Un tribunal rechaza las pruebas clave contra Lozoya por el ‘caso Odebrecht’

Más grietas en el caso Odebrecht. Un tribunal federal ha rechazado un puñado de pruebas clave contra Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex sobre el que gira toda la ramificación mexicana de la megatrama de sobornos de la constructora brasileña. Se trata de la información bancaria recabada por la fiscalía que acredita los pagos de Odebrecht, por más de 10 millones de dólares, a través de una red de empresas fachada radicadas en Suiza a favor de Lozoya y sus familiares. La decisión aún puede ser apelada por la Fiscalía, pero el exdirector de Pemex, en la cárcel desde hace casi dos años, comienza a ver algo más despejado el camino después de que otro juez suspendiera a finales de agosto la segunda causa en su contra por el caso Agronitrogenados.

El fallo de esta semana confirma una primera decisión judicial de marzo, que ya consideró ilegales las pruebas, al no contar con autorización judicial previa. Aquella vista fue el pistoletazo de salida del juicio tras más de dos años dilaciones en la investigación, mientras la defensa buscaba llegar a un pacto con la Fiscalía General de la República (FGR). Ya entonces, el juez apuntó la necesidad de contar con una autorización judicial previa para la intervención de la información bancaria presentada como prueba. La Fiscalía puso sobre la mesa el mecanismo de asistencia jurídica internacional por el cual se le permitió acceder a la información suiza. Pero no fue aceptado ni en aquel momento ni ahora.

En concreto, el juez no ha admitido las pruebas de la FGR contra Lozoya relacionadas con la información bancaria de la Confederación Suiza. Entre otros, comprobantes de las transferencias millonarias que Odebrecht, a través de distintas firmas offshore, realizó a las empresas Latin America Asia Capital Holding y Zecapan S.A., controladas por Lozoya y sus familiares.

Tras su mediática detención en España, durante más de un año y medio el caso estuvo empantanado entre prórrogas y dilaciones, mientras Lozoya atendía el proceso en libertad gracias a un polémico acuerdo con la Fiscalía que lo convirtió en una especie de testigo colaborador protegido. Cada vez más rodeado por la sombra de la impunidad, el pacto saltó por los aires hace dos años tras unas polémicas fotos cenando tranquilamente con unos amigos en un restaurante de lujo. La Fiscalía pasó al ataque y el exdirector de Pemex lleva en prisión desde entonces

Imputado de los delitos de lavado, asociación criminal y cohecho, la estrategia inicial del Lozoya pasaba por aportar pruebas sólidas para incriminar a lo más alto del último Gobierno priista, incluido el expresidente Enrique Peña Nieto, a quien acusó junto a su mano de derecha, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de ser los cerebros de la trama corrupta. La fuerza de los señalamientos ha ido menguando con el tiempo a falta de pruebas consistentes. Lozoya se ha ido convirtiendo así en el trofeo de caza mayor de un caso con fuertes derivadas políticas. Se trata de un proceso cargado de simbolismo en la lucha de México contra la corrupción y la impunidad.

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