Los trabajadores del Poder Judicial mantienen su huelga en contra de la orden de la Judicatura: “No se para una protesta por decreto”

Una buena tanda de trabajadores del Poder Judicial han decidido desacatar la orden del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y continuar con el paro parcial de labores que cumple dos meses en protesta a la polémica reforma judicial. Otros tantos, repartidos por algunos Estados del país, han optado por retomar las actividades. “No se puede parar una protesta por decreto”, lanzaron los jueces en una conferencia matutina. En medio de la tensión entre el Gobierno de Claudia Sheinbaum y los impartidores de justicia por la enmienda constitucional que llevará a jueces, ministros y magistrados a ser electos por voto popular, la implementación de la reforma sigue avanzando. Para ello, esta misma semana se conformará el comité técnico que pilotará la selección de los aspirantes a los más de 800 cargos que se votarán en junio del año que viene.

Cinco días después de que la Judicatura lanzara la orden para concluir el paro de labores, el regreso a la normalidad en las sedes judiciales ha sido parcial. Los centros más emblemáticos se mantienen cerrados en su mayoría, con guardias y con comitivas de empleados instalados en los accesos principales, como ha ocurrido desde el día uno de la huelga que inició el 21 de agosto. En el Palacio de Justicia de San Lázaro, recinto que alberga juzgados y tribunales colegiados en materia laboral, el regreso a las actividades es prácticamente nulo. En el edificio Prisma, otro de los inmuebles que mayor número de trabajadores alberga, también ubicado en Ciudad de México, los empleados de los juzgados especializados en recursos de amparo, mantienen el paro. La escena se repite en los tribunales colegiados en materia penal y en los juzgados de los tres centros de reclusión de la capital del país: los reclusorios Oriente, Sur y Norte. Por contra, parte de los trabajadores de juzgados y tribunales colegiados en materia administrativa han atendido la orden de regresar a las labores.

El CJF ordenó el 23 de octubre concluir con la huelga y retomar actividades de manera inmediata en todos los tribunales y juzgados del país, bajo amenaza de comenzar con descuentos salariales. Un día antes, la presidenta había emplazado a la Judicatura a penalizar a los trabajadores que mantuvieran el paro. Y un día después, Sheinbaum celebró la decisión del organismo judicial de ordenar el regreso a los centros de trabajo. La respuesta, en todo caso, no ha sido generalizada.

Los trabajadores aseguran que la interrupción de actividades ha sido parcial y se mantienen guardias para la atención de asuntos urgentes. “No ha sido una suspensión de labores completa, ni inflexible, han podido ingresar jueces, magistrados y a sus colaboradores para atender casos urgentes”, dice Patricia Aguayo, vocera de un segmento de empleados del Poder Judicial.

Ante la orden de castigar la protesta vía salarios, algunos trabajadores han manifestado que de cumplir con la amenaza regresaran a sus puestos. Otro tanto anuncia que se mantendrá en resistencia aún con la afectación a sus ingresos. “Por supuesto que hay temor [a los recortes salariales], contrario a la mala imagen que se nos ha dado ante la ciudadanía, los trabajadores no somos millonarios. Hay compañeros que han decidido que si les comienzan a descontar salarios no seguirán con la movilización, pero hay un gran número que han dicho, ‘no me importa si me descuentan, voy a continuar en resistencia hasta que nos cumplan lo que nos han ofrecido’”, apunta Aguayo.

En los 32 Estados del país el escenario es prácticamente igual. Solo algunas sedes judiciales han retomado actividades, el resto mantiene la protesta a la reforma judicial. Los jueces han sostenido este lunes que la interrupción parcial de labores no se termina por mandato. “La protesta es un derecho [...] Las protestas no se acaban por decreto si las cuestiones demandadas no se han resuelto, eso es importante saberlo”, dijo este lunes la magistrada de distrito, Magda Ortega, en la conferencia de prensa matutina que iniciaron la semana pasada.

Las leyes reglamentarias de la reforma judicial han establecido el 31 de octubre como fecha límite para que los tres poderes conformen sus respectivos comités técnicos de evaluación, quienes iniciarán con la depuración de los perfiles hasta tener los listados finales con los juzgadores. Como último paso serán sometidos a sorteo para reducir el número de candidatos que compitan en las urnas por los más de 800 cargos judiciales. La mandataria ha anunciado que esta misma semana tendrá los nombres de las personas que integrarán el comité que le corresponde. Se trata de tres mujeres y dos hombres, desveló Sheinbaum. “Lo voy a presentar esta semana [...] tenemos que presentar a cinco personas reconocidas”, dijo en la conferencia matutina de este lunes.

La Corte también ha decidido sesionar esta semana para iniciar con la integración de su comité y la respuesta de los juzgadores no ha tardado en llegar. “Que sean personas con alta solvencia moral; con altos conocimientos técnicos y académicos. Si podemos remontar la reforma y darle vuelta, perfecto. Tenemos una alta expectativa en los poderes respecto de la perfección, del funcionamiento y de los nombramientos en los comités de evaluación”, dijo la magistrada Ortega.