Dos mineros mueren en un nuevo siniestro de un pozo de carbón en Coahuila

La tragedia repetida. Un año después de que el derrumbe de una mina matara a 10 mineros en Sabinas, Coahuila, dos hombres han muerto cuando descendían a un pozo de carbón en el ejido de El Mezquite, del mismo municipio, en la tarde de este martes. El cable de acero que sujetaba el precario ascensor se quebró y los trabajadores se precipitaron contra el fondo del agujero, a 70 metros bajo tierra. Los equipos de salvamento han rescatado ya los cuerpos de José Guadalupe Esparza Pérez, de 48 años, y Juan Jesús Zapata Alfaro, de 29. Un tercer obrero, Luis Alberto Cortez Robles, fue rescatado con vida y trasladado al hospital, de acuerdo con las autoridades.

“Esto es consecuencia de no prohibir pozos y cuevas que son trampas mortales”, ha criticado Familia Pasta de Conchos, la única organización de apoyo a los mineros de la región carbonífera, surgida tras uno de los mayores derrumbes de su historia, en el que fallecieron 65 obreros. “Es urgente tomar medidas de no repetición para que dejen de sacrificarnos”, ha añadido el colectivo.

La nueva tragedia tampoco resulta una sorpresa para los vecinos de Sabinas después del accidente del año pasado. El 3 de agosto de 2022, una inundación provocó el derrumbe del pozo en el que quedaron atrapados 10 mineros, a apenas unos kilómetros del accidente de este martes. Los cuerpos de los obreros todavía no se han recuperado. La región carbonífera de Coahuila está acostumbrada a llorar a los muertos de la mina. Según el registro que llevan los familiares de las víctimas, desde que se empezó a extraer carbón a finales del siglo XIX, más de 3.100 mineros han fallecido en accidentes aquí.

El pozo de El Mezquite era ilegal, de acuerdo con Familia Pasta de Conchos. Según el colectivo, integrado también por expertos en la materia, la empresa que explotaba la mina, Minera Fuga, tenía un contrato de 113.462.337,60 pesos por la venta de 81.000 toneladas de carbón: “Dicho título minero no está inscrito ante la Semarnat [Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales] en las microrregiones que tienen autorizado el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA). Por lo que, si es cierto que no se han otorgado MIAs en esta administración, este centro minero estaba operando de forma ilegal y, por tanto, no se trata de un accidente sino de un nuevo siniestro”.

El titular de la concesión, de acuerdo con Pasta de Conchos, es Alfonso González Garza, un empresario carbonífero con una historia negra de accidentes y derrumbes en sus explotaciones, como el caso del pozo Santa María I, en el que fallecieron 14 mineros en una explosión, según la investigación Los amos impunes del carbón de la revista Proceso. La concesión de El Mezquite fue aprobada en 2020 por el Servicio Geológico México, que “no es autoridad competente en materia laboral, pero que hizo la revisión de las minas para la asignación de contratos de la CFE (Comisión Federal de Electricidad)”, ha defendido la organización de víctimas. Otras fuentes señalan a Orlando García Macías como propietario.

Tensión entre familiares y la policía

En Sabinas, la tensión ha tomado los alrededor del pozo de El Mezquite. Los familiares de las víctimas comenzaron a llegar al lugar del siniestro pasada la 13.00. En videos difundidos por la prensa local se ve cómo varios parientes, en un gesto de desesperación, se van contra los policías que custodian el perímetro. Los agentes responden con agresiones y violencia, se enzarzan en una pelea con los allegados de los mineros que acaban de fallecer.

El mismo día del siniestro, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, se encontraba en Sabinas para mantener una reunión con los familiares de los 10 mineros fallecidos en el derrumbe de agosto pasado. Ninguno de los cuerpos se ha recuperado todavía, cuando va a cumplirse un año del desplome. En el lugar donde antes se encontraba el pozo del Pinabete se realizan ahora labores de rescate de los cadáveres desde diciembre, cuando la CFE comenzó a dinamitar en un proceso de “explosiones controladas” para llegar hasta los restos, que se encuentran a unos sesenta metros de profundidad. Las autoridades esperan lograrlo para diciembre, aunque la operación ha sufrido varios retrasos.

La policía detuvo ya a dos presuntos responsables del derrumbe del Pinabete, Luis Rafael García Luna Acuña y Cristian Solís Saavedra, a los que acusa de “incurrir en una responsabilidad penal al haber permitido que de manera ilegal se realizaran actividades de explotación del carbón mineral en el pozo”. Pasta de Conchos asegura que la explotación era clandestina. La compañía tenía un contrato con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 75 millones de pesos. Según reveló una investigación del portal Animal Político, el organismo público calificó la explotación de “segura” y acordó la compra de todo el mineral que se extrajera desde 2020 hasta 2024.

El siniestro de El Mezquite es solo uno más en la larga lista de explosiones, derrumbes y accidentes en Coahuila. Mientras tanto, la explotación de pozos clandestinos y con condiciones de seguridad nulas continúa día a día en una tierra en la que no existen alternativas laborales dignas fuera de los pozos. La explicación es sencilla: el 99% del carbón que compra la CFE sale de la región carbonífera. El organismo es la piedra angular de la reforma eléctrica del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que aspira a prescindir de las empresas privadas del sector. Unas 3.000 familias de la zona dependen directamente de la explotación del mineral, y otras 11.000 de empleos indirectos. Así lo resumía en entrevista con este diario Cristina Auerbach, una de las mayores expertas en minería de la región e integrante de Pasta de Conchos: “Han decidido que esta es una zona de sacrificio. Van a sacrificar todo con tal de sacar carbón, eso explica por qué no se generan otras iniciativas, por qué no hay hospitales, carreteras, buen internet. No hay infraestructura, y sin infraestructura está difícil que lleguen otras empresas”.

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