La justicia de Ciudad de México cierra la causa contra el fiscal Uriel Carmona por el ‘caso Ariadna’

El Poder Judicial de Ciudad de México ha cerrado la causa por el caso Ariadna contra el fiscal de Morelos, Uriel Carmona. El funcionario estaba acusado de obstrucción a la justicia por el feminicidio de la joven, que fue asesinada en octubre de 2022 en el centro de la capital y cuyo cuerpo apareció en una carretera cercana a Tepotzlán, en Morelos. El abogado Gabriel Regino ha anunciado en un comunicado que, tras haber ganado un nuevo amparo, el poder judicial de Ciudad de México ha decretado el sobreseimiento de la causa principal contra Carmona: “Ante la inexistencia del delito de retardo de justicia que le imputó la Fiscalía capitalina con relación al caso de Ariadna Fernanda”. Por esa razón, incide el defensor, el fiscal queda “en libertad absoluta”.

Carmona fue detenido en un espectacular operativo de la Marina en agosto de 2023, acusado en un primer momento de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda López. La joven, de 27 años, fue asesinada dentro de un departamento de la colonia Condesa, en Ciudad de México, pero su cuerpo apareció tirado al lado de la carretera que une la capital con Cuernavaca, en Morelos. En un primer momento, en una polémica conferencia de prensa, Carmona afirmó que López había fallecido por broncoaspiración, es decir, ahogada en su propio vómito. Dos días después, las indagaciones de la Fiscalía capitalina refutaban esta versión y apuntaban a que la joven había ido asesinada: la causa de muerte era un trauma múltiple. La aparición de varios videos en los que Rautel ‘N’, un amigo de la joven, aparece cargando el cuerpo sin vida de Ariadna y lo mete en una camioneta —que se dirige justo al punto donde se encontró el cadáver—, apuntalan la teoría de la dependencia de Ciudad de México. Ahí empieza la guerra política.

Claudia Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno de Ciudad de México, acusa públicamente en una conferencia de prensa a Carmona de intentar ocultar el feminicidio de Ariadna. ““Consideramos que hay un encubrimiento del fiscal general de justicia de Morelos, presuntamente por una relación de este personaje [Rautel] con la Fiscalía de Morelos”, dijo la hoy candidata presidencial. Las palabras de Sheinbaum se concretaron el 4 de agosto de 2023, cuando en un hecho inédito en México, la fiscalía de un Estado detiene al fiscal de otra entidad.

Carmona fue llevado entonces a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, donde estuvo recluido un mes y medio. Cada vez que sus abogados lograban su liberación —porque contaba con fuero por su cargo público—, la Fiscalía capitalina interponía una nueva acusación. Después de encubrimiento fue acusado de obstrucción a la justicia y luego de “feminicidio en grado auxiliador”, en los tres casos por el asesinato de Ariadna. El último embate de la dependencia dirigida entonces por Ernestina Godoy fue acusarlo de torturar a un detenido. A finales de septiembre de 2023, Carmona logra su liberación gracias a cuatro fallos judiciales. Iba a tener que afrontar los cargos, pero podría hacerlo en libertad.

El laberinto del caso, que terminó tornándose un asunto más político que judicial, se había quedado en un choque de poderes entre los Congresos sobre el fuero político de Carmona. La cámara federal votó en diciembre a favor de quitarle esa inmunidad por presuntamente no tener los requisitos necesarios para ser nombrado fiscal en 2018, lo que sería un delito de ejercicio ilícito del servicio público. Unas horas después, el Congreso de Morelos echó abajo el desafuero y resolvió mantenerlo para evitar que pueda ser procesado penalmente.

Ahora, su abogado, Gabriel Regino, quien acusó a las autoridades de una “persecución política”, afirma que todas las acusaciones sobre el caso de Ariadna que la Fiscalía vertió sobre Carmona “han sido superadas gracias a los amparos obtenidos”. “Jamás encubrió ningún feminicidio y todo obedeció a una desafortunada intención de carácter netamente político”, ha dicho el defensor, que se guarda la opción de emprender “acciones legales contra de todos quienes participaron en la utilización de las agencias de justicia de forma delictiva”. Hasta el momento, ni la Fiscalía de Ciudad de México ni el propio poder judicial se han pronunciado sobre la última resolución.

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