La doble lucha de Atitalaquia

Los carteles siguen colgados en el acceso al centro de tratamiento de residuos de Atitalaquia, en el Estado de Hidalgo. “¡No al basurero ilegal!”, se lee en rojo. En mayo, habitantes de la zona los pusieron allí para reclamar el cierre de las instalaciones, que fueron inauguradas en enero por el gobernador Omar Fayad. El martes por la noche, la Secretaría de Medio Ambiente federal finalmente declaró la clausura parcial del vertedero por “no cumplir con las especificaciones técnicas” que exige la ley. Pese a haber conseguido “un gran paso”, la lucha de los activistas se ha intensificado: el lunes fue asesinado uno de sus compañeros, Jesús Bañuelos, de 50 años, mientras acampaba para pedir el cierre definitivo del vertedero.

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, inauguró el Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de Atitalaquia en enero. Los casi 18.000 metros cuadrados concesionados a la empresa Ecological Solution México (Esmex) se extienden a metros de la casa más próxima. El centro está destinado a recibir los residuos de Atitalaquia (27.000 habitantes) y de otros ocho municipios que se ubican en un corredor industrial en el que hay refinerías y centrales termoeléctricas. A comienzos de este año, Fayad informó de que se trataba de la primera de las cuatro etapas del proyecto y celebró: “¡Enhorabuena por esta acción en beneficio del medio ambiente!”.

Pero los vecinos de la zona, asegura el activista Jesús García, no habían sido informados y se oponen a un basurero de esa magnitud. “Atitalaquia no puede soportar otro vector de contaminación. No solo son residuos sólidos urbanos, sino también de empresas”, afirma García. Desde hace cuatro décadas, dice a EL PAÍS, el municipio es “un infierno ambiental”: “¿Por qué nos vienen a poner un basurero aquí ahora?”. El activista, integrante del Comité de Defensa Ambiental Atitalaquia, creado en enero, explica que por eso los ciudadanos se organizaron para protestar. Primero hicieron manifestaciones y después plantaron un campamento en las inmediaciones del centro para impedir el acceso de los camiones de basura.

Los miembros del comité, entre 20 y 30 personas, se organizaban para hacer guardias desde hacía un mes. Además, habían presentado oficios “a todas las dependencias habidas y por haber”, cuenta García. Tenían el respaldo de una veintena de científicos que habían firmado una carta dirigida a las autoridades. “La industria en Atitalaquia y sus alrededores nunca duerme y sus desechos al aire, a la tierra y al agua son permanentes, pero el costo ambiental y de salud que esta tiranía industrial ha dejado en los pobladores de la región es incalculable”, se lee en el escrito. Sin embargo, hasta este martes, no habían tenido ninguna respuesta, asegura García.

La primera llegó después de que el lunes personas armadas irrumpieron en el campamento y asesinaron a uno de los activistas, Jesús Bañuelos. Eran entre diez y 15 sicarios, según los dos testigos que sobrevivieron al ataque. El comité había recibido llamadas y mensajes amenazantes, pero no esperaban este desenlace. Solo después del atentado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudió a la zona y constató que los responsables del vertedero “presuntamente no han realizado las obras que garanticen el tratamiento de lixiviados”, es decir, de los líquidos que genera la basura. El cierre parcial que ordenó la dependencia es una “medida de seguridad” para “salvaguardar el derecho a un medio ambiente sano”.

Naciones Unidas ha expresado este miércoles en un comunicado que el homicidio de Bañuelos es “otra trágica evidencia” de “la grave violencia que busca acallar las voces de quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales en el país”. México lidera junto con Brasil y Colombia la lista de territorios más peligrosos para los defensores de la tierra. El país ha pasado de 15 asesinatos de activistas en 2015 a 30 en 2020. “Para gozar del derecho al medio ambiente sano, se debe proteger a quienes lo defienden”, ha dicho Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU en México, quien ha insistido en el deber del Estado para “prevenir, investigar, sancionar y reparar” las violaciones contra los derechos de los ambientalistas, y de las empresas para garantizar la “transparencia con las comunidades locales potencialmente afectadas por el impacto de sus proyectos”.

Las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que asegura que el ecologismo ha sido alentado por el neoliberalismo, profundizan el problema. Este martes, sin embargo, el mandatario aseguró en la conferencia matutina de Gobierno que “se va a hacer la investigación completa” del homicidio de Bañuelos. El gobernador Omar Fayad, que culmina su mandato este año, también se limitó a decir que el crimen se investigará. El gobernador electo, Julio Menchaca, condenó el asesinato y expresó su “rechazo categórico” a “las diversas formas de violencia” en el Estado. La fiscalía estatal, que investiga el homicidio, no ha comunicado hasta ahora detalles de las pesquisas. Mientras tanto, el único avance que ha habido de parte de las autoridades es la clausura parcial del basurero, que solo podrá funcionar para cumplir con “las medidas de urgente aplicación que le fueron dictadas”, según explicó la Profepa a EL PAÍS.

La decisión deja a los activistas una sensación “agridulce”. “La población está consternada por le asesinato de nuestro compañero”, dice García, que recuerda a Bañuelos como un “hombre de lucha” con “muchas virtudes” que siempre se involucraba con los reclamos de la comunidad. “Está enojada porque fue el único momento en el que las autoridades nos voltearon a ver”, añade. Tras el atentado, los manifestantes levantaron el campamento y solo mantienen activo un plantón frente al Palacio Municipal. Los activistas exigen el esclarecimiento del crimen e insisten en el cierre definitivo del basurero. Piden, sobre todo, la atención de las autoridades: “Si no hubiera sucedido esta tragedia, seguiríamos en la misma situación”.

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