Con un retraso de un año y medio, el mercado de carbono obligatorio sigue sin llegar a México

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Más de 70% de los municipios en México presentaron algún grado de sequía, desde moderada a excepcional, este año. Además, según información de la Comisión Nacional del Agua, más de la mitad del país registró temperaturas de hasta 45 grados centígrados, algunos con sensación térmica de 50.

Las consecuencias del cambio climático son inclementes: no escuchan pretextos ni atienden plazos o acuerdos firmados. Cada año, los ecosistemas de México pierden biodiversidad y padecen el aumento de los fenómenos extremos: inundaciones por lluvias torrenciales, más regiones con sequía severa, huracanes de mayor intensidad y frecuencia, calor extremo, por mencionar algunos.

En el marco del Acuerdo de París, México planteó reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 22% para 2030, y las de carbono negro en un 51%. Este compromiso incluye objetivos específicos para varios sectores, como el energético, de transporte, agricultura, residuos, y silvicultura.

Pero hay indicios de que el país va rezagado en sus objetivos. Un estudio de BBVA Research publicado en marzo de este año reveló que en 2022 el país se ubicó como el noveno mayor emisor de gases de efecto invernadero en el mundo y, después de Brasil, el segundo de América Latina.

De ahí que, para algunos actores que luchan contra el cambio climático, resulte preocupante que el Gobierno mexicano lleve un año y medio de retraso en su implementación la fase operativa del Sistema de Comercio de Emisiones, como estipulaba la ley, y siga en fase piloto.

El SCE es un mecanismo que incentiva a las empresas a reducir sus gases efecto invernadero, al establecer un tope de emisiones e instrumentos como los bonos de carbono para cuando sus fuentes fijas rebasen el umbral de emisiones determinado por la ley.

“México debería estar muy preocupado: necesita reducir la emisión de 30 millones de toneladas de dióxido de carbono por año hasta el 2030, y no están disponibles herramientas tan básicas como la creación del sistema de comercio de emisiones”, dice Eduardo Piquero, director general de MEXICO2, subsidiaria de la Bolsa Mexicana de Valores.

La fase piloto debía terminar en 2022 y la fase operativa comenzar en enero de 2023, con una regulación plenamente aplicable para las empresas, límites de emisión obligatorios y penalizaciones, pero no ha sido así. “Vamos tarde en la carrera para combatir el cambio climático, y estas iniciativas de reducción de emisiones que deben implementar las empresas para cumplir con sus objetivos siguen siendo un reto”, dice Fernanda Pérez, especialista en Finanzas Sostenibles y Cambio Climático de KPMG México.

La demora tiene implicaciones para el sector público y empresarial del país.

Falta de planificación e incentivos

Uno de los principales desafíos que enfrenta el SCE en México es la transición del periodo de prueba al operativo. “Estamos todavía en espera de que se publiquen estas reglas bajo las cuales va a operar oficialmente el sistema de comercio de emisiones. Mientras tanto, las empresas continúan con el reporte y verificación de sus emisiones como lo venían haciendo en años anteriores”, dice la experta de la empresa de consultoría KPMG.

El periodo de prueba ha involucrado a 300 instalaciones de empresas, representando aproximadamente el 35% de las emisiones nacionales de CO2, que estarán obligadas a participar en el SCE.

Hasta ahora, la Ley General de Cambio Climático obliga a que las empresas que rebasan el umbral de 100.000 toneladas anuales de CO2 cuantifiquen sus inventarios de emisiones, verificados por un tercero.

La falta de claridad en las bases operativas limita la planificación de las empresas para cumplir con futuras regulaciones y con los acuerdos internacionales. “No saben cuál va a ser el tope de emisiones que se les va a permitir y el ritmo con el que van a tener que reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero”, dice Pérez. La incertidumbre regulatoria también las puede disuadir de realizar inversiones significativas en tecnologías limpias, y afectar la capacidad del país para alcanzar sus compromisos.

Bonos de carbono operan solo de manera voluntaria

Hasta que no se publiquen esas bases, las empresas operan en un entorno de prueba y simulación. Por ejemplo, las empresas no pueden comerciar bonos de carbono dentro del mercado obligatorio hasta que no comience la fase operativa.

Las empresas, en teoría, deben medir sus emisiones y respetar los límites de carbono establecidos por el Estado, implementando medidas o tecnologías para reducirlas. “Las emisiones que ya no pueden reducir las pueden compensar a través de la adquisición de bonos de carbono”, dice Pérez, de KPMG. Pero por ahora no están obligadas.

Los bonos de carbono son instrumentos financieros entre particulares emitidos a partir de proyectos específicos que absorben o evitan la emisión de CO2, como la reforestación y las plantas de tratamiento de residuos. Hasta ahora, en México los bonos de carbono solo operan en el mercado voluntario, con algunas empresas que participan por exigencias de sus inversionistas o por su presencia internacional.

En el país existen alrededor de 400 proyectos certificados para emitir bonos de carbono, que son principalmente de reforestación, dice Piquero, de MEXICO2. La mayoría reducen emisiones de dióxido de carbono para compradores de fuera de México. “El mercado en tres años pasó de 300.000 toneladas de CO2 a más de un millón. Esto es lo que los proyectos han reducido y las empresas compraron”.

Sin regulación no hay transparencia

La regulación es necesaria también para transparentar la información del mercado voluntario de bonos de carbono y evitar así el riesgo de greenwashing, que se trate solo de un lavado de imagen por parte de las empresas para aparentar ser más ecológicas de lo que son. Actualmente los proyectos de compensación no requieren ser autorizados por la autoridad ni existe un registro de los mismos, con las características del proyecto y la información del comprador ni del vendedor.

“Una de las cosas que la Semarnat [la secretaría de Medio Ambiente] podría hacer es que hiciera público todos los contratos de créditos de carbono, todos los contratos de compensación, que los proyectos pudieran ser públicos para que la sociedad civil pudiera ver las condiciones detalladas”, señala Patricia Moles, coordinadora del programa de Finanzas Sostenibles del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

“De esa forma se podría evitar que las empresas sean selectivas en su comunicación, y que digan ‘Yo ya estoy compensando’ cuando, por ejemplo, sus emisiones son de 10.000 y compensan 10″, dice la experta que aboga por la transparencia. La académica también pide un estándar de contrato.

Analistas advierten, además, de que el retraso de la implementación obligatoria del sistema de comercio de emisiones pueda tener una consecuencias económicas y comerciales. Pronto, algunos países exigirán que las compañías extranjeras, que deseen comerciar en su territorio, tengan un mercado de carbono obligatorio en sus países.

“A partir de enero del año que viene, la Unión Europea va a evaluar país por país si las empresas están obligatoriamente reduciendo emisiones localmente”, dice Piquero. Sus declaraciones sugieren que, en materia de sostenibilidad, México va atrasado. De no implementar el SCE, los expertos dudan que el país pueda cumplir con sus compromisos internacionales de reducción de emisiones, con serias implicaciones para el medio ambiente.