López Obrador: navaja a jueces, mimos a militares y nada a víctimas

Es un final de temporada con giros para estar al borde de las sillas. El sexenio culmina con una casta dorada, víctimas de distinto género sobajadas y el Poder Judicial contra la pared. De aquí al 30 de septiembre a los primeros se les consentirá más, a las segundas nada y el tercero puede descarrilar.

Los amarres del último año de López Obrador en el Zócalo son verde olivo y azul marino. El México que entregará es uno con fuerzas armadas a cargo de puertos aéreos y marinos, y dueñas de simbólicos trenes y vías estratégicas; de una aerolínea, de los cielos, las aduanas, la seguridad...

Esa transformación, esta sí dramáticamente real, debe ser puesta en la balanza antes de que Andrés Manuel se vaya para preguntar por las letras chicas del convenio que forjó con las fuerzas armadas. Si tanto les dio, qué hubo de por medio, qué promesa cruzaron, cuáles cláusulas tocará cumplir.

El pilar de 2018-2024, ha sido explícito Andrés Manuel, son las fuerzas armadas. Y lo ratificó tomando este año, en definitiva, partido por el Ejército y no con las madres de Ayotzinapa, por el secretismo militar y no por verdad y justicia para las víctimas del Estado de los años sin mínima democracia.

Cuando el presidente se jubile quedarán en la mesa sus decisiones de entregarle a los militares buena parte del Gobierno e ingentes montos del presupuesto. No es un problema solo para la o el mandatario que llegue: constituye un reto para la gobernabilidad inmediata y a plazo más largo.

México pasará en menos de dos sexenios de explorar un modelo burocrático con servicio profesional de carrera a quebrarse la cabeza ideando la forma de reorganizar la administración negociando con un actor inusual en los despachos: sus fuerzas armadas.

¿Realmente en 2025 será secretario(a) de Comunicaciones y Transportes alguien que no administra puertos, que depende de soldados para la seguridad de carreteras, sin mando en las terminales aéreas de Ciudad de México, ajeno al interoceánico, y que cuando mucho cobra tarifas para darlas a SEDENA?

¿Podrá Economía reclamar a aduanas si la logística no es óptima, por trámites y procesos en sus patios y bodegas, o siquiera señalarles “áreas de oportunidad”? En Energía, ¿qué prioridad darán a los negocios administrados por Ejército y Marina, estratégica o privilegiada? (No son sinónimos).

Cuánto pesará lo civil cuando al despacho presidencial llegue un oficio con quejas militares de que la oficina de medio ambiente o la de aguas, o los encargados de derechos de los consumidores o de la tierra, cuestionan o importunan la forma militar de administrar tanto encargo recibido.

No es preciso futurear. López Obrador optó por el verde olivo tren maya y no por la Semarnat, por la Marina en ese negocio y servicio que es el Benito Juárez, y mucho más allá de las carreteras, a las Fuerzas Armadas entregó máxima responsabilidad de contener a los criminales más codiciosos y sanguinarios.

El futuro es hoy. Una de las resultantes de empoderar al Ejército en el tema de la seguridad demanda cuestionar cómo pueden ocurrir los fogonazos que acaban con la vida de fiscales y policías en Guerrero, de activistas en Chiapas, de madres buscadoras en Michoacán, de jóvenes en Jalisco y Guanajuato.

Con metralletas, la delincuencia disputa todo mercado mientras el despliegue de la Guardia Nacional significa para las víctimas una doble indefensión: no están ahí para conjurar la muerte, menos —mucho menos— para procurar las debidas pesquisas de fiscales que hagan abrigar esperanzas de justicia.

Se les dieron millones y millones de pesos, las armas, los equipos y los recursos legales, sin darles el encargo de que el resultado sea la paz. Y cuando llega el horror, cuando una docena de policías son rafagueados en Coyuca de Benítez, por ejemplo, ¿alguien piensa en pedir cuentas al general secretario?

Las familias de las víctimas a quien han de clamar justicia. ¿Al presidente que carcajea cuando socarronamente predice una masacre a ocho columnas, que miente y se burla del dolor de las madres buscadoras al decir que las ve en cada gira, ese que ata su suerte a estadísticas que sin empatía nada valen?

El cambio prometido resultó un militarismo refractario a las víctimas. A las del pasado y a las de hoy. Es natural preguntar, si en cosa de dos años la situación no mejora, a quién escuchará la Presidencia, a los militares con todo el poder de fuego, económico y territorial, o a víctimas clamando “y eso de qué sirve”.

En el peor escenario, esas víctimas extrañarán el enclenque Poder Judicial de hoy si las profecías más cantadas —no necesariamente las más certeras (las campañas cuentan, aunque tantos diarios decidan hoy olvidarlo)— se traducen en mayorías constitucionales lopezobradoristas en 2024.

Porque a la administración poco le desvela el activista asesinado en una zona caliente de Chiapas, el desdén es igual si es simpatizante de su movimiento; menos le preocupan esos pobres vestidos con pobres uniformes de policía masacrados el lunes en Coyuca. Los muertos no caben en la transformación.

Ya son Gobierno en dos terceras partes de los estados y también si son de cerca los muertos se les resbalan. Y los extorsionados, más. Qué inoportuno Bruno Plácido, mira que ser asesinado ahora. Quién le manda armarse, para qué se defendió. Si se hubiera resignado estaría vivo, piensan el de Tabasco.

Una obra emblemática, con y para el Ejército, ésa es la agenda de la que gusta hablar Palacio. No de las víctimas. Porque a fin de cuentas ¿qué van a hacer los deudos? ¿Rebelarse? ¿Formar un partido? ¿Marchar? Que le midan. Quién puede contra el gobierno con el más empoderado Ejército en décadas.

La otra agenda de AMLO beneficiará al Ejército por derivada. Si el Legislativo ya se pliega a toda instrucción, a no mover comas, a paralizar organismos autónomos y contrapesos, queda(rá) el Judicial, que de tanto en tanto resuelve que Ejecutivo y/o Congreso faltan al juramento a la Constitución.

Si rasuran los recursos del Judicial para hacerlo dar traspiés, si lo asfixian al negarle el debido presupuesto, no sobrevivirá lo poco digno que quede dentro de la Auditoría Superior de la Federación, y tampoco el INAI con su simbólica batalla para que no muera la transparencia.

Esos organismos pondrán barbas a remojar. Y el vaciamiento de las instituciones que protegen derechos humanos será casi total, sin una comisión de búsqueda en pie, sin una CNDH articulada socialmente, con consejos como los de la salud, donde salen académicos y entran militares.

Tras el choque por los fideicomisos del Poder Judicial vendrá el apretón presupuestal. De concretarse el castigo, la era de López Obrador estará cantada: esa en la que los privilegios no fueron para las víctimas, sino para la milicia, mimada mientras para la Corte había navaja.

A pesar de todo ese panorama, no se puede descartar que el pueblo decida que el siguiente sexenio los guionistas del poder provengan de la misma granja.

Si así fuera, el tema no será como termina esta temporada, sino como empieza la nueva, con roles principales asegurados, presupuesto incluido, para los uniformados, con un Poder Judicial en la tablita y con decenas y decenas de miles de víctimas preguntándose si algún día importarán.

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