La Guardia Nacional y el fraude constitucional

El Senado consumó el fraude constitucional que la Cámara de Diputados inició al aprobar, sin mover una coma, la iniciativa presidencial sobre Guardia Nacional. Y es que lo aprobado por las y los legisladores pasa abiertamente por encima del artículo 21 constitucional y profundiza la militarización. No hay manera de hacer compatible esas reformas con una Constitución que expresamente ordena que la Guardia Nacional sea civil.

Las deficiencias de las modificaciones son múltiples. Se rompe la cadena de mando civil al proponerse, en el artículo 12 de la Ley de la Guardia Nacional, que el primer nivel jerárquico de la corporación lo detente la Sedena. En el artículo 13, se establece una intervención castrense en la Guardia Nacional que excede el apoyo temporal para su consolidación institucional y supone que aquella asuma el control pleno de esta, bajo el concepto de que los militares ejerzan el “control operativo y administrativo”, al tiempo que el artículo 19 abre la puerta a la supeditación de la Guardia a los mandos territoriales castrenses.

Por otro lado, se amplían las facultades de la Guardia Nacional respecto de la investigación de delitos y la realización de labores de inteligencia, en el artículo 21, aunque la asignación de estas facultades se encuentra impugnada ante la Suprema Corte de Justicia, que lamentablemente ha demorado demasiado en dirimir si esto es constitucional. También se extienden los alcances del fuero militar por efecto del artículo 57 de la misma Ley. Finalmente, mediante el artículo Sexto Transitorio, se plantea que la Secretaría de Seguridad transfiera los recursos presupuestarios y financieros correspondientes a la Sedena, con lo que continúa el aumento sin controles del presupuesto castrense. Este esquema no se presenta, además, como provisional, sino como definitivo.

Es claro: al no tener los votos suficientes para modificar la Constitución, que se decanta en el artículo 21 por la vía civil en la seguridad pública —estableciendo con ello una verdadera garantía orgánica de los derechos en favor de las personas—, las y los diputados que detentan la mayoría aprobaron reformas que dicen respetar la Constitución solo para disfrazar su incumplimiento. Su proceder encaja en la definición que el ministro Arturo Zaldívar brindara sobre el fraude constitucional: “esencialmente consiste en simular que un acto o una norma son compatibles con la Constitución, cuando no lo son”.

Sin duda, la sociedad anhela la disminución de la violencia, que tanto dolor y sufrimiento ha causado desde hace tres lustros. Esta es una exigencia urgente en los Estados más lastimados por la violencia, donde con toda razón la población está cansada y espera respuestas, provengan de quien provengan. Por ello, es deseable que la Guardia Nacional se consolide. Pero ir en contra de la Constitución para entregar por entero esta corporación naciente al Ejército es una decisión errada, que acarreará sus propios problemas. Los senadores y las senadoras no evitaron este fraudulento desacierto. Corresponderá hacerlo a la Suprema Corte, por lo que es deseable que los sujetos legitimados para ello interpongan acción de inconstitucionalidad.

Estamos entrando al último tercio de un sexenio que en seguridad y justicia dista de lo esperado. En lo primero, por entregarse por entero a la perspectiva castrense, ampliando el protagonismo militar en seguridad y en otras tantas labores públicas; en lo segundo, por gastar demasiada energía fustigando a la judicatura, cuando en realidad nuestro problema principal de impunidad tiene que ver con que no contamos con fiscalías funcionales y capaces, tema en el que durante esta Administración se han dado pasos hacia atrás. En este contexto, la crisis de violencia continúa: no es herencia del pasado.

Santiago Aguirre es director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

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