La Suprema Corte aplaza la decisión final sobre la prisión preventiva oficiosa en pleno pulso con el Gobierno

La segunda sesión sobre la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cerrado de nuevo sin resultados. El presidente de la cámara, Arturo Zaldívar, ha dejado la votación final para el jueves. Mientras, Andrés Manuel López Obrador mantiene su pulso con el poder judicial para tratar de proteger esta figura legal, recogida en el artículo 19 de la Constitución. En su conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente ha insistido en que el alto tribunal mexicano no puede modificar la Carta Magna. “Si cambian el artículo, están extralimitándose, porque eso corresponde al Legislativo”, ha dicho el mandatario, que considera que la SCJN está “interfiriendo en la esfera de otro poder”. Varios de los ministros de la Corte han respondido a esas afirmaciones del político durante la sesión.

El máximo tribunal mexicano está discutiendo esta semana dos proyectos que piden eliminar la prisión preventiva oficiosa. Las propuestas consideran que esta medida cautelar viola los derechos humanos, en concreto el de la libertad personal y la presunción de inocencia. El lunes comenzó la discusión sobre la propuesta del ministro Luis María Aguilar, que busca inaplicar el artículo 19 de la Constitución.

Ayer solo dio tiempo a que cuatro ministros —de los 11 que componen el pleno— anunciaran cuál iba a ser su voto y bajo qué argumentos. Tres de ellos, Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y Alberto Pérez Dayán van a rechazar la propuesta al considerar que la Suprema Corte no tiene competencia para modificar la Constitución. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá anunció su apoyo al proyecto. Hoy se han sumado al sí los ministros Alfredo Gutiérrez, Norma Piña y Arturo Zaldívar. Otros como Margarita Ríos-Fajat o Javier Laynez comparten la postura contra la prisión preventiva oficiosa, pero no la forma en la que lo desarrolla el proyecto.

Ante una pregunta en la mañanera, López Obrador ha negado haber influido en el voto de los ministros, algunos de ellos nombrados durante su Gobierno, pero ha reconocido que desde el Ejecutivo sí se ha ejercido presión: “Porque tocamos el tema. ¿Cómo no vamos a tocar el asunto si es delicadísimo?”. Desde que se conoció que la SCJN iba a decidir sobre si eliminar o no esta polémica figura legal, el Gobierno fijó una posición muy clara a favor de mantener la prisión preventiva oficiosa en aras de la seguridad del país. Hoy el mandatario ha vuelto a insistir en la idea de que este mecanismo defiende a los jueces y a la sociedad. “Imagínense que el juez va a decidir si una persona queda en libertad o se mantiene en prisión: se borra al Ministerio Público, ¿y el derecho de las víctimas? ¿A quiénes se libera? ¿A los que tienen dinero? ¿A los que tienen influencias? Es hasta un riesgo para los jueces, porque es plata o plomo”, ha dicho el presidente.

En la sesión de este martes, los ministros Alfredo Gutiérrez, Norma Piña y el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, han contestado al presidente: la desaparición de la prisión preventiva oficiosa no significa en ningún caso la excarcelación de miles de personas, ni tampoco que no se pueda mantener a algunos acusados en prisión mientras dura su proceso judicial.

En México existen dos tipos de prisión preventiva: la justificada, que la dicta un juez cuando ve un riesgo de que el acusado se fugue o haga daño a la víctima; y la oficiosa, que es la que se está discutiendo. Esta última ha sido muy criticada por los altos organismos internacionales, como la ONU o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque es un encarcelamiento por adelantado.

La prisión preventiva oficiosa se aplica en un catálogo de 16 delitos, ampliado por el propio Gobierno de López Obrador en 2019 para incluir los delitos financieros y otros como el huachicoleo. Los acusados de alguno de estos cargos deben automáticamente pasar su proceso judicial en la cárcel, aunque no tengan riesgo de fuga ni de entorpecer el proceso judicial. Los jueces no pueden oponerse a aplicarla porque está recogida en la Constitución.

Es por estas consideraciones que varios de los ministros de la Corte afirman que esta figura es inconvencional. “La prisión preventiva oficiosa es irreconciliable con los derechos humanos que nuestra Constitución obliga a reconocer”, ha dicho Gutiérrez, que ha cargado contra esta medida cautelar: “Otorga una carta en blanco a los ministerios públicos. Y el juez está obligado a permanecer ciego ante un posible abuso”. En respuesta a las palabras del presidente, Gutiérrez ha considerado que lo que sí amenaza la separación de poderes es eliminar los contrapesos.

Zaldívar ha sido más duro y ha defendido el trabajo de su tribunal: “Ni nos estamos arrogando facultades que no tenemos, ni estamos siendo constituyente, ni estamos alterando la división de poderes, estamos cumpliendo nuestra función constitucional”.

El jurista ha argumentado que hay un conflicto entre el artículo 19 —que recoge la prisión preventiva oficiosa— y el primer artículo de la Constitución —que defiende los derechos humanos—, por lo que es la función de la SCJN tratar de “armonizar” esa controversia. “Nuestra Constitución es producto de una democracia plural y de un devenir histórico, por eso, es inevitable que a veces haya normas que resulten contradictorias y cuando esto sucede los jueces constitucionales nos veremos en la ineludible tarea de decidir cuál de ellas debe prevalecer”, ha explicado, “esto no es usurpar facultades de nadie, es simplemente interpretar. Esto no quiere decir que los tribunales podamos decidir qué es Constitución a nuestro libre arbitrio o que podamos dejar de aplicar un artículo de la Constitución, simplemente, porque nos apetece”.

Después de solventar así el que era el principal dilema de la SCJN para aprobar el proyecto, Zaldívar ha querido recordar que están decidiendo sobre las vidas de miles de mexicanos. “La prisión preventiva oficiosa en nuestro país tiene a miles de personas en la cárcel, la mayoría de ellos son pobres, los olvidados y marginados que no tienen quién los defienda, y afecta, de manera particular, a las mujeres”, ha señalado. El presidente de la Corte ha terminado su ponencia haciendo una llamado a los ministros a visitar las cárceles: “Vayamos a las prisiones y díganme cuánta gente rica hay, cuántas personas se les fabrican delitos o se les pone un agravante para que ya no puedan salir y se pasen 10, 12, 17, 20 años en una prisión preventiva oficiosa sin que se les dicte sentencia, esta es una profunda injusticia que padece el pueblo de México todos los días”.

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