La muerte a balazos de un estudiante a manos de la Guardia Nacional pone el foco sobre la corporación

Un estudiante ha muerto y otra ha resultado herida por los disparos de un agente de la Guardia Nacional, situación que ocurrió este miércoles en Guanajuato, en un poblado cerca de Irapuato. Según ha explicado la corporación en un comunicado, el agente disparó porque los movimientos de la camioneta de los muchachos le generaron “desconcierto e incertidumbre”. El estudiante muerto, Ángel Rangel, tenía 19 años y estudiaba agronomía. Su compañera quedó herida de gravedad. Un tercer estudiante resultó ileso.

La Universidad de Guanajuato ha publicado un mensaje en sus redes, condenando lo ocurrido: “Repudiamos la violencia que nuevamente pone de luto a nuestra comunidad universitaria y nos sumamos al legítimo reclamo social de vivir en paz”. También el gobernador del Estado, Diego Sinhue, del PAN, ha criticado lo ocurrido: “Condeno enérgicamente los lamentables hechos en donde un joven estudiante perdió la vida y una más resultó gravemente herida a consecuencia de disparos en un uso desproporcionado de la fuerza por parte de un elemento de la Guardia Nacional”.

La muerte del joven pone en entredicho el actuar de la Guardia, que cada año participa en más enfrentamientos. En su informe de labores de 2021, presentado en febrero, la Guardia Nacional informaba de que durante ese año registró “125 eventos donde se utilizó la fuerza letal con armas de fuego”, más de los que había acumulado en los años anteriores. Según un conteo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro a partir de información obtenida vía la ley de transparencia, desde agosto de 2019 a abril de 2021, elementos de la corporación participaron en 63 enfrentamientos con “agresores”.

El Centro Pro informó además de que 14 agentes murieron en esos enfrentamientos por 89 civiles. Y que al menos cinco de esos 89 eran ajenos a cualquier grupo armado. En su informe de 2021, la Guardia Nacional evita dar detalles de los 125 eventos registrados el año pasado. Solo que en un caso se determinó “exceso en el uso de la fuerza”, lo que originó una investigación y posterior informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La muerte a balazos del estudiante Rangel ocurre en un momento delicado, con el país entero pendiente de jóvenes desaparecidas, muertas y asesinadas. No hay mejor ejemplo de lo anterior que el caso de Debanhi Escobar, la joven de 18 años que apareció muerta hace unos días en Nuevo León, después de su salida abrupta de una fiesta y la huida del taxi que la debía llevar a casa. Son situaciones distintas, pero de trasfondo semejante, con la violencia siempre a la vuelta de la esquina, venga de donde venga.

En el caso de Guanajuato, la pelota está ahora en el tejado de la Guardia Nacional, corporación nacida e impulsada por el actual gobierno, sostenida por casi 100.000 soldados y marinos que dejaron las Fuerzas Armadas para incorporarse al nuevo cuerpo. En su comunicado, la dependencia ha señalado que “el elemento de la Guardia Nacional descendió del vehículo en el que se transportaba y de forma unilateral, accionó su arma de cargo en contra de las camionetas que se retiraban del lugar”. La Fiscalía de Guanajuato investiga lo sucedido.

Exigida desde Palacio Nacional, la rapidísima expansión territorial de la Guardia Nacional se ve desde allí como un éxito rotundo. “Está creciendo, cumpliendo con su deber y tiene el apoyo del 70% de la población”, dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, hace menos de un año. Hasta 2021, la corporación desplegó alrededor de 115.000 efectivos en todo el país. Según el colectivo Seguridad Sin Guerra, solo en Guanajuato hay ya más de 8.000 agentes desplegados.

Críticos con el uso policial de las Fuerzas Armadas durante los últimos dos sexenios, Seguridad Sin Guerra, que integra a organizaciones prestigiosas como México Evalúa o el mismo Centro Pro, critica que la Guardia Nacional o el mismo Ejército siguen excediéndose en el uso de la fuerza. En un hilo publicado en Twitter en marzo, recordaba que las matanzas no son cosas del pasado, en referencia a dos eventos de los sexenios inmediatamente anteriores, las ejecuciones de civiles en Tlatlaya en 2014 y el asesinato de dos estudiantes en el Tec de Monterrey en 2010. También en este, añadían, han ocurrido sucesos parecidos, caso de la presunta ejecución de al menos un civil tras un enfrentamiento en 2020 en Nuevo Laredo, situación que los mismos militares recogieron en sus cámaras reglamentarias.

Respecto al caso de Guanajuato, Seguridad Sin Guerra ha emitido un comunicado en el que critica de nuevo el actuar de la Guardia Nacional, corporación teóricamente civil que presidencia empuja con ahínco al contexto castrense. “La militarización de la vida pública del país solo ha traído el incremento de atrocidades bajo la indolencia de quienes prometieron retirar a las Fuerzas Armadas de las calles y no han hecho más que aumentar su poder”.

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