La hipótesis de la Fiscalía sobre la masacre en Salvatierra: un comando abrió fuego después de ser corrido por los asistentes de la posada

Un grupo de personas llegó sin avisar a la posada navideña y cuando los asistentes de la fiesta les pidieron que se retiraran, regresaron con un comando de hombres armados y abrieron fuego contra las víctimas. Esa es la principal hipótesis de la Fiscalía de Guanajuato sobre la matanza del pasado fin de semana en Salvatierra, en la que fueron asesinados 11 jóvenes y otros 14 resultaron lesionados. “Todos ellos presentan heridas producidas por proyectiles disparados por armas de fuego”, aseguró este martes el fiscal regional Navigio Agustín Gallardo. Las autoridades ministeriales también dieron a conocer que se dispararon 195 balas de siete armas de distintos calibres y han dicho que ya tienen en la mira a un “grupo de personas que opera en la zona”, en los límites entre los Estados de Guanajuato y Michoacán, como probables sospechosos.

La llamada “infiltración” de la fiesta se ha perfilado como la principal línea de investigación de las autoridades, que ya habían apuntado a ese móvil desde la noche del lunes para explicar el ataque, en el que murieron nueve hombres y dos mujeres. La hipótesis se desprende de 35 entrevistas realizadas desde la madrugada del pasado domingo, en la noche de los hechos. “Un grupo de personas llegó al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraban en el evento les solicitaron que se retiraran”, relató el fiscal Gallardo. Las personas se retiraron, pero volvieron instantes más tarde a la ex hacienda de San José del Carmen, donde se celebraba el convivio. “Regresaron acompañadas de otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento cuando empezaron a disparar contra los presentes”, agregó.

Los testimonios que han salido a la luz apuntan que el grupo de hombres armados disparó de forma indiscriminada cuando la fiesta estaba por terminar. La fotografía que se tomaron los asistentes se ha convertido en el símbolo de la indignación en México y en Guanajuato, donde se han abierto 2.400 carpetas de investigación por homicidio doloso en lo que va de año. Es el segundo Estado con más asesinatos, sólo detrás de Baja California. El comando prendió fuego a siete vehículos antes de darse a la fuga, de acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía estatal. Las autoridades no detallaron cuál es el grupo criminal involucrado en la matanza. Sin embargo, la recuperación de las armas y los proyectiles percutidos es clave porque se ha identificado que fueron utilizados para cometer otros delitos en la región, lo que permite estrechar el cerco sobre los autores materiales del ataque. “Una vez detenidos serán llevados ante la justicia”, afirmó Gallardo.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador, calificó la agresión como “un crimen atroz” y lanzó esta semana duras críticas contra el fiscal estatal Carlos Zamarripa, que ha estado en el cargo desde hace casi 14 años y a quien señala como uno de los principales responsables de la ola de violencia que azota a la región. Los ecos de la masacre han estado marcados por el golpeteo político y el intercambio de reproches entre el Gobierno de López Obrador y varios liderazgos del Partido Acción Nacional (PAN), la principal formación opositora, que gobierna Guanajuato desde hace 32 años. La oposición culpa a la estrategia de seguridad del Ejecutivo federal, conocida de manera coloquial como “abrazos, no balazos” de la matanza. El oficialismo achaca la tragedia al fracaso de los Gobiernos panistas en la entidad, que se ha convertido en uno de los principales focos rojos en el país al cabo de los últimos años. Guanajuato elegirá a un nuevo gobernador en junio del próximo año, cuando también habrá elecciones presidenciales y para renovar el Senado y la Cámara baja, entre más de 20.000 cargos locales y federales en pugna.

Al margen de la polémica electoral, las declaraciones de López Obrador fueron objeto de duras críticas al vincular el asesinato de los jóvenes con el aumento del consumo de drogas en Guanajuato. El alcalde de Salvatierra, el panista Germán Cervantes, dijo que conocía a varias de las víctimas y negó que fueran “criminales”. Las indagatorias de la Fiscalía, en el centro de la presión mediática y del Gobierno federal para aclarar los hechos, tampoco dan visos de que el altercado estuviera relacionado con la demanda de drogas en la entidad, hundida desde hace años en la guerra de los carteles por el territorio. Las autoridades estatales ya tienen un móvil y un grupo de sospechosos, aunque todavía no han informado de personas detenidas.

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