Nueva etapa en Tamaulipas: crimen organizado, dos gobernadores con acusaciones y una conflictiva sucesión

La nueva etapa en Tamaulipas parece nacer vieja. El cambio de gobierno en el Estado norteño se ha convertido en un embrollo jurídico fenomenal en las horas previas a la toma de protesta del gobernador electo, Américo Villarreal, prevista para este viernes, 30 de septiembre. Villarreal, acorralado por las acusaciones de sus adversarios políticos de relaciones con el crimen organizado y temeroso de que la Fiscalía estatal pudiera cursar una orden de aprehensión contra él, ha tratado de refugiarse en el fuero que proporciona el Senado, donde pidió su reincorporación el lunes para retractarse el martes, cuando entendió que si volvía como senador, la ley podía cerrarle las puertas para su inminente investidura como gobernador. Finalmente, este miércoles, tras una ardua sesión jurídica en el Senado, se le concedió la licencia para continuar con la toma de posesión. Sin embargo, este enredo jurídico no era el único obstáculo: Villarreal ha tenido que esperar hasta la tarde de este miércoles para que el Tribunal Electoral Federal le diera vía libre para ser nombrado gobernador. El PAN en Tamaulipas impugnó las elecciones del 6 de junio por el supuesto uso de recursos públicos y el apoyo del crimen organizado en la campaña y la jornada electoral. El Tribunal, finalmente, ha desestimado la impugnación.

No hay gobierno en Tamaulipas que se libre de la terrible sombra que proyecta el crimen organizado en el Estado, un territorio crucial para el narcotráfico, al lado del mar y en frontera con Estados Unidos. El gobernador saliente, Francisco García Cabeza de Vaca, está acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero y delincuencia organizada, por lo que ha librado en los últimos meses una intensa batalla para no perder el fuero y quedar desnudo ante los tribunales. Apenas el 17 de agosto, la Suprema Corte de Justicia dictaminaba que solo el Congreso de los Diputados de Tamaulipas podía decidir sobre su inmunidad parlamentaria. De todos modos, este 1 de octubre la pierde, porque concluye su mandato. Su salida y la entrada de su sucesor no han podido ser más abruptas. Villarreal acusaba a Cabeza de Vaca de orquestar su detención echando mano de un juez afín. Cabeza de Vaca acusaba a Villarreal de inventar esa persecución política y negaba que la Fiscalía de Tamaulipas tenga previsto dictar una orden de aprehensión contra él. “Es una cortina de humo” para desviar la atención de la decisión que debía tomar el Tribunal Federal sobre el proceso electoral del 6 de junio, ha sostenido estos días.

Uno de los líderes panistas, el coordinador de este partido en el Senado, Julen Rementeria, insistía este miércoles en que no había tal orden de aprehensión. También espera que a Cabeza de Vaca le vaya bien una vez desposeído de la inmunidad parlamentaria. “Pero bueno, ya sabemos que en este país las órdenes de detención se cocinan a gran velocidad”. Y eso vale tanto para Villarreal como para Cabeza de Vaca. Las injerencias políticas en el quehacer de jueces y fiscales son moneda de cambio en un país en el que, hasta hace unos años, al fiscal estatal lo nombraba el gobernador de turno. Por ley, ahora no es así, pero las sospechas de relaciones viciadas entre ambos poderes no han desaparecido. Entre el fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, y Cabeza de Vaca, hay algo más que cercanía, según algunos. Así lo sostiene, por ejemplo, Santiago Nieto, quien fue titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y ahora asesor del gobernador entrante, Américo Villarreal.

El presidente del Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, también ha entrado estos días en el debate. Ha defendido a Villarreal y justificado que quisiera pasar al Senado para protegerse de posibles ataques jurídicos. “Es un buen hombre”, ha dicho, que no tiene relaciones con el narco, a su parecer.

Antes priista y después morenista, Américo Villarreal ganó las elecciones del 6 de junio, pero pronto los adversarios impugnaron el proceso por supuesta utilización de recursos públicos para la campaña, así como la intervención del crimen organizado. Se referían a supuestas relaciones del entonces candidato morenista con el empresario de Reynosa Sergio Carmona, ya fallecido, señalado como líder de una red huachicolera, es decir, de robo de combustible, una de las vías de financiación de las mafias mexicanas. Quienes impugnaron las elecciones señalaron que en algunas casillas se habían escuchado detonaciones y en otras las urnas fueron robadas, así como el uso de furgonetas de lujo en manos de morenistas procedentes de la empresa de Carmona.

Este lunes, Villarreal anunciaba su gabinete de gobierno y entre los nombrados estaban dos políticos, el exalcalde de Río Bravo, Héctor Villegas, y la que fue candidata a la presidencia de Tampico, Olga Patricia Sosa, ambos señalados de tener vínculos con el citado huachicolero. Sosa perdió las elecciones en Tampico, pero reconoció, por ejemplo, que Carmona había mediado para que el cantante Julión Álvarez participara en el cierre de su campaña. La sombra del narco siempre planea sobre Tamaulipas, uno de los Estados declarados a oscuras para los medios de comunicación, que apenas pueden desarrollar su tarea, mucho menos informar del crimen organizado de tantas veces como el miedo a informar quedó justificado con un baño de sangre. Cabeza de Vaca, sin embargo, ha despedido su sexenio presumiendo finanzas saneadas y una mejor seguridad. “Ni me doblo ni me vendo”, ha dicho, pero no lo va a tener fácil con la justicia, según todos los indicios.

Villarreal ha acusado a su antecesor de haberse reunido con un juez para que se tramiten contra él y otros electos ocho órdenes de aprehensión, razón por la cual buscó refugio en la protección que brinda el Senado. Pero este movimiento de pedir su reentrada y de nuevo la licencia para salir en un par de días se volvió en su contra. El PAN añadió a la impugnación ya presentada contra el proceso electoral este trámite fallido, que consideran contrario a la ley. 120 días debe estar apartado de sus anteriores cargos públicos un candidato que pretenda la elección a otro cargo. Morena ha defendido en el Senado que ese plazo cuenta desde que se deja el anterior puesto hasta que se produce la elección en las urnas. La oposición defendía que es hasta ser nombrado gobernador y unos y otros ambos han esgrimido varias leyes estatales y federales, así como el reglamento del Senado para afianzar sus interpretaciones. Finalmente, en la tarde de este miércoles, el Tribunal Electoral Federal no ha considerado que lo ocurrido el 6 de junio ni lo acontecido en el Senado sea causa para impedir que Américo Villarreal tome protesta el 30 de septiembre y sea gobernador de uno de los Estados más violentos y oscuros de México.

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