“Yo tampoco confío en usted”: Adán Augusto López se suma al olvido y desamparo de las víctimas de desaparecidos

Era un martes a las puertas de su oficina. Un grupo de madres, en su mayoría, y familiares de desaparecidos llevaban días protestando frente a la Secretaría de Gobernación por un nuevo obstáculo en su búsqueda, por una reunión con las autoridades que no llegaba. El secretario, Adán Augusto López, y uno de los aspirantes a suceder a Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales de 2024 consideró que era buena idea salir a la calle y hablar con ellas. “¿Usted confía en mí?”, le preguntó López a una madre que busca desesperadamente a su hijo. Ella respondió que no, que no se fía de nadie. Y fue entonces cuando las cámaras de los teléfonos captaron el desdén del político no solo contra una madre, sino contra la gran tragedia de México: “Bueno, pues yo tampoco confío en usted”.

El enojo de Adán Augusto López con esta madre podría suponer un traspiés crítico en su carrera a la presidencia. Pero lo que refleja es el síntoma del desprecio institucional, del olvido y el desamparo al que están abocadas las víctimas y sus familiares desde hace al menos dos décadas. En un país sembrado de fosas comunes, con las morgues desbordadas de cuerpos sin identificar y con madres peinando la sierra para buscar sus huesos, sin otra esperanza que encontrarlos de una vez muertos, enterrarlos y descansar, si es que eso es posible, las polémicas declaraciones del máximo responsable de Gobernación dan muestra de la falta de comprensión del gran problema de seguridad pública que no ha resuelto este Gobierno ni los anteriores.

En México hay hasta la fecha 103.229 personas en paradero desconocido. Para dimensionar esta cifra, uno debe imaginarse una fosa común del tamaño del imponente Estadio Azteca repleto de gente. La mayoría comenzó a desaparecer a partir de 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón emprendió una guerra contra el narco que continúa, aunque con menos fuerza, estos días. Si se compara con conflictos armados o la represión militar en otros países, no se entiende cómo no es la prioridad de cualquier presidente: Colombia cuenta con poco más de 99.000 desaparecidos desde 1970, principalmente por el conflicto entre guerrillas y grupos paramilitares que vivió el país; en Argentina, la dictadura militar (1976-1983) dejó alrededor de 30.000, según cuentas de organizaciones no gubernamentales; y en Guatemala, las tres décadas de conflicto y represión gubernamental a finales de siglo pasado dejaron 45.000, de acuerdo a un cálculo de Amnistía Internacional.

Las prácticas para desaparecer gente, que van desde la incineración, la disolución de cadáveres en ácido o arrojarlos a fosas clandestinas en la sierra y bosques inaccesibles, también se han mantenido. Si no hay cuerpo, no hay delito. El problema es que desde hace 16 años son demasiados los hijos que no han vuelto a casa, ni los maridos, ni las esposas o las hermanas. Y ante la inacción de las autoridades, han sido sus familiares quienes han cargado a sus espaldas una búsqueda que debió ser pública.

Las madres se han convertido en antropólogas, especialistas en derecho penal, en medicina forense. Capaces de diferenciar de un vistazo el hueso corroído de una persona en un hoyo en la tierra del de un animal. Son ellas las que llaman al narco o van a buscarlos a la cárcel para que les den una pista del paradero de su hijo. Mientras la burocracia estatal se amontonaba o les daba la espalda, fueron ellas quienes se hicieron cargo de la gran tragedia de México. Un país que no está en guerra declarada, pero donde se mata y se desaparece con la misma virulencia.

El secretario sabía todo esto cuando salió a la calle este martes a hablar con el grupo de madres. También, que el presidente López Obrador mantiene un pulso contra algunos colectivos, que han denunciado la inacción que se repite con su Gobierno y del que esperaban más, dadas las promesas de campaña. Todo se ha vuelto un conflicto político, incluso esta tragedia humanitaria. Y pese a que el presidente insiste en distanciarse de sus antecesores en el cargo, desde que llegó al poder han desaparecido más de 34.000 personas.

Hace solo tres meses, el país superó la macabra cifra redonda de los 100.000 desaparecidos. Un dato que removió uno de los dramas más silenciados en los mítines. Una cantidad previsible, dado el ritmo con el que se desaparecen personas en México, que ni siquiera sirvió para conceder minutos de silencio por parte de las autoridades ni nuevos programas o un giro en la estrategia de seguridad, tampoco sirvió para acelerar la aplicación de una medida que resuelva la crisis forense que les complica todavía más la vida a las víctimas. Muchos de los que buscan a sus familiares en la sierra no saben que sus hijos están en una morgue porque todavía no han podido ser identificados.

En México, más de 52.000 fallecidos permanecen sin identificar. Para atender la crisis forense, el Gobierno propuso en abril crear el Centro Nacional de Identificación Humana. El proyecto plantea un enfoque masivo para el reconocimiento de los cadáveres recuperados de las fiscalías, servicios médicos forenses, cementerios y fosas clandestinas. Aunque todavía es pronto para observar los resultados. Como muestra del desamparo de las víctimas, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2018), la base de datos de ADN pública de personas desaparecidas fue vendida al mejor postor, lo que permitió que algunas empresas ofrecieran servicios a las víctimas y se lucraran con la tragedia.

Las declaraciones de Adán Augusto chocan con uno de los logros de su Gobierno: contar mejor. Desde 2019 se creó un Registro Nacional de desaparecidos. La Comisión Nacional de Búsqueda se implicó en esta tarea que tuvo como primer paso pedir a las fiscalías estatales que completaran los datos que ya existían y los mantuvieran actualizados. Hasta ese momento, “el registro difícilmente tenía un acercamiento a la realidad”, explicó la jefa de la Comisión, Karla Quintana, en una entrevista a este diario.

Este martes, el grupo de familiares de desaparecidos —como han hecho otras madres frente al Palacio Nacional— buscaba que el Gobierno se responsabilizara de una tragedia que no es exclusiva de quienes la padecen, que el máximo responsable de la seguridad del país se reuniera con las madres para ofrecerles el apoyo institucional que tantas veces les ha sido negado. Si el secretario esperaba un diálogo cordial después de casi dos décadas de olvido o consideró que su enojo era mayor del que reunían las madres desesperadas, fue como mínimo una muestra más del desconocimiento de la crisis y un recordatorio del trato que reciben las víctimas en México, que no ha cambiado.

El “Yo tampoco confío en usted” le hace un flaco favor a los esfuerzos del Gobierno para atajar la crisis de los desaparecidos. Y así como ha sucedido con otras movilizaciones sociales, como el movimiento feminista, el secretario repite la máxima del presidente y sus seguidores, “O estás conmigo o contra mí”. Una reducción del problema que requiere una mirada mucho más compleja, especialmente en un país que soporta, independientemente de siglas o de Gobiernos, cifras de violencia más propias de una guerra o de una dictadura.

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