La derrota de la reforma eléctrica aboca a Morena hacia la vía desconocida del pacto con la oposición

Andrés Manuel López Obrador suele presentar como una especie de éxito político el hecho de que nunca se haya sentado a negociar con la oposición. Desde luego, durante el primer tramo del sexenio no ha sido algo estrictamente necesario. Su arrolladora victoria de 2018 otorgó a Morena el control total de ambas Cámaras, algo que no había sucedido nunca desde la apertura democrática del 2000. Pero el nuevo mapa parlamentario cambió tras las elecciones del año pasado. El bloque de Morena y sus aliados perdió la llamada mayoría calificada, dos tercios del Congreso, necesaria para sacar adelante cualquier cambio constitucional.

El pasado domingo los nuevos límites de Morena quedaron escenificados con la derrota de la reforma eléctrica, una de las medidas bandera de López Obrador con la que ha estado marcando la agenda durante casi un año. Tras no ceder ni un ápice a las modificaciones presentadas por la oposición para encauzar un posible acuerdo, Morena acudió al Congreso con su iniciativa legislativa intacta. Y perdió al no contar con los 57 votos que necesita desde exterior del partido. Una derrota que, más allá de estrategias y cálculos electorales, aboca a Morena hacía la vía desconocida hasta ahora del pacto para las medidas de mayor calado hasta el final del sexenio.

Junto con la apuesta eléctrica, que pese al bloqueo del domingo puede encontrar todavía caminos alternativos a través de leyes ordinarias que no necesitan de la mayoría calificada, dos son los grandes cambios constitucionales pendientes: la reforma del sistema electoral y el blindaje de la Guardia Nacional bajo el paraguas militar de la secretaría de la Defensa. Ambas son las máximas prioridades del presidente, con las que aspira a apuntalar las bases del cambio de modelo institucional y productivo del país, la llamada Cuarta Transformación.

El previsible muro que encontrarán ambas iniciativas en el parlamento ha sido ya advertido por cuadros clave de Morena, como el jefe de la bancada del partido en el Senado, Ricardo Monreal: “Ante la falta de acuerdos se vislumbra mayor dificultad para alcanzar acuerdos y consensos. Ambas Cámaras podrían entrar en un proceso de parálisis legislativa en temas fundamentales que requieren mayorías calificadas”.

Antes de las elecciones de junio del año pasado que cambiaron el equilibrio de poder en las Cámaras, Morena aceleró en la promulgación de varias leyes de último momento: la ley de hidrocarburos, cambios en el organigrama del poder judicial o la regulación del outsourcing. ¿Por qué no aceleró también con las reformas constitucionales? “Ha sido un error de cálculo alimentado quizás por un exceso de confianza. El presidente sigue pensando que su Gobierno es de larga duración, que la ciudadanía le iba a dar su apoyo con la misma fuerza”, apunta el politólogo del Colegio de México, Rogelio Hernández. “Ya después de las elecciones buscó al PRI porque, por afinidad política, creyó que podía ser el socio más probable dentro de la coalición opositora. Pero en ese acercamiento demostró falta de habilidad y flexibilidad política”, añade el académico.

Los contactos más formales los llevó a cabo el secretario de Gobernación y mano derecha del presidente, Adán Augusto López. En diciembre del año pasado mantuvo una reunión con dirigentes del PAN para definir posibles puentes comunes en temas de seguridad, salud, economía o energía. Un movimiento que despertó críticas dentro de sectores de la propia oposición, que juzgaron como equivocado lanzar el guante a un gobierno que en estos cuatro años se ha negado tozudamente a negociar y que arremete contra la oposición como una de sus estrategias centrales.

Las negociaciones en específico para la reforma continuaron hasta entrado el mes de abril, como reconocieron a este diario fuentes del PRI y del PAN, unidos en una coalición electoral con pretensiones de afianzarse hacia el futuro. Las negociaciones en todo caso acabaron encallando. El politólogo del Colmex sostiene que “después de tantos amagos, la coalición opositora ha entendido que su función más inmediata y de la que pueden sacar rédito es detener a López Obrador. Luego ya vendrá el desarrollo de un proyecto programático o tener un candidato. Si el PRI hubiese votaba a favor se desmoronaba la coalición”.

El PRI, foco de las mayores presiones por parte de Morena, ha resistido la primera embestida y la respuesta del presidente ha sido lanzar una campaña de descalificación, redoblando la polarización en busca de réditos electorales. La politóloga especialista en estudios legislativos de la UNAM, Luisa Bejar, aventura que las posturas se irán atrincherando más. “Cuanto más pase el tiempo habrá menos incentivos para que la oposición quiera negociar ya que buscarán proyectar una imagen de unidad para capitalizar el rechazo a Morena en términos electorales. Este año son las elecciones estatales y luego comenzará ya la larga carrera presidencial de 2024”.

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