Asesinados tres policías comunitarios del grupo que pidió ayuda a López Obrador en Guerrero

Fueron 14 los tiroteos que vivió Guillermo Hilario Morales en esta vida, los 13 primeros con cierto éxito: en uno le dieron en un brazo y la cicatriz aún era visible hasta hace unos meses, pero poco más. El decimocuarto fue demasiado y quizá sea injusto llamarlo tiroteo, porque no hay nadie que pueda asegurar que a Guillermo y sus compañeros les alcanzó para contestar. Su cuerpo y el de otros dos integrantes de la policía comunitaria de esa región de Guerrero, la CIPOG-EZ, aparecieron tirados en un taxi este fin de semana, cerca de Chilapa, todos cosidos a balazos.

La violencia en Chilapa, la quinta ciudad más poblada del Estado, se ha convertido en norma desde hace años. Durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), los enfrentamientos entre grupos criminales, principalmente Los Ardillos y Los Rojos, llegaron a la cabecera municipal, provocando desplazamientos de población y la desaparición de decenas de personas. La desarticulación de Los Rojos entre finales de los años de Peña Nieto e inicios de la presente Administración no acabaron con el problema. Ahora, Los Ardillos pelean con los comunitarios en poblados rurales medio aislados, dejando imágenes como la de este fin de semana.

Uno de los dos compañeros asesinados de Hilario Morales, Adán Linares, abordó al presidente, Andrés Manuel López Obrador, en una gira de trabajo en el centro de Guerrero a finales de octubre. El mandatario salía de Chilapa hacia Tlapa y los comunitarios de la CIPOG-EZ, uno de los grupos de autodefensas del Estado, bloquearon la carretera para exigir una solución a sus problemas. Linares y sus compañeros expusieron que Los Ardillos, longevo grupo criminal del centro de Guerrero, les hacen la vida imposible. Él y otros vecinos de la zona le pidieron al presidente que intercediera por ellos ante la Fiscalía estatal por unas órdenes de detención que la dependencia maneja contra ellos.

Aquel día habló también Jesús Plácido, líder regional de la CIPOG-EZ, que dio a López Obrador la cuenta de los policías comunitarios caídos o desaparecidos en los últimos años por acción de Los Ardillos, grupo vinculado a la política regional. En octubre, Plácido contaba 46 muertos y 20 desaparecidos. Ahora ya son 49, contando a Linares, a Hilario Morales y al tercer asesinado, Moisés Cuapipistenco. Este lunes, Plácido y sus compañeros velaban a los caídos en Alcozacán, una de las comunidades de Chilapa donde la CIPOG-EZ tiene base. “Estamos con el dolor y la rabia”, ha dicho Plácido a EL PAÍS.

Hilario Morales llevaba nueve años viviendo en las trincheras. En una entrevista en marzo con EL PAÍS, el hombre, de 29 años, contaba que desde que tenía 20 formaba parte de la Policía Comunitaria. Fue en Tula, otra de las comunidades de Chilapa donde la CIPOG-EZ tiene presencia. Morales narraba entonces el último tiroteo, ocurrido a finales de enero. Era tempranito, como las siete”, decía, “iba yo a la tiendita y empezaron a tirar. Me vine corriendo para acá”, añadía. El joven se refería a las trincheras de Tula, dos casas a medio construir en lo alto de una colina.

Para entonces, Morales tenía un hermano desaparecido, también compañero de la policía comunitaria. El 25 de enero, Pablo Morales y otro integrante de la CIPOG-EZ condujeron al poblado de Atlixtac, a la salida de Chilapa, en dirección a Tlapa. Iban a hacer unas compras. En Atlixtac, policías municipales les interceptaron. Ellos alcanzaron a avisar a la CIPOG-EZ, pero poco después se esfumaron. Como ahora en el caso de Guillermo, las autoridades anunciaron la apertura de una investigación por la desaparición. Plácido dice que Pablo Morales y su compañero siguen desaparecidos y que los avances en la investigación son más bien escasos, por no decir nulos.

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