“Hay que resistir, quieren tirarnos a la fuerza”: la larga lucha de los vecinos de un edificio contra un desalojo a golpe de mazo

Entre las calles perfectamente ajardinadas del barrio de la Roma Norte, en Ciudad de México, entre cafeterías modernas donde venden un café por 75 pesos y edificios de nueva construcción cuyas rentas quintuplican el salario mínimo, destaca enseguida el inmueble de la calle Puebla 261. Sus dos locales bajos cegados por el graffiti, y en la puerta principal un enorme cartel avisa: “Clausurado por violar las disposiciones jurídicas aplicables”. Es la única construcción de la calle con parches de cemento que asoman por la pintura de exterior gris y varias grietas y ventanas rotas adornan las ventanas de los balcones. Dentro, los pocos vecinos que quedan, libran una larga batalla para no ser desalojados que se atasca en tribunales mientras se suceden los ataques para derribar el inmueble. Él último susto fue el miércoles pasado.

A las 10.30 de la mañana de ese día, se escucharon de nuevo los abruptos ruidos. Un grupo de hombres levantaron una de las persianas de los locales, accedieron al edificio y con sus mazos empezaron a romperlo todo. Manuel Caballero, que es vecino de este inmueble desde hace 15 años, asegura que son grupos de choque contratados por inmobiliarias. “Como no nos pueden desalojar, vienen a asustarnos para que nos vayamos”, asegura indignado.

Cuando él llegó a este edificio, todo era muy diferente. “Mi esposa ha vivido aquí toda su vida. Nació en uno de estos cuartos y fue a la secundaria unas calles más allá”, señala el horizonte que se pierde entre las nuevas edificaciones de rentas altas. Entonces tenían trato directo con el dueño de todo el inmueble, Pablo Suárez, quien al morir se lo dejó en herencia a su hijo Enrique. Él recibió varios años las rentas a precios hoy impensables para este barrio, hasta que en 2017 convocó una junta vecinal para informar de que había vendido el edificio a Banca Mifel. Los inquilinos solamente notarían el cambio al escribir a quien enviarían las rentas de ahora en adelante, dijo, pero las órdenes de desalojo no tardaron en llegar.

Uno de los primeros fue Jaime Resendiz Gutierréz. Llegó a este edificio en 1971 y asegura que entonces “era muy bonito”, aunque cuesta imaginárselo ahora con la basura y los escombros acumulándose en las esquinas pintadas de verde. Su madre pagaba en esos tiempos 1.000 pesos de renta por un departamento de dos habitaciones en el que vivían él y sus cinco hermanos. Cuando se quedó a vivir solo en el departamento 7, ya el precio había subido a 3.000 por mes, pero seguía siendo asumible con sus empleos temporales como taxista o vendedor de carros. Un año antes de que le cambiaran al casero de siempre por un fideicomiso bancario, empezó a sospechar lo que se avecinaba.

“Tiraron el edificio de al lado como parte de un proyecto más grande para un centro comercial”, relata señalando el terreno baldío de al lado, inundado de malas hierbas crecidas y agua. “Ya no pudieron construir más porque abrieron un socavón”, agrega. Poco después, al no poder subir las rentas de Puebla 261 que ahora controla el juzgado, narra que presionaron inflando las facturas del agua. Y después llegó su orden de desalojo. “Nos dijeron que eran los dueños del departamento, nos enseñaron documentos apócrifos y entraron por la fuerza. Eran varios. Nos agarraron y sacaron todas nuestras cosas a la calle, muchas nos las robaron”, detalla. Intentaron reclamar ante los tribunales, pero acusa a su abogado de venderse a la defensa. Desde entonces, renta una habitación un piso más arriba, desde donde escucha los golpes de los grupos que han intentado allanar el edificio varias veces. “Aquí hay que resistir. Quieren tirarnos a la fuerza, pero todo lo demás está muy caro”, sentencia.

En el departamento de enfrente, Krista Martínez estaba con su hija pequeña cuando los “grupos de choque” o “los paracaidistas” le reventaron el cerrojo de la casa en la que lleva viviendo 36 años. “Me tiraron la puerta y me empezaron a preguntar cuánta gente vivía aquí. Nos dijeron que venían para remodelarlo, pero empezaron a destruirlo, a dañar estructuras vitales”, cuenta, temerosa de que en el próximo sismo todo se venga abajo. Es la tercera vez que es víctima de algo así. La anterior ocurrió hace solo ocho meses. En ambas ocasiones, los intrusos enseñan papeles no oficiales y sin sellos para justificar su abrupta entrada con mazos.

Su marido, Sergio Martín, explica que el edificio no puede remodelarse por los pleitos judiciales pese a su deplorable estado. Para ejemplificar la necesidad de una reforma, lanza una pelota de su hija por el suelo que inmediatamente busca la esquina opuesta, cediendo a la ley de la gravedad del suelo inclinado. “Es por el socavón que abrieron en el terreno de al lado al derruir el edificio vecino”, alega. Las grietas que atraviesan la habitación de punta a punta le dan la razón. Como los juicios están retrasándose en los juzgados más de la cuenta por el colapso administrativo tras la pandemia, Martín está convencido de que los grupos de choque están contratados por las inmobiliarias o el banco. Es su estrategia para acelerar la expulsión de los pocos vecinos que quedan, señala. De los 26 apartamentos, solo quedan ocho en resistencia. El resto, la mayoría personas de la tercera edad o familias con niños, se han ido por el miedo o a cambio de dinero. “Nosotros estamos esperando a la resolución del juicio”, justifica Krista Martínez.

El abogado de todos los vecinos, Lucindo Rangel, lleva todos los casos de desalojo por separado en los tribunales. Él también apoya la teoría de que los allanamientos con violencia son una forma de presionar a los habitantes de Puebla 261 para que se marchen y así poder capitalizar despiadadamente ese valioso terreno con un nuevo proyecto arquitectónico. “Hay un hostigamiento por parte de las inmobiliarias a los arrendatarios, pero ellos todavía cuentan con vinculación legal por sus contratos de renta”, argumenta. Rangel detalla que ha habido varios problemas en los juzgados para demostrar quién es realmente el propietario del inmueble. Además, hubo una fusión de predios y la intervención de un nuevo fideicomiso de Banca Ve por Más, quienes se reivindican como los nuevos dueños del edificio. Por lo tanto, la única forma de desalojo que apura la creciente masificación —hasta que se desenrede el juicio en el lento mecanismo jurídico— solo pueden llevarse a cabo de forma clandestina de momento. “Por eso siempre llegan a demoler el edificio sin identificación y sin permisos”, añade. Este periódico ha intentado ponerse varias veces en contacto con ambos bancos y no ha obtenido respuesta.

“Por desgracia, los vecinos de Puebla 261 no son propietarios. Tarde o temprano los van a desalojar, nada más se demuestre que Banca Ve por Más es el nuevo propietario”, lamenta Rangel. Pero los vecinos siguen en lucha. Ahora atascan la puerta de entrada con una viga de madera, además de todas las puertas de metal con llave que hay que atravesar para llegar a los departamentos. Reaccionan de inmediato ante el más mínimo ruido de la calle y si alguno ve a un desconocido pararse más de la cuenta en su portal, en seguida salen a preguntar qué quiere. “Nos han reventado las tuberías de agua y muchas veces nos quedamos sin luz porque nos roban el cobre, pero aquí seguimos”, dice orgulloso Jaime Resendiz.

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