Adán Augusto López, sobre la imputación contra Francisco Garduño por la tragedia de Ciudad Juárez: “No le quita tiempo ni lo distrae”

Francisco Garduño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), seguirá trabajando con normalidad tras ser acusado formalmente por la tragedia de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes bajo custodia del Estado mexicano. Así lo declaró este miércoles el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La Fiscalía General de la República (FGR) argumentó que Garduño fue omiso en sus obligaciones de proteger las instalaciones y personas a su cargo y lo acusó, precisamente, de ejercicio indebido del servicio público. “No le quita tiempo. No lo distrae”, aseguró López, a pregunta expresa de los medios de comunicación. Los fiscales solicitaron que el funcionario fuera separado de su cargo, pero un juez de control desechó la solicitud.

“Afrontará esta etapa procesal en libertad, como es también su garantía constitucional, y se mantiene en el ejercicio de su cargo, atendiendo los asuntos del Instituto”, afirmó López. El INM, la máxima autoridad migratoria de México, depende de la Secretaría de Gobernación. Garduño es el funcionario de mayor jerarquía que enfrenta cargos penales por el incendio de la estación migratoria el pasado 27 de marzo, la mayor tragedia migratoria de los últimos años en territorio mexicano.

En la audiencia inicial, celebrada el martes en un juzgado federal de Ciudad Juárez, se destapó que Garduño tuvo acceso a informes de que el centro de detención no estaba en condiciones de albergar a los migrantes que quedaron atrapados entre el humo y las llamas, y que la mitad de los extintores no funcionaban. También salieron a la luz testimonios de extorsiones a los migrantes a cambio de ser puestos en libertad. En la vista judicial también se expuso que las salidas del centro estaban tapadas y que ningún encargado llamó a los bomberos para reportar el siniestro. Los supervivientes aseguraron que la estación migratoria no contaba con requisitos mínimos, como agua potable, comida suficiente o papel de baño. Y los videos que han circulado muestran que los responsables inmediatos no abrieron las celdas para evitar que la tragedia fuera a mayores.

La FGR ha acusado a otros cuatro funcionarios públicos por omisiones y negligencias en el incendio y presentó cargos por homicidio doloso y lesiones, así como por el ejercicio indebido de sus funciones. El Código Penal Federal establece castigos de hasta siete años de cárcel contra los servidores públicos que no cumplen con sus encargos, así como multas e inhabilitaciones para ocupar otros puestos.

El cargo impuesto sobre Garduño no amerita la cárcel como medida cautelar. El juez estableció que debe presentarse a firmar en el juzgado cada dos semanas, pero tumbó otras peticiones de la Fiscalía, como que se le impidiera salir del país. El jefe de Migración se aferró a su derecho de no hacer declaraciones en el tribunal y dijo al salir que sus abogados serían los encargados de hacer los comentarios pertinentes. Rodolfo Pérez Velázquez, que encabeza la defensa, señaló que el proceso era una oportunidad para demostrar que su cliente ha tenido una gestión positiva al frente del INM y descartó que haya recibido un trato preferente. “Los funcionarios han cumplido con el apoyo a las víctimas y en el desarrollo de la investigación”, dijo.

Garduño, antiguo jefe penitenciario de esta Administración, fue nombrado al frente del INM en junio de 2019, después de la renuncia de Tonatiuh Guillén y de que México cediera ante las presiones del Gobierno de Donald Trump para endurecer su política migratoria y aumentar las detenciones de inmigrantes. En cuatro años como comisionado, el funcionario no ha acudido a ninguna sesión de la comisión creada por Andrés Manuel López Obrador para coordinar la estrategia migratoria del Gobierno, de acuerdo con una investigación de EL PAÍS. López, que llegó a Gobernación en 2021, tampoco se ha apersonado en ninguna de las reuniones. La última sesión pública fue hace más de un año, según los comunicados oficiales.

Señalado tras el incendio, López se deslindó de lo sucedido y citó un acuerdo transitorio que fincaba en la Secretaría de Relaciones Exteriores la coordinación de la política migratoria. Fuentes de la Cancillería insistieron en que dicho acuerdo no eximía a otros entes del Gobierno, como el INM y la Secretaría de Gobernación, de sus obligaciones constitucionales. Sus últimas declaraciones sobre el caso también fueron polémicas. Antes, el presidente López Obrador dijo que Garduño era un funcionario “trabajador y recto”, y se negó a retirarlo de su cargo hasta que se conociera el alcance de las investigaciones. “No protejo a nadie”, afirmó el mandatario. El Senado aprobó que Garduño compareciera sobre el estado del sistema migratorio de México, pero no hubo consenso entre la oposición y la coalición gobernante para instarlo a presentar su renuncia.

“Él constantemente recorre todos los Estados del país. Seguramente, se programará para cuando le toque en el Estado de Chihuahua pueda firmar en Ciudad Juárez”, dijo López. Tras la imputación, está previsto que el juez defina el próximo domingo si Garduño será vinculado a proceso o no, es decir, si hay suficientes elementos para que inicie un juicio en su contra o si será puesto en libertad.

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