Los candados del Ejército para no transparentar los informes de sus acciones más polémicas

Las corporaciones encargadas de la seguridad pública en México se resisten al escrutinio del uso de su fuerza. Las secretarías de Marina, de la Defensa y la Guardia Nacional no han transparentado los reportes pormenorizados que por ley están obligados a realizar cuando sus miembros utilicen la fuerza en el cumplimiento de sus funciones, a pesar de que en México hay sucesos como el asesinato de cinco jóvenes a manos del ejército la semana pasada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el que existen las dudas de si los militares se excedieron en el uso de sus armas. Completa opacidad desde la promulgación de la Ley Nacional del Uso de la Fuerza en 2019.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, también conocido como Centro ProDH, asegura que, mientras la Secretaría de la Marina ha indicado que sus integrantes no están obligados a hacer los informes, la Guardia Nacional los ha clasificado como confidenciales y la Secretaría de la Defensa Nacional ha indicado que no existen. “Una herramienta que se suponía que era para favorecer la rendición de cuentas y que era una garantía más para que este despliegue extraordinario de las Fuerzas Armadas no incurriera en abusos, pues se vuelve una garantía de papel que no sirve en los hechos”, afirma Santiago Aguirre, director de la organización que desde hace 35 años se dedica a velar por los derechos humanos en México.

De acuerdo con la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, los reportes pormenorizados contendrán datos como los nombres de los agentes, circunstancias, tiempo, lugar de los hechos, razones que motivaron la decisión para emplear la fuerza, el número de disparos que se llevaron a cabo, el tipo de lesiones que causaron, la cantidad de personas heridas y de daños materiales causados y el número e identidad de las personas que han perdido la vida. Los datos personales como los nombres de los agentes o de las personas heridas o fallecidas podrían ser ocultados para transparentar las versiones públicas de los informes y el sentido de hacerlos públicos, asegura Aguirre, es que los puedan ver expertos civiles externos a las propias Fuerzas Armadas para revisar su actuar. “Es difícil hacer una evaluación en términos absolutos mientras prive la opacidad”, expuso en entrevista con este diario.

Con la información que se encuentra hasta ahora, es complicado llevar la cuenta de las personas han muerto por el uso excesivo de la fuerza en el país. Según lo publicado por el Centro ProDH en un informe publicado en 2021 titulado Poder Militar, la Guardia Nacional se había limitado a dar a conocer había asesinado a 89 personas en 161 eventos entre 2019 y 2021. “Agresores” es la palabra que utilizó la corporación al responder a las solicitudes de información de la organización.

Por otro lado, en distintas conferencias, las cuales el Gobierno de México realiza de lunes a viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dado a conocer una gráfica del índice de letalidad de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional. De acuerdo con la más actualizada, presentada el jueves pasado, el número de civiles fallecidos en eventos donde participan las corporaciones de seguridad es de 43 personas. Sin embargo en esa gráfica no se toman en cuenta los presuntos agresores, que de acuerdo con un documento de la Sedena en los correos filtrados por la organización Guacamaya en septiembre de 2022, al 29 de agosto de ese año, habían fallecido 739 agresores en eventos donde militares estuvieron involucrados. “Nosotros lo que creemos en el Pro es que después de los eventos como el de Nuevo Laredo y otros así tenemos que preguntarnos cuántos podrían estar vinculados con ejecuciones extrajudiciales”, señala Aguirre.

En su camino a la presidencia de México, López Obrador fue crítico de las ejecuciones arbitrarias. El 5 de febrero de 2017, durante un mitin en Tlatlaya, Estado de México para promover a la entonces precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, el tabasqueño aseguró que las ejecuciones extrajudiciales eran un referente de la corrupción y de la decadencia del país. El reproche en ese pequeño municipio al sur del Estado de México tenía toda la intención de recordar que tres años antes 18 jóvenes habían sido ejecutados extrajudicialmente por elementos del ejército en una bodega en ese mismo lugar. Ahora el mandatario mexicano asegura que ese tipo de asesinatos se han terminado.

El director del Centro ProDH reconoce que es relevante que como, jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, López Obrador expresamente diga que no son aceptables las ejecuciones extrajudiciales. “Sin embargo, si esas declaraciones no son acompañadas de acciones más decididas en el ámbito de la justicia con las fiscalías, y si no son acompañadas de cambios, menos, digamos, declarativos y más estructurales en las Fuerzas Armadas, que incluyen robustecer los controles internos y externos y generar contrapesos civiles, pues son declaraciones que en cualquier momento pueden revertirse”, ha declarado.

Señala además que, aunque no es posible decirlo a ciencia cierta por la escasez de información, la organización comienza a percibir un aumento en los casos de abusos militares en comparación al inicio del sexenio de López Obrador. “A partir de lo que empíricamente conoce, escucha y documenta un centro como el nuestro de contrapartes locales se empieza a ver un aumento en los casos de abusos militares y en las denuncias, en contraste con lo que ocurrió a inicios del sexenio, donde había un relativo descenso”. En ese sentido, el abogado afirma que no se puede aceptar como cierto que las autoridades federales digan que ya no se violan derechos humanos en el país.

El pasado 26 de febrero militares atacaron a balazos a un grupo de jóvenes que volvía a sus casas después de ir al antro en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Cinco de ellos murieron. Pero el caso se dio a conocer en medios nacionales cuando los soldados agredieron a las familias y vecinos de los jóvenes, horas después, cuando intentaban remolcar el vehículo baleado. Según Santiago Aguirre este no es el primer caso así en Tamaulipas durante la administración de López Obrador. “Recientemente ha habido muchas denuncias en Tamaulipas. Yo yo sí creo que que algo está pasando ahí y que hay que investigarlo. En la experiencia que se ha recogido en estos 15 años de mucha violencia en México, es que en eso puede incidir un mando que explícita o implícitamente esté dando órdenes de ejercer la fuerza más allá de lo que la ley marca. O se ha documentado que a veces puede ser que los mandos estén haciendo trabajo sucio alguno de los cárteles que se disputan la plaza, o también que haya grupos criminales especialmente propensos a agredir a las propias autoridades. Todas esas hipótesis son las que explican cómo en algunos estados se incrementan estos tipos de eventos”, ha señalado.

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