La COP28 expone las contradicciones energéticas y climáticas de México

En la Cumbre de Cambio Climático (COP28) que se celebra en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, México no tiene ningún pabellón, una especie de stand en el que los Gobiernos aprovechan las luces internacionales para anunciar y mostrar sus avances climáticos. A pesar de ser uno de los países más poblados de América Latina y generar el 23% de las emisiones que producen el cambio climático en la región, tampoco trajo una delegación tan grande: hay un total de 137 personas. Para ponerle perspectiva al tema, del gigante Brasil llegaron más de 3.000 participantes y el pequeño Honduras supera a México con 139 personas, según el análisis que hace Carbon Brief.

Y aunque México sí hace parte de los más de 110 países que firmaron un compromiso de triplicar la capacidad instalada de energías renovables de aquí a 2030 durante la COP28, los hechos indican que, bajo el Gobierno de López Obrador, no hay mucho interés por sacar adelante una verdadera transición energética: esa que, además de instalar energía renovable, también busca dejar atrás los combustibles fósiles.

“Durante estos cinco años no solo se ha parado la expansión de renovables, sino que se ha buscado regresar, a como dé lugar y sin consideraciones ambientales o económicas, al camino de los fósiles”, explica Fernanda Ballesteros, gerente del Programa en México del Natural Resource Governance Institute.

La bandera verde energética del Gobierno ha sido el proyecto Sonora, un parque fotovoltaico que, cuando entre en operación en su capacidad máxima, se puede convertir en el más poderoso de América Latina, alcanzando los 1.000 megavatios de capacidad. Pero, por lo menos, en términos de rendir cuentas frente al cambio climático, poco le servirá al país generar esta energía eléctrica renovable si no tiene un plan para salir del petróleo y el gas.

En México alrededor del 70% de las emisiones que genera el cambio climático están relacionadas a estos combustibles fósiles, con 40% asociados al sector transporte y 35% al sector eléctrico. Sin embargo, las señales que ha dado el Gobierno, bajo la excusa de lograr la soberanía energética y evitar importar petróleo y gas, es impulsar a Pemex, la empresa petrolera estatal que produce el 95% de los hidrocarburos.

Según advierte el Informe de la Brecha de Producción 2023 liderado por la ONU y publicado días antes de la COP28, en 2021, el Gobierno federal inyectó alrededor de 3.500 millones de dólares para fortalecer las finanzas de Pemex y, durante toda la administración de López Obrador, el impuesto a la petrolera ha caído del 65% al 30%. En cuanto a si el Gobierno se ha pronunciado sobre hacer una reducción planificada de combustibles fósiles o ha elevado políticas para una transición justa, el informe es tajante: “No se han identificado políticas o discursos gubernamentales de este tipo”, dice.

Además, como comenta Ana Tamborrel, gerente de Justicia y Política Climática de la Iniciativa Climática de México, “entre las reformas que se han promovido, hay una que modifica el orden de despacho de electricidad para priorizar las plantas de la compañía estatal –la Comisión Federal de Electricidad- que en su mayoría generan con fuentes fósiles”. En otras palabras, señala Ballesteros, “si bien en la Ley de Transición Energética [que se publicó bajo el Gobierno de Peña Nieto] se establecieron metas de expansión de renovables, no se consideró cómo sería la salida de petróleo y gas”. Este Gobierno, por su parte, no ha hecho mucho para repararlo.

El silencio del Gobierno lo llenan los parlamentarios

Sentados en el pabellón de Colombia, un grupo de parlamentarios de América Latina hizo un llamado a abandonar los combustibles fósiles. Entre ellos se encontraba el diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, del partido Movimiento Cuidadano, quien aprovechó la oportunidad para lanzar un informe que da algunas claves sobre cómo el país podría dejar atrás los combustibles fósiles. El documento, firmado por él y cuatro parlamentarios más, entre los que se encuentra el diputado Alberto Villa Villegas, del oficialista Morena, dice que, si México sigue un camino coherente con lo que se comprometió a través del Acuerdo de París, “podría convertirse en un ejemplo de transición energética equitativa y justa”.

“Cuando el mundo va hacia la reducción de combustibles fósiles, nosotros estamos buscando refinerías”, comenta Rodríguez, uno de los 32 diputados mexicanos que se ha unido al llamado de parlamentarios por un futuro libre de combustibles fósiles. “Lo que queremos demostrar con este informe es que, con financiamiento nacional e internacional, podemos transitar a menos combustibles fósiles y a energías más limpias”.

Los compromisos climáticos de México –actualizados en 2022 después de que se diera una gran presión social para que fueran más ambiciosos– buscan que el país reduzca sus emisiones en un 35% para 2030 si no recibe financiamiento internacional y disminuyan en un 40% si sí lo hace. Pero para esto, advierten tanto expertos como parlamentarios, “se necesita una voluntad política que lidere una transición energética justa”.

Los parlamentarios no son los únicos que buscan despertar al Gobierno. Un grupo de más de 30 organizaciones de la sociedad civil de México también lanzó hace un año el Plan de Descarbonización y Resiliencia al clima 2024-2030, cuya misión es informar a los aspirantes a la presidencia de México para el periodo 2024-2030, cómo lograr la descarbonización. Un llamado que hacen casi a gritos y que, esperan, por lo menos sea escuchado por quien sea electa presidenta el próximo año.