La Iglesia mexicana pide al Gobierno garantizar la seguridad tras el brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo
La Conferencia del Episcopado Mexicano alerta de una “violencia extrema” y una “situación alarmante” en el país y pide a las autoridades acciones inmediatas
La Iglesia mexicana ha enviado esta semana un mensaje al Gobierno de Claudia Sheinbaum para alertar sobre una “violencia extrema” que se vive en el Estado de Guerrero y la “situación alarmante” que atraviesa todo el país. El mensaje llega después del brutal asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, que apareció el domingo pasado decapitado y abandonado en una camioneta. Se trata de una de las primeras peticiones directas que ha lanzado la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) al nuevo Ejecutivo. Apenas unos días atrás había escrito otro para condenar el asesinato de seis migrantes en manos de soldados del Ejército en Chiapas. La institución católica ha solicitado ahora a las Administraciones federal, estatal y local que tomen cartas en el asunto para frenar la ola de violencia que sacude a la entidad. “La CEM”, apuntan, “exhorta a las autoridades de todos los niveles a tomar acciones concretas e inmediatas para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos”.
El día que tomó posesión Claudia Sheinbaum, hace ocho días, la CEM envió una propuesta para “seguir dialogando para construir la paz que México necesita”. Abrió así la puerta a mantener comunicación con la institución y trabajar en algunos puntos del país donde los sacerdotes se han vuelto actores importantes. “La emergencia humanitaria que viven muchos municipios del país a causa de la violencia crónica, el desplazamiento forzado o los fenómenos naturales, solo podrán ser superadas con la participación de los distintos sectores sociales”, se leía en la carta que le enviaron para felicitarla por asumir el cargo. Pero apenas dos días después pasó lo de los migrantes. Aunque no nombraron a la presidenta, criticaron el rol del Estado mexicano en la muerte de los seis extranjeros y en la atención a la crisis migratoria.
Esta vez han escrito puntualmente a todas las autoridades, incluida las de la Federación, pero también la gobernadora Evelyn Salgado, que se ha mantenido casi en completo silencio desde el atroz crimen. La carta de la CEM, difundida en redes sociales, solicita que se esclarezcan los homicidios tanto del secretario general del Ayuntamiento, Francisco Tapia, como el de Arcos. “Son hechos que nos consternan profundamente y que revelan una situación alarmante en nuestro país”.
El macabro asesinato de Arcos dejó a todo México impactado. Los criminales le cortaron la cabeza y la dejaron sobre el toldo de una camioneta, y dentro del vehículo el resto del cuerpo tapado con una manta. El mensaje era brutal, aunque aún se está intentado dilucidar su remitente y su destinatario. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, dijo este martes que el presidente municipal de Chilpancingo, que acababa de tomar posesión, había acudido a una reunión solo, “sin escoltas, ni chofer”, al poblado de Petaquillas, una zona de influencia del grupo criminal Los Ardillos. El funcionario no dio mayores detalles sobre con quién mantuvo la reunión o si se había concretado.
En el documento, la CEM hace “un llamado urgente a recurrir a la Agenda Nacional de Paz y a implementar procesos de pacificación en todas las regiones afectadas por la violencia”. La Agenda Nacional de Paz es un documento redactado por un grupo de instituciones religiosas con lineamientos para atender lo que llaman “una crisis de violencia sin precedentes”.
La Iglesia mexicana ha sido crítica con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el mismo tema. En marzo de este año, cuando México aún no sabía quién sería su próximo presidente, la CEM convocó a los tres candidatos que se disputaban las elecciones a firmar un compromiso por la paz. Entre las peticiones que hacía el acuerdo incluyeron una reforma al sistema judicial, poner el foco de atención en las víctimas, controlar a los grupos criminales y restringir la militarización. “México enfrenta, desde hace casi 18 años, una de las crisis de violencia más graves de su historia contemporánea”, apuntaron entonces. Tras la firma, López Obrador rechazó la idea de que hubiera violencia en el país, a pesar de que las cifras marcan su sexenio como el que tuvo más homicidios en la historia. “Yo respeto mucho a las iglesias, pero políticamente no estoy de acuerdo en que se quiera crear un ambiente que no existe”, dijo el exmandatario.
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