuando salía de la escuela normal Presidente Lázaro Cárdenas, en el municipio de Putla de Guerrero. Su asesinato se suma al de las hermanas y artesanas triquis, también integrantes del MULT, Virginia y Adriana Ortiz García, el pasado miércoles en Oaxaca, la capital del Estado. Los tres asesinatos en una semana ponen el foco en otra de las regiones más olvidadas de México, envuelta en una maraña de disputas por los recursos naturales y el territorio. Esa es la tesis principal de la Fiscalía estatal, que apunta a conflictos internos entre los liderazgos de las comunidades triquis.

El territorio en el que se ha establecido la población triqui en Oaxaca vive, desde hace más de una década, una violencia que se ha agravado en los últimos meses. Desde MULT hacen cuentas y les salen, solo desde 2019, 34 personas de su comunidad asesinadas; más de 15 son sobrevivientes de ataques con armas de fuego y cuatro personas desaparecidas. Octavio de Jesús García, dirigente estatal del MULT en la ciudad de Oaxaca, cuenta por teléfono sobre el asesinato de Martínez Sandoval que “es un golpe muy fuerte para la niñez en la región triqui”.

El MULT nació oficialmente en 1981, cuando las comunidades triquis denunciaron el despojo de su territorio y sus recursos naturales. “A partir de ahí estamos en una disputa con el cacicazgo priista. Desde entonces vivimos en la violencia permanente por parte de esos intereses caciquiles y electorales de los partidos políticos”, dice su dirigente, apuntando al que era, hasta hace poco, el partido hegemónico en México, pero también a los gobiernos que siguieron. “Ocupan al Gobierno estatal para dividirnos, para meter armas y poder exterminar o querer acabar con nuestra comunidad y nuestros pueblos originarios”, dice.

En 2006, el MULT sufrió una fractura al interior y surgió el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULTI), al que los primeros señalan como los autores de los asesinatos y los recientes ataques a sus integrantes. Tras estos señalamientos, el MULTI ha salido a desmarcarse en un comunicado: “Nos defendemos y rechazamos las acusaciones infundadas e irresponsables vertidas por la dirigencia del MULT. Estas acusaciones son una burda manipulación política que busca sembrar división y desinformación, mientras ocultan la realidad de lo que realmente ocurre en nuestra región”.

Sin embargo, García asegura que los señalamientos responden a que, cuando han celebrado mesas de diálogo con el MULTI, “un día después o ese mismo día, suceden los asesinatos o los ataques”, y añade que los hechos siempre se registran del lado de las comunidades que integran ese movimiento.

Horacio Santiago, representante del MULTI revira estas acusaciones y asegura que el movimiento del que forma parte tiene como principal objetivo que las familias triquis de las comunidades de San Miguel Copala y Tierra Blanca Copala desplazadas en 2010 y 2020 por a violencia, puedan volver a sus tierras. “Hay actores que están echando abajo todo intento de pacificación”, afirma este dirigente, quien señala en una conversión telefónica, al cacicazgo de una de las familias que controla el MULT por la violencia y la manipulación de la información. “Solo hay que preguntarse, ¿cuántos desplazados hay a causa del MULTI y cuántos servidores públicos tiene el MULTI en el Gobierno? Nosotros estamos abiertos a que nos investiguen”, concluye.

Ambas organizaciones han señalado a este diario el uso de las problemáticas de la población triqui con intenciones políticas que pretenden tener el poder de las comunidades.

Las víctimas

Los gigantes descalzos de las montañas era el nombre de uno de los proyectos que Martínez Sandoval encabezaba, junto al entrenador Sergio Zúñiga, en aquel glorioso 2013, en el que el mundo conoció a los campeones que preferían jugar sin zapatos porque se sentían más ligeros y jugaban mejor. Fue uno de los inicios para un joven Rigoberto que trabajó siempre para darle a su comunidad una perspectiva distinta sobre su propio futuro. “Todos los caminos del mundo llevan hasta el corazón de los triquis. Siempre con esa ideología de salir a triunfar y demostrar la actitud, no nada más en Oaxaca, sino demostrar en todo México que un indígena también puede lograr sus sueños”, publicó en sus redes en marzo de 2013.

El MULT, de mano de nuevas generaciones como la del entrenador Rigoberto, ha puesto en marcha distintos programas destinados a los niños y niñas y adolescentes triquis para que prioricen el deporte o la educación y devuelvan a sus comunidades lo aprendido.

Las hermanas Virginia y Adriana Ortiz García, de 45 y 35 años, son mencionadas por algunos medios locales y personas del movimiento como activistas. Se refieren a la labor que la activista indígena Emelia Ortiz, hermana de las artesanas, quien además es exdiputada de Morena, ha ejercido en los últimos años por los derechos de su comunidad. “Hermanas mías, hoy terminaron con sus vidas, más no con sus ideales y sus voces de grito de paz en la nación triqui”, denunció en su cuenta de Facebook.

Las hermanas Ortiz habían denunciado la desaparición en 2013 de dos de sus primas: Daniela y Virginia Ortiz, cuyos casos han solicitado al Gobierno que sean esclarecidos y que las presenten con vida. Eleazar Ortiz, primo de estas mujeres y uno de los dirigentes del MULT, ha afirmado a medios locales que es un sobreviviente de una emboscada, y que tiene desde hace años medidas cautelares.

Los ataques y asesinatos de estos miembros de la población triqui han sido perpetrados con armas de fuego de grueso calibre, una denuncia que ambos frentes hacen: la entrada de armamento y dinero para atentar de forma “profesional” en contra de los miembros de su propia comunidad. La Fiscalía del Estado de Oaxaca solo ha informado que ha puesto en marcha investigaciones para clarificar los asesinatos.