Sheinbaum despliega al gabinete de seguridad en la mañanera: desde Harfuch al regreso público del fiscal Gertz

Mensaje de fuerza este martes en la mañanera, con el despliegue al completo del gabinete de seguridad, incluido el fiscal general, Alejandro Gertz. Ha sido la primera vez que el fiscal acudía a un evento público del nuevo Gobierno, la primera vez, en realidad, que ha comparecido ante la prensa en años. Gertz ha hablado del caso de Ismael El Mayo Zambada, viejo capo del Cartel de Sinaloa, y ha asegurado que su secuestro y traslado a Estados Unidos en julio es un hecho “probado”. Una noticia, las declaraciones del fiscal, que ha compartido protagonismo con su mera presencia pública, tan extraña desde que asumió el cargo, en diciembre de 2018.

Se le ha visto bien a Gertz, mejor que en las fotos de meses anteriores, convaleciente de una cirugía en la espalda, que lo tuvo apartado del cargo unas semanas. El fiscal ha compartido protagonismo con el resto de integrantes del gabinete de seguridad, todos presentes en Palacio Nacional, dibujando esa imagen de unidad y trabajo coordinado que pretende construir el Gobierno, dirigido por Claudia Sheinbaum. Allá han estado el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, una de sus personas de confianza, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los secretarios de Defensa y Marina, Ricardo Trevilla y Raymundo Pedro Morales.

Es un momento delicado para el Gobierno en materia de seguridad, asediado por fuegos, algunos más urgentes que otros, pocos tan visibles como el de Sinaloa. La muerte de 19 presuntos delincuentes la semana pasada en un supuesto enfrentamiento con el Ejército, en Culiacán, resume el clima de violencia que impera en la región desde hace más de dos meses, e ilumina uno de los miedos del Ejecutivo, que el uso excesivo de la fuerza se convierta en norma. Al caso de los 19 se suman al menos dos más en el último mes, uno en Chiapas, que acabó con seis migrantes muertos, y otro en Guerrero, que dejó 14 presuntos criminales abatidos.

Este martes, reporteros han preguntado al general Trevilla por los hechos de Culiacán, particularmente por un video en que se observa a militares y guardias nacionales, con un hombre detenido, a quien al parecer pretenden matar. En el vídeo, se les escucha decir “¡mátalo!”. Luego se dan cuenta de que una cámara de seguridad está grabando el evento. Situaciones así no son nuevas. Hace unos años, militares fueron captados en video en Nuevo Laredo, después de un operativo que dejó 12 muertos. En el operativo, se escuchaba que uno de los soldado decía, “¡está vivo!”. Y otro contestaba, “¡mátalo a la verga!”. El Ejército no reportó herido alguno entonces.

“La obligación de nosotros es estar muy pendiente de nuestro personal. En nuestros planteles de formación, siempre se incluyen aspectos relacionados con la protección a los derechos humanos. Sistemáticamente, no hay una instrucción para que se actúe de manera que esté fuera de la ley”, ha dicho Trevilla. “La instrucción que hemos recibido nosotros y además lo tenemos que hacer por ley es que actuemos conforme a derecho, apegados al uso racional de la fuerza y, por supuesto, en especial la instrucción que he recibido de la presidenta es que no haya impunidad”, ha añadido.

La guerra del Cartel de Sinaloa obliga al gabinete a idear soluciones que trasciendan la fuerza militar. El esquema habitual de pasadas administraciones, particularmente de los gobiernos del PRI y el PAN, confiaba a la fuerza bruta cualquier resolución del problema de inseguridad. Pero en todos estos años, la situación no ha hecho más que empeorar. Si bien es cierto que en los años del Gobierno pasado, dirigido por Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), la inercia al alza en el número de asesinatos logró contenerse, también lo es que los descensos han sido mínimos y que México cuenta más de 30.000 asesinatos al año desde hace más de un lustro.

En ese sentido, García Harfuch ha dicho: “Hemos planteado dos acciones, que son parte de nuestra estrategia de seguridad (...) una, la reforma del artículo 21 constitucional, que brindará capacidad a la Secretaría de Seguridad para generar investigaciones que permitan coadyuvar con la Fiscalía General de la República (FGR), en la investigación de delitos y cumplimento de órdenes de aprehensión. Además” ha continuado, “permitirá la coordinación con fiscalías de los estados. La segunda acción es la ley del sistema nacional de investigación e inteligencia en materia de seguridad, un mecanismo de coordinación de instancias de seguridad, que permita la vinculación de las instituciones de seguridad con la FGR, las fiscalía estatales y policías locales”.