La votación en la Corte sobre la reforma judicial eleva la tensión entre Morena y los ministros del Supremo

El clima político en México está entrando en un punto de ebullición. La Suprema Corte de Justicia iniciará este martes la discusión de un proyecto de sentencia que propone anular una parte sustancial de la reforma al Poder Judicial impulsada por el oficialismo. Aprobar el proyecto, elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara, requiere de ocho de los 11 votos del pleno. Es factible que los togados del bloque mayoritario, distanciado del Gobierno, logren esa cifra. El proyecto plantea que solo los ministros del Supremo, los magistrados del Tribunal Electoral y los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina sean electos por voto popular, uno de los puntos centrales de la enmienda. Sin embargo, se propone que los jueces y magistrados de distrito continúen sujetos al mecanismo escalonado de ascensos de la carrera judicial. El Gobierno y la formación oficialista, Morena, han dado señales de que no aceptarán la sentencia si se aprueba en esos términos. La negativa a acatar una resolución de la Corte anticipa una crisis política sin precedentes.

Es posible que la discusión del proyecto de Alcántara tome más de un día. La mandataria, Claudia Sheinbaum, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, han declarado que tienen “un plan” en caso de que resulte un escenario adverso a los intereses del Gobierno. “Estamos preparados”, ha dicho la presidenta. “Tenemos por supuesto un plan, sea que decidan a favor o que decidan en contra”, ha añadido. La mandataria ha insistido en que “ocho ministros no pueden estar por encima del pueblo de México” y ha acusado a la Suprema Corte de provocar un conflicto constitucional, un discurso que ha sostenido hace varios días. Fernández Noroña ha afirmado que Morena no reculará en aplicar al pie de la letra la reforma judicial, que ya está vigente en la Constitución. “Que pase lo que quieran [los ministros], nosotros no nos moveremos ni un milímetro de la elección de personas juzgadoras”, ha dicho.

Sheinbaum y otros dirigentes del bloque gobernante han sostenido que la Corte no tiene facultades para “cambiar la Constitución”, sino que eso es una atribución exclusiva del Poder Legislativo, donde el oficialismo tiene mayoría calificada en ambas Cámaras. No obstante, la Suprema Corte mexicana es un tribunal constitucional, es decir, vigila que las leyes aprobadas se apeguen al texto de la Ley Suprema. El proyecto de Alcántara señala que la Corte tiene la facultad de revisar las reformas constitucionales de manera excepcional y cuando las enmiendas vulneren el modelo de república federal democrática consagrado en la Carta Magna.

El proyecto indica que la reforma judicial afecta a la división de poderes en que se organiza la nación, pues uno de ellos, el Judicial, está siendo menoscabado en su independencia y sometido a la lógica política y electoral del Ejecutivo y el Legislativo. Alcántara argumenta que la elección de jueces por voto directo a partir de 2025 implica el despido masivo de juzgadores. Señala que la independencia judicial descansa en garantías que la enmienda ha borrado, como la inamovilidad en el cargo, un sistema adecuado de ascensos, la prohibición del despido injustificado y la irreductibilidad del salario.

Fernández Noroña ha cuestionado cuál es el razonamiento de que Alcántara reconozca la elección para los ministros y magistrados electorales, pero no para los jueces de distrito y magistrados de circuito. El proyecto de sentencia sugiere que se trata de un gesto conciliador de toma y daca, en el que no se invalida toda la reforma y se entrega la cabeza de la cúpula de la judicatura a cambio de rescatar la carrera judicial de cientos de juzgadores. El oficialismo no ha recibido de buena manera el ofrecimiento de paz. Fuentes judiciales han señalado a este periódico que algunos ministros del bloque mayoritario están siendo objeto de presiones desde el Gobierno para que voten contra el documento de Alcántara.

Aunque las sentencias de la Corte son obligatorias, el presidente del Senado ha adelantado que el oficialismo desconocerá una resolución adversa. “Hay un grupo de ministros de la Corte que está a un milímetro de acabar en el basurero de la historia, escribiendo una de las más lamentables páginas, porque nos señalan de que estamos en una crisis constitucional generada por nosotros, y está generada por ellos”, ha afirmado. “Si la Corte dijera: ‘No se pueden elegir a las personas juzgadoras’, nosotros decimos: ‘Sí se puede y se van a elegir’. Punto”, ha añadido. Conforme a la reforma judicial, los Comités de Evaluación que han conformado los tres poderes han emitido este lunes la convocatoria para que los aspirantes a algún cargo judicial se inscriban en el proceso de selección, paso previo para pasar a la boleta electoral.

La presidenta de la Corte, Norma Piña, ha señalado que “en estos momentos en donde nuestra democracia enfrenta amenazas sin precedentes” los funcionarios judiciales “han demostrado una entereza y profesionalismo ejemplares, a pesar de las calumnias, infundios y agresiones que han recibido”. La asociación nacional de jueces y magistrados, la JUFED, ha convocado este martes a una manifestación a las afueras del Alto Tribunal para expresar su respaldo al proyecto de Alcántara. “La última batalla es con la Suprema Corte de Justicia, porque esa es la única carta que tiene México de esperanza para conservar su república y su democracia”, ha asentado. Las consecuencias políticas de que la Corte apruebe una sentencia de este calado están por verse, con los líderes morenistas dispuestos a movilizar a cientos de personas en las calles en protesta. A su vez, no acatar la resolución del Alto Tribunal puede repercutir en el valor de la moneda y minar la confianza de los inversionistas. Son horas decisivas para México.