Una investigación periodística asegura que Samuel García compró un terreno de 18 hectáreas por unos 700 millones de pesos

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, compró un terreno de 17,7 hectáreas por un valor estimado de más de 700 millones de pesos, 18 meses después de asumir el cargo, en Mesa de la Corona, una adinerada zona de San Pedro Garza García, uno de los municipios más exclusivos del Estado, de acuerdo con una investigación de Reforma. García ha negado las acusaciones en su perfil de X (antes Twitter): “No compré ningún terreno, y si alguien demuestra lo contrario, renuncio. Estamos a una semana de la elección y no es casualidad que saquen este tipo de notas. Van a empezar a inventar de todo, pero a diferencia de ellos, yo sí puedo dar la cara, porque no tengo nada que ocultar”.

Según el medio mexicano, García busca construir una residencia de 2.800 metros cuadrados. La propiedad está a nombre de SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, empresa del mandatario y su padre, Samuel García Mascorro. En su última declaración patrimonial, de 2023, García no informó de la adquisición de esta finca.

El 28 de abril de 2023 dicha empresa pagó el Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI) en San Pedro por nueve millones de pesos. El impuesto se paga al adquirir una propiedad y equivale al 3% del valor catastral del inmueble, lo que, según los cálculos de Reforma, significa que al tener 176.000 metros el terreno del gobernador, su valor catastral es de al menos 300 millones de pesos. Expertos señalan que, al tratarse de una zona de élite, su valor podría ascender a los 700 millones de pesos.

El padre de Samuel García, representante legal de la empresa, fue el encargado de presentar ante la Secretaría del Medio Ambiente estatal una solicitud en materia de impacto ambiental necesaria para construir la vivienda. ”Se autoriza de manera condicionada en materia de impacto ambiental el proyecto (…) que consiste en la preparación del sitio, construcción de una casa habitación y una vialidad de acceso”, precisa la autorización a la que ha tenido acceso el diario mexicano, emitida por Eduardo Villanueva Garza, director de Impacto y Riesgo Ambiental de la Subsecretaría de Gestión Integral del Aire, Agua y Biodiversidad de la Secretaría, que forma parte del Gobierno de Movimiento Ciudadano.

La concesión fue otorgada en 15 días, cuando los trámites naturales pueden alargarse hasta 90, señala Reforma. La empresa del gobernador ya ha presentado una solicitud ante el municipio de San Pedro para presentar la construcción, pero por el momento no se la han otorgado. En marzo de este año, un escándalo de presunta corrupción estalló también contra el dirigente, que fue señalado de triangular más de 200 millones de pesos de un proveedor del Gobierno a un despacho jurídico del que es socio junto a su padre.

La nueva información llega mientras García se enfrenta a un juicio político por presuntas irregularidades en su administración iniciado a principios de año. Este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) frenó la separación inmediata del cargo de gobernador de García, pero permitió que el Congreso de Nuevo León prosiga con el juicio político en su contra. El Pleno de la Corte invalidó una parte de un artículo de la Constitución del Estado que plantea que si un servidor público es sometido a un juicio político, debe separarse del cargo sin recibir sentencia.

El ministro Luis María Aguilar Morales presentó el proyecto de resolución: “Con la separación del cargo por ese supuesto en realidad se está actualizando su inhabilitación permanente o destitución; en tanto que estas sanciones, insisto, son materia única y exclusivamente de la resolución que emita el jurado de sentencia al resolver el juicio político (...) La medida consistente en la separación del titular del Poder Ejecutivo local, por ratificarse el dictamen de la comisión respectiva en el procedimiento de juicio político, en realidad se trata de la destitución del gobernador por una autoridad que carece de competencia para hacerlo, porque es distinta al jurado de sentencia”. El pleno votó unánimemente para aprobar su propuesta.

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