El Congreso mexicano aprueba una reforma que frena la suspensión de leyes por los jueces
El bloque oficialista consuma una batería de cambios que impiden la paralización general de leyes y actos declarados inconstitucionales en juicios de amparo. La oposición recurrirá ante la Suprema Corte
El Congreso mexicano ha aprobado una reforma legal que pone un freno a las facultades del Poder Judicial. Con los votos de Morena, PT y PVEM, la Cámara de Diputados ha consumado las modificaciones a la Ley de Amparo que impiden la suspensión general de leyes y actos declarados inconstitucionales en juicios de amparo. El texto aprobado establece que las resoluciones de amparo aplicarán exclusivamente a quien promueva el recurso, sin posibilidad de que tenga efectos generales, tal y cómo ocurría hace 13 años, antes de la reforma de 2011. Este nuevo cambio llega después de que durante el sexenio los magistrado han bloqueado buena parte de las reformas promovidas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el partido gobernante, Morena. El anuncio de legisladores del PAN, PRI, PRD y MC sobre la presentación de acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha retumbado nuevamente en el salón de sesiones.
“Si la Corte la tira, se va a volver a presentar hasta que haya una mayoría de ministros que entiendan que la ley no se debe interpretar políticamente”, ha sido la respuesta del morenista Juan Ramiro Robledo ante el anuncio de la oposición durante el debate. El legislador aprovechó también para anunciar la próxima presentación de una reforma que establezca que una de las cámaras del Congreso pueda revocar la invalidez de una sentencia de la Suprema Corte respecto de una ley. “No aceptamos un Gobierno de los jueces en México”, lanzó el legislador.
La rispidez, los señalamientos y las acusaciones entre la mayoría de Morena y aliados y las bancadas de oposición fueron las constantes en el debate. Desde las curules de la oposición se ha deslizado que se trata de un blindaje a las reformas de López Obrador —en la recta final de su Gobierno— y las de la siguiente Administración —con Claudia Sheinbaum como puntera de la contienda electoral —, para eliminar la posibilidad de que sean suspendidas para su aplicación total en caso de ser impugnadas. “Eliminar los efectos generales en la suspensión en el juicio de amparo contra leyes equivale a pedirle al pobre que se haga rico antes de que sus derechos sean pisoteados por leyes inconstitucionales, inválidas y autoritarias. ¡Qué vergüenza! Esto es una tropelía y la historia, la del amparo no los va a absolver”, sostuvo desde la tribuna la panista Margarita Zavala.
El embate entre las dos fuerzas políticas persistió durante las siete horas de debate. “No han leído la Constitución y no saben que [esta reforma] afecta a miles de campesinos, a los damnificados del Tren Maya, del Seguro Popular, de Segalmex, de financiera rural y a los millones de damnificados que pertenecen al Gobierno de Morena”, refirió el priista Augusto Gómez. Del lado del bloque lopezobradorista, se defendió el proyecto que tuvo como cámara de origen el Senado. “No es golpeteo, es simple y sencillamente poner un alto al abuso del Poder Judicial en su afán de ponerse como tapete al servicio de la derecha”, lanzó el petista Benjamín Robles. El oficialismo ha recordado el llamado plan C y su apuesta de consolidarlo en las elecciones del 2 de junio. Es decir, obtener la mayoría calificada del Congreso para poder reformar la Constitución sin necesitar de los votos de la oposición. “Les anunciamos que la reforma al Poder Judicial será una realidad en la próxima legislatura, cuando Claudia Sheinbaum asuma la Presidencia de México”, remató el legislador petista.
Morena y aliados hicieron valer su mayoría en el parlamento, con 258 votos aprobaron la reforma, contra 213 votos de los opositores que han apostado nuevamente por la vía judicial para echar abajo las modificaciones legales. La reforma constitucional de junio de 2011 terminó con la unilateralidad de los juicios de amparo para establecer los efectos generales, en beneficio de las poblaciones más vulnerables. En febrero pasado la bancada morenista buscó poner a discusión una reforma de ley que establecía que con el apoyo de cuatro de los 11 ministros que tiene la SCJN se pudiera declarar como válida e inatacable una reforma impugnada. Tras la polémica que ocasionó fue descartada su discusión.
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