Las inconsistencias del informe presidencial del ‘caso Ayotzinapa’ elevan la presión sobre el grupo internacional de expertos

Rehén de brutales tensiones políticas, la investigación por el caso Ayotzinapa avanza entre sospechas y suspicacias. La validez de un paquete de pruebas presentado hace dos meses y medio por la comisión presidencial que ayuda en las pesquisas está en entredicho. El grupo internacional de expertos que apoya en el caso, el GIEI, ha dedicado las últimas semanas a analizar estas evidencias. Sus conclusiones y la postura que adopte al respecto el grupo, que este lunes comparece ante los medios, marcan el futuro del proceso.

Ha sido otra semana accidentada para el caso Ayotzinapa, como prácticamente todas desde mediados de agosto, una espiral acelerada de novedades, intrigas y renuncias, que se llevó por delante al fiscal del caso, Omar Gómez Trejo, y metió en prisión a dos personajes importantes. Por un lado, la Fiscalía detuvo al exprocurador, Jesús Murillo, primer encargado de las pesquisas durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Por otro, la dependencia aprehendió a un general del Ejército, José Rodríguez, por su presunta colaboración con el grupo criminal que perpetró, junto a diferentes autoridades, el ataque contra los estudiantes, Guerreros Unidos.

Ahora, la atención está puesta en las pruebas de la comisión, concretamente en más de 400 capturas de pantalla que su encargado, Alejandro Encinas, presentó a mediados de agosto, como parte del informe de la dependencia sobre el caso. Tanto el GIEI como los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos señalaron que recién se habían enterado de la existencia de los pantallazos y que era necesario cotejar su autenticidad. La manera de informar sobre las capturas abrió la primera brecha seria en la confianza construida estos años entre los diferentes actores que investigan el caso, la comisión, por un lado, y el GIEI y la unidad especial de la Fiscalía, por otro.

Las capturas, que recogen supuestos intercambios de mensajes de la red criminal de Iguala durante el ataque y en los días posteriores, dibujan el posible destino de los estudiantes y el involucramiento de militares de alto rango en el ataque y la desaparición de los muchachos. El problema es que quizá sean pruebas parcial o totalmente falsas, como el mismo Encinas sugirió esta semana, en una entrevista con The New York Times. El funcionario negó después que hubiera dicho tal cosa y señaló que las capturas son solo parte de una voluminosa batería de evidencias, suficientes para sostener su versión de los hechos, relato todavía en construcción.

La sospecha, en todo caso, es que buena parte de las capturas no ha aguantado el peritaje. Fuentes cercanas al caso han confirmado a EL PAÍS que las inconsistencias son varias. “Primero, Guerreros Unidos usaba principalmente Blackberry y no WhatsApp, como muestra el seguimiento de la DEA al grupo”, dice una de las fuentes consultadas, en referencia al sistema de mensajería predominante en las capturas de pantalla. “Luego la interfaz del mismo WhatsApp. En algunos casos no coincide la forma en que se veía Whatsapp en 2014 y los pantallazos”. Por último, está la manera en que se expresan los presuntos criminales, diferente de los modos que muestran los chats de la DEA.

Actor neutral

La postura y la posición que adopte el GIEI parece ahora más relevante que nunca, al menos en la actual Administración. Depositarios de la confianza de las familias de los 43, empuje de las investigaciones en tiempos de Peña Nieto, azote de Murillo y su Fiscalía en esos años, el grupo de expertos, integrado por Carlos Beristain, Claudia Paz, Francisco Cox y Ángela Buitrago, son el único actor neutral en torno al caso. La salida de Gómez Trejo por las presiones del fiscal general, Alejandro Gertz, y la llegada a la unidad de un hombre de confianza de Andrés Manuel López Obrador alimentan la suspicacia de las familias de los estudiantes.

En una reunión mantenida esta semana con las familias, integrantes del GIEI les han explicado que dentro del grupo existen actualmente diferentes “visiones” del papel que deben jugar. El affaire de las capturas de pantalla molestó a los expertos, que hasta entonces habían compartido toda la información con la comisión y viceversa, antes de ponerla en conocimiento del público. Las presiones a Gómez Trejo, la cancelación de dos decenas de órdenes de detención que él y su equipo obtuvieron de un juez y la salida del fiscal ampliaron la molestia.

El mandato del grupo concluye este lunes, aunque ya tienen sobre la mesa la posibilidad de extenderlo hasta diciembre. La mitad del grupo apuesta por seguir, pese a la sospecha de que su papel, importante con Gómez Trejo, se vería limitado con el nuevo fiscal, Rosendo Gómez Piedra. La otra mitad no lo ve tan claro. El martes, el GIEI se reunió con Gómez Piedra en la sede de la Fiscalía, uno de los primeros encuentros con el nuevo fiscal. Fuentes conocedoras de lo que se dijo en la junta señalan que el fiscal apenas está empezando a conocer el caso, armado por su antecesor durante los últimos tres años y medio.

Más allá de construir una relación fructífera con el fiscal, en el tintero quedan preguntas que apuntan a los últimos meses, caso por ejemplo de las órdenes de detención que pidió Gómez Trejo y que la Fiscalía de Gertz ordenó cancelar. Un mes después de este movimiento, la agencia investigadora no ha dado una sola explicación. Quien sí lo ha hecho ha sido López Obrador, que ha denunciado intentos de desestabilización desde dentro de la Fiscalía, sin señalar a nadie.

Las palabras del presidente esta semana, que criticaba que la unidad del caso Ayotzinapa no se hubiera plegado al contenido del informe, han resultado sorprendentes, por el grado de intromisión que sugieren en el actuar de la Fiscalía en el caso Ayotzinapa. No es que López Obrador exigiera cancelar orden alguna, pero su confianza en Encinas, su trabajo y el informe, impresión trasladada al mismo Gertz ante la presentación del informe en agosto, como el mandatario dijo el jueves, catalizaron todo movimiento posterior, incluyendo la cancelación de las órdenes.

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