Estados Unidos pisa el acelerador contra el ‘Z-40’ y el ‘Z-42’, líderes del sanguinario cártel de Los Zetas

El Gobierno de Estados Unidos no ceja en su plan de llevar a su territorio a capos mexicanos de alto perfil para juzgarlos por sus crímenes y confiscarles su riqueza ilícita. Washington ya tiene en sus manos a líderes del Cártel de Sinaloa —como Ismael El Mayo Zambada y dos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán— y a operadores importantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) —uno de ellos el hijo de Nemesio Oseguera, El Mencho, fundador del grupo criminal. Ahora, EE UU ha puesto en la mira a los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales, Z-40 y Z-42, respectivamente, líderes del violento cártel de Los Zetas, renombrado como Cártel del Noreste (CDN). Z-40 fue detenido en 2013, y Z-42, en 2015. Washington ha pedido su extradición desde hace más de una década, pero en semanas recientes ha apretado la pinza en torno a los hermanos criminales, a los que busca juzgar por tráfico de drogas a territorio estadounidense —principalmente cocaína—, blanqueo de dinero y asesinato.

El Gobierno de EE UU ha acusado al Poder Judicial mexicano de dilatar la extradición de los líderes de Los Zetas, pues el proceso se ha entrampado durante años en los tribunales. El Gobierno mexicano, a su vez, ha dejado ver que también tiene interés en enviar a los capos a EE UU, y ha echado la pelota al bando de los jueces, con los que ha mantenido un pulso por la polémica reforma judicial.

El miércoles, el Departamento de Justicia estadounidense hizo pública una acusación contra los Treviño Morales en la que asegura que los hermanos han seguido controlando el cártel desde prisión, luego de “instalar a varios miembros de su familia para dirigir las operaciones en su nombre”. El documento agrega que Z-40 y Z-42, de 51 y 48 años, son responsables de “innumerables actos de violencia, incluyendo asesinatos, asaltos, secuestros y tortura”. Señala que de 2003 a la fecha los capos han traficado en México, Guatemala, Venezuela, Colombia y Estados Unidos 45 toneladas de cocaína, y que en un plazo de un año obtienen ganancias de 10 millones de dólares. Tan solo a EE UU han ingresado al menos 14 toneladas de cocaína, de acuerdo con la acusación.

La extradición de los jefes de Los Zetas se ha atascado en los tribunales mexicanos. En gran medida se debe a que la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales ha alegado que su cliente es un homónimo y que está siendo asociado al alias de Z-40 por error de las autoridades. La defensa sostiene que los jueces han ratificado esa versión y han ordenado su absolución en las causas en las que fue denunciado por delincuencia organizada. Miguel Treviño sigue en prisión por otras dos causas pendientes de resolución relacionadas con los delitos de portación de armas y fomento al narcotráfico.

Estados Unidos ha presentado ante México dos solicitudes de extradición en el caso de Z-40, una en 2013, al poco tiempo de su captura, y otra en 2015. Como parte del procedimiento para extraditar a un detenido, un juez federal debe emitir su “opinión” respecto a si procede o no la petición de Washington. Sin esa “opinión judicial”, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) —en otras palabras, el Ejecutivo— no puede dar luz verde a la extradición. El problema es que esa “opinión judicial” no ha sido emitida por parte del juzgado federal en al menos una década.

El embajador de EE UU en México, Ken Salazar, ha acusado abiertamente al Poder Judicial de retrasar la extradición de Z-40 y Z-42 (lo hizo durante una conferencia en agosto y lo ha vuelto a hacer en una rueda de prensa este jueves). Sus críticas tienen de trasfondo la reforma judicial que somete al voto popular la selección de todos los jueces en México. La enmienda ya ha sido aprobada y está en su fase de implementación. El oficialismo defiende que con la reforma se sacudirá de corrupción al Poder Judicial, en el que —ha señalado el Gobierno— se han formado lazos de complicidad entre muchos jueces y narcotraficantes o delincuentes de cuello blanco.

El embajador Salazar ha confiado en que la enmienda judicial destrabe la extradición de los líderes de Los Zetas. “Es una reflexión de la necesidad de reformar el Poder Judicial. Eso lo he reconocido desde hace tiempo”, ha dicho el diplomático. “Esta es una parte de la reforma [en la] que ojalá vayamos a ver resultados, para que no tengamos esas situaciones donde hay un detenido y donde hay un malestar por falta de acción de un juez que, por cualquier razón, no quiere actuar. […] Ojalá que se pueda mover, lo hemos hablado con el Gobierno mexicano varias veces, pero lo que nos ha parado han sido los jueces”, ha agregado.

Horas antes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también cargó contra los jueces por la dilación en el caso. “¿Quién los tiene amparados para no poderlos extraditar? El Poder Judicial”, ha dicho la mandataria en su conferencia Mañanera. Sheinbaum ha precisado que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, “insistió” en la extradición de los hermanos Treviño Morales, pero se encontró con el muro judicial. “¿Qué está haciendo ahora el Poder Judicial con los delincuentes?”, ha cuestionado. “Hay un sistema de justicia y lo que queremos es que se erradique la corrupción en cualquier lugar en nuestro país”, ha precisado.

La acusación contra Z-40 y Z-42 hace un recorrido por la historia de Los Zetas, primero como un brazo armado del Cártel del Golfo y luego como un cártel autónomo, que hizo de la violencia y el terror su sello distintivo. El documento describe cómo Miguel Treviño se volvió jefe de la organización tras la muerte de Heriberto Lazcano, El Lazca, que era la cabeza. A partir de ahí comenzó a denominarse Cártel del Noreste. Luego de la captura de Z-40, en 2013, Omar Treviño tomó las riendas del grupo criminal, hasta su arresto en 2015. La acusación responsabiliza a los hermanos de la masacre de Allende (Coahuila), sucedida en 2011 y en la que sicarios de Los Zetas asesinaron a decenas de familias.

También se les señala de haber asesinado a funcionarios mexicanos, policías y militares; a miembros del Cártel del Golfo y de los propios Zetas, así como a representantes del Gobierno de Guatemala y a narcotraficantes de ese país centroamericano. Además de cocaína, los hermanos Treviño Morales son acusados de traficar marihuana a EE UU. Se les acusa de poseer, transportar y utilizar armas de fuego, incluidos rifles de asalto. Se les señala de blanquear dinero obtenido de sus actividades ilícitas y de utilizar para ello fachadas en México y EE UU. Washington advierte en su acusación de que, de lograr extraditarlos a su territorio, pedirá para Z-40 y Z-42 la pena máxima de cadena perpetua en prisión. Con los funcionarios de la judicatura en paro de labores por la reforma judicial, los jefes de los sanguinarios Zetas continúan comprando tiempo.