El juez mantiene la suspensión definitiva al tramo 5 del Tren Maya y vuelve a ordenar que se frenen las obras

El pulso entre el Poder Judicial y el Ejecutivo por la construcción del tramo 5 del Tren Maya continúa. Este lunes, el juez que ordenó en abril pasado la suspensión de las obras entre Playa del Carmen y Tulum ha decidido mantener esa decisión y ha reiterado que el Gobierno tiene que detener la construcción hasta que se resuelva el juicio. El magistrado Adrián Fernando Novelo ha rechazado así el recurso de Fonatur, que pedía revocar la suspensión argumentando que la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) ya ha concedido los permisos ambientales necesarios para ese tramo. El juez no lo ha tomado por bueno, afirmando que todavía no se cumplen con todos los requisitos para “que no se dañe de manera irreversible la biodiversidad de la zona”.

El magistrado asegura que la autorización de la Semarnat establece “diversas medidas (26 condicionantes) de prevención y mitigación con el objeto de evitar, atenuar o compensar los impactos ambientales adversos” que no se han cumplido. Además, en el fondo de la disputa hay un asunto de tiempos: la legislación mexicana dicta que los permisos ambientales se tienen que obtener antes del inicio de cualquier obra, pero, en el caso del tramo 5, la deforestación en la selva para abrir paso a las vías empezó meses antes de contar con esas autorizaciones. El Gobierno argumenta que el decreto que establece como “seguridad nacional” el proyecto le permitía saltarse esos procesos. El juez no está de acuerdo.

La resolución supone un nuevo revés para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que confiaba en que la obtención de la autorización de la manifestación de impacto ambiental lograría destrabar el atolladero legal en el que se encuentra el tramo 5 del megaproyecto. Este mismo lunes, el presidente ha reconocido que “es obvio” que está saliendo cara la suspensión judicial, que ha mantenido las obras paralizadas durante más de tres meses. Ante esa situación, el responsable de Fonatur, Javier May, anunció la semana pasada la reanudación de la construcción alegando que el proyecto es un asunto de “seguridad nacional”, como ya habían declarado desde el decreto de noviembre de 2021.

El presidente está haciendo todo lo que está en su mano para tratar de evitar que se retrase la inauguración de su obra estrella, prevista para finales del año que viene. Este fin de semana firmó un nuevo decreto que permite la “ocupación temporal inmediata” de ocho terrenos privados en los municipios de Solidaridad (donde se encuentra Playa del Carmen) y Tulum por los que pasará el tren. El decreto afirma que esos más de 165.000 metros cuadrados han sido declarados de “utilidad pública” para seguir adelante con la construcción del Tren Maya, que además ha sido designado como “corredor humanitario” para entregar “apoyos alimentarios, médicos, etc. para las comunidades indígenas y pueblos marginados del sureste mexicano”.

La demanda que está poniéndole trabas al avance del tren fue presentada por un grupo de buzos de la zona, que han alertado que el paso ferrocarril por la selva de Quintana Roo - parte del segundo pulmón forestal más importante de América después del Amazonas - ocasionará un daño irreversible a ese ecosistema, que alberga especies como el jaguar o el mono aullador, así como al complejo sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos que se esconde bajo el suelo. El tren originalmente iba a ir junto a la carretera que ya conecta las ciudades de Cancún y Tulum, pero los problemas técnicos que presentó el proyecto y las quejas de los hoteleros llevaron al Gobierno a modificar el trazo para meterlo más de cinco kilómetros selva adentro, lo que desató el rechazo de los ambientalistas.

El presidente López Obrador ha descalificado una y otra vez a quienes se oponen a que el tren vaya por la selva, tachándolos de “pseudoambientalistas” y acusándolos de tener intereses económicos en el asunto. Mientras, el mandatario ha defendido que el proyecto significa destinar una inversión pública sin precedentes en el sureste del país, históricamente relegado del presupuesto federal. El Tren Maya supone la creación de 110.000 empleos para su construcción y el gasto que supone va cada día en aumento: además de los 180.000 millones de pesos (unos 9.000 millones de dólares) previsto, hay que añadir todos los contratiempos con los que se está encontrando.

López Obrador ha reconocido este lunes que su Gobierno tendrá que pagar una indemnización al consorcio formado por Grupo México y Acciona, ya que ha rescindido el contrato de más de 17.800 millones de pesos (unos 870 millones de dólares) que habían ganado para construir el tramo 5 sur del tren. Ahora, al igual que los tramos 5 norte, 6 y 7, ese trayecto estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El mandatario no ha entrado en detalles sobre el monto a pagar a modo de indemnización, pero confía en que, ya en manos de la Sedena, la construcción continúe, haya o no suspensiones judiciales de por medio.

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